Los nuevos audios difundidos por Radio ABC Cardinal revelan que en la Justicia Electoral –“Custodio de la voluntad popular”– hay funcionarios dispuestos a delinquir en beneficio propio y en el de ciertas candidaturas. En concreto, según los dichos del jefe de Control de Calidad de la Dirección de Informática, del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Miguel Ángel Iturburo, el senador Jorge Oviedo Matto habría sido favorecido por el citado funcionario con la carga informática fraudulenta de 200 votos, que pudieron haber definido su reelección, y con las copias –a cambio de 25 millones de guaraníes– de 41.000 actas electorales. O sea que el sinvergüenza que renunció a la banca senatorial –para evitar ser expulsado por sus pares– al salir a la luz que practicó el tráfico de influencias desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, habría reiterado ese delito, al que debe sumarse el soborno, para volver a ensuciar la Cámara Alta. “Yo a Oviedo Matto le di 200 votos”, dijo su presunto cómplice, sin cuya decisiva intervención no habría ganado una banca.
Del ilustrativo diálogo telefónico surge también que el facineroso funcionario pudo haber operado en provecho del partido oficialista, a sabiendas de que estaría incurso en el art. 276 del Código Penal, que castiga el falseamiento de los comicios con hasta cinco años de prisión o con multa: “Yo te cuento y ojalá no me grabes. Si la ANR me ordena proteger los votos colorados, yo voy a tener que proteger los votos colorados y destrozar al PLRA, (al Partido) Herederos y el que sea”.
Empero, la cautela del obediente servidor era innecesaria, según sus propias palabras: “Yo, en el TSJE (Tribunal Superior de Justicia Electoral), tengo la suficiente protección para cuidarme y saber lo que hago”. Si pudo afirmar que Jaime Bestard, Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka encubrirían sus fechorías, juntos o por separado, es porque la experiencia le enseñaba que esos magistrados indignos estarían inmersos en la misma nauseabunda cloaca político-judicial en la que él chapotea para ganar dinero y adulterar resultados electorales.
Miguel Ángel Iturburo también da a entender que el Partido Colorado, que en el pasado era dueño absoluto de la Justicia Electoral y de los padrones, sigue haciendo de las suyas, pese a que hoy diferentes agrupaciones están representadas en ese organismo. “Si a mí la ANR me dice: ‘Miguel, cambiame’, que ellos (los otros partidos) traigan lo que tienen (actas) y que vaya a juicio; eso va a tardar un año y chau ya; ¿entendés?”, expresó en otra parte de los audios.
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Los escandalosos hechos referidos arrojan un deplorable baldón sobre un acontecimiento que necesita de la mayor confianza ciudadana acerca de su transparencia. La desvergüenza con que actuaba este personaje abre la posibilidad de que no sea el único que se dedicaba a tan tramposa tarea para violentar la voluntad popular. Aún antes del día de los comicios, le hacía a su interlocutor esta interesante oferta: “Si te faltan 200 o 300 votos, yo te doy (...) Ahí sí te doy como sea y te voy a decir cuánto y te voy a cobrar también”, pero aclaró que “si te faltan 5.000 votos no puedo”. No debe excluirse que más de un candidato haya necesitado “solo” aquella cantidad de votos y que, por lo tanto, este pillo les haya dado “como sea”, a cambio de dinero.
Por lo demás, ¿fueron “cargadas” las actas presuntamente vendidas a Oviedo Matto? También se podría conjeturar acerca de si protegió a la ANR y destrozó a otros partidos. Lo cierto es que estos hechos escandalosos han emergido del sumidero solo gracias a la difusión de unos audios. Ni la Justicia Electoral, ni los observadores internacionales, ni el Ministerio Público ni las organizaciones políticas damnificadas impugnaron la reelección de quien habría comprado actas electorales (“posiblemente” cargadas). Las sospechas con relación al repudiable senador crecen cuando, luego de que Iturburo haya hablado de un precio de 25 millones de guaraníes por sus servicios, ofreció en venta por esa misma suma una camioneta que le fuera entregada, perteneciente al partido Unace, presidido justamente por Oviedo Matto. La coincidencia es muy llamativa.
Más allá de las investigaciones que deben iniciarse para esclarecer los hechos, lo que resulta evidente, por de pronto, es que al menos un relevante cargo de la Justicia Electoral venía siendo ejercido por un personaje corrompido hasta la médula, que no está al servicio del Estado, sino de un partido y de quienes están dispuestos a sobornarle.
El simple hecho de que un funcionario haya podido entablar semejante conversación telefónica es un signo elocuente de la podredumbre que reina en la Justicia Electoral, atribuible en gran medida a la nefasta intervención de políticos corruptos. Allí los legisladores tienen “cuotas” para instalar a su clientela, la que, por supuesto, estará sometida a sus mandatos cuando llegue la ocasión.
Hay serios indicios, en fin, de que se estuvo tramando algo muy sucio y de que se habría perpetrado un grave delito contra el sistema electoral.
El TSJE informó que denunció el caso ante el Ministerio Público, pero, lamentablemente, ni este organismo que dice representar a la sociedad, ni la Justicia Electoral ni la ordinaria garantizan una investigación o un juicio imparciales, ya que todos están sometidos al poder político, como lo ha demostrado la mayoría de sus últimos fallos en cuestiones de esta índole. Queda entonces como única esperanza la movilización pública, firme y sostenida, para exigir el respeto a la voluntad popular, y la cárcel para quienes atenten contra ella.