Con más de una veintena de artículos a cargo de sus corresponsales, bajo el título de “Basura, un grave problema en Paraguay”, nuestro diario publicó recientemente un panorama del sistema de disposición de residuos en diferentes lugares de nuestro país. A través de esas entregas se ha podido constatar el pésimo manejo de los desechos, tanto por las autoridades como por los ciudadanos. En este contexto, constituye un grave problema la falta de vertederos, que deben ser habilitados por la Secretaría del Ambiente (Seam), por lo que, en gran número de localidades, el relleno sanitario, la clasificación y el reciclado son prácticas nulas.
La Ley Nº 3956/09, de Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del Paraguay, establece la aplicación de un régimen jurídico a la producción y gestión responsables de los residuos sólidos, con miras a reducirlos al mínimo, y evitar situaciones de riesgo para la salud humana y la calidad ambiental. En el marco de esta ley, las Comunas deben regular la gestión integral de los residuos sólidos mediante la respectiva normativa municipal, siendo responsabilidad de ellas la disposición final de los residuos sólidos generados en su jurisdicción.
Asimismo, la Ley Orgánica Municipal Nº 3966/10 establece como función de las municipalidades la regulación y prestación de servicios de aseo, de recolección, disposición y tratamiento de residuos del municipio, además de contar con funciones de prevención y atención de situaciones de emergencias. La falta de cumplimiento de las obligaciones sobre limpieza de predios baldíos y demás actividades capaces de generar brotes epidémicos vinculados con el dengue, la chikunguña y otros debe ser multada, conforme lo establecen las ordenanzas respectivas.
Otra de las normativas que por su falta de aplicación constituye letra muerta es la Ley N° 716/96, que sanciona delitos contra el medio ambiente, y que en su art. 11 establece que “los que depositen o arrojen en lugares públicos o privados residuos hospitalarios o laboratoriales de incineración obligatoria u omitan la realización de la misma serán sancionados con seis a doce meses de penitenciaría y multa de 100 (cien) a 500 (quinientos) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas”. Asimismo, el art. 12 de esta ley establece que “los que depositen o incineren basuras u otros desperdicios de cualquier tipo, en las rutas, camino o calles, cursos de agua o sus adyacencias, serán sancionados con multa de 100 (cien) a 1.000 (mil) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas”.
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Como puede apreciarse, tenemos un rosario de normas que no se cumplen, por lo que la basura inunda las ciudades, las rutas y los caminos.
Es sabido que la generación de desperdicios es inevitable, teniendo en cuenta que todos los productos, en especial los alimentos, vienen con sus correspondientes envoltorios, que necesariamente deben ser descartados. Se espera que el ciudadano utilice correctamente los cestos, que en la actualidad están expuestos en muchos lugares, con separadores para que los residuos sean posteriormente de fácil manejo.
Está visto que la práctica de administrar residuos necesariamente pasa por la educación. En este sentido, una sociedad con un estándar de buena calidad educativa se traduce en un comportamiento ambientalmente saludable, con ciudades, plazas y lugares públicos limpios. Al respecto, el exlíder sudafricano Nelson Mandela decía que “la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo”. Parafraseando, se puede afirmar que la “educación ambiental” es la herramienta fundamental que las autoridades y la ciudadanía en general pueden utilizar para alcanzar un sitial de vida ambiental saludable, tal como lo han hecho de manera sostenida los habitantes de Atyrá.
Usar el cesto de basura implica una disciplina que pasa por la educación; usar correctamente los cestos de basura, separando los residuos, implica más disciplina y más educación. Por ello, las autoridades deben comprender que la educación ambiental ciudadana es parte de un proceso que, al final, aporta un resultado de gran trascendencia para la gente. Lamentablemente, muchos intendentes están enquistados en la idea de que invertir en educación ambiental es echar el dinero en saco roto, pero estas salidas son meras artimañas a las que recurre la clase política para desentenderse de tan gran responsabilidad.
Es de desear que nuestras autoridades diseminadas por todo el territorio puedan dimensionar que el país está inmerso en la basura, y que los ciudadanos y las ciudadanas les exijan que asuman sus obligaciones en esta materia que compromete la salud y el bienestar de todos.