Quien tenga alguna idea de cómo suele actuar la Justicia en este país, no debería sorprenderse del infame desenlace de la “Causa N°: 04/2018 ‘Ernesto Javier Zacarías Irún s/ shup. (sic) h.p (sic) de enriquecimiento ilícito y otro’”. Para entenderlo, basta con tomar nota de que el auto interlocutorio que rechazó la reapertura de la causa y la devolvió al Ministerio Público para su archivamiento fue dictada por un juez de Ciudad del Este, días después de que se haya consumado la componenda abdo-cartista, con el llanismo como apéndice. En verdad, la aberrante resolución del juez penal de la adolescencia, Marino Méndez, ya era presumible desde que el último 31 de mayo, la Corte Suprema de Justicia confirmó, con el voto de las ministras Miryam Peña y Gladys Bareiro de Módica, un auto interlocutorio del Tribunal de Apelaciones, Primera Sala, de la Capital, que ordenó remitir los antecedentes a la circunscripción judicial del Alto Paraná.
La cuestión debía dirimirse así en el territorio que el ominoso clan de los Zacarías Irún controló durante casi dos décadas, forjando una vasta red de complicidades en los sectores público y privado. Por supuesto, el juez que acaba de librar al senador colorado cartista de una probable prisión preventiva siempre estuvo y está muy ligado tanto a él mismo como a su entorno. Ya lo demostró cuando en diciembre de 2018 hizo lugar a un pedido de amparo de la intendenta Sandra McLeod, prohibiendo a la Junta Municipal de Ciudad del Este que tratara su renuncia al cargo. El servicial juez cultiva la amistad de Alberto Rodríguez, uno que fue intendente gracias al clan y está imputado con la esposa de su amigo por el delito de lesión de confianza. Su curiosidad intelectual le impulsó a cursar en un Instituto de Altos Estudios Estratégicos, en compañía de la diputada Rocío Abed (ANR), esposa y colega de Justo Zacarías (ANR), así como de Magda Gómez, directora de Acción Social de la Municipalidad esteña, durante la gestión de Sandra McLeod, y de Édgar Franco, secretario de Educación de la Gobernación de Alto Paraná, cuando “Lucho” la encabezaba.
En suma, Javier Zacarías Irún jugó en cancha propia, con el árbitro a su favor. Tan dispuesto estuvo este a darle una mano, que se apresuró a dictar su aberrante resolución solo dos semanas después de que la Corte haya confirmado la competencia del Juzgado de Garantías, que tuvo “la suerte” de estar casualmente interinando, debido a un permiso solicitado por la jueza Fátima Burró. Aprovechó así una gran ocasión para renovar su lealtad al clan, a sabiendas de que no tenía por qué temer a un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, presidido por el cuestionado senador Enrique Bacchetta (ANR). La cobertura política estaba garantizada por el contubernio urdido en las altas esferas del poder. Aunque parece que será como pedir peras al olmo, vale la pena reclamar la intervención del JEM ante el mal olor que despide la actuación del magistrado esteño.
Habíamos esperado que al menos algunos agentes fiscales y magistrados no lo interpreten como un mensaje en pro de la impunidad. Es evidente que entre ellos no figura el juez Méndez, quien adujo que la causa habría prescrito porque el cabecilla del clan “no ejerció ninguna función pública entre el 1 de octubre de 2007 hasta el día que asumió como senador nacional”, es decir, el 1 de julio de 2018. Los agentes fiscales René Fernández y Josefina Aghemo demostraron que, en 2007, Javier Zacarías Irún fue nombrado por su esposa, mediante un acto administrativo, asesor “ad honorem” de la Intendencia Municipal de Ciudad del Este, cargo que ejerció hasta meses antes de su elección como senador. El obsequioso juzgador cree que, como asesor, no ejercía una función pública, porque solo daba opiniones a una persona que sí la ejercía. O sea que los directores jurídicos que emiten dictámenes para la máxima autoridad de un órgano no cumplirían una función pública. Tampoco la cumpliría Luis Alberto Pettengill, nombrado por el Decreto N° 26/18 “Asesor Económico del Señor Presidente de la República, en carácter Ad Honorem”, pudiendo “asistir a las reuniones de los organismos y entidades del Estado relativas al área y sector respectivo”, así como “participar de las reuniones del Equipo Económico Nacional”. Estaría ejerciendo, pues, una función tan “privada” como la que ejerció durante años el hoy injustamente beneficiado por el juez de la adolescencia. Según su ocurrencia de que la función pública también supone una remuneración estatal, los miembros de las mesas receptoras de votos, que no la perciben, tendrían una labor “privada”.
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En realidad, estas disquisiciones huelgan, dado que el indignante asunto no es de índole jurídica, sino pasó a ser política. Se trata de una reacción favorable a un senador cuyo movimiento político ha hecho las paces con el liderado por el jefe del Poder Ejecutivo. Más allá de sus estrechos lazos con el oprobioso clan esteño, el complaciente juzgador de cintura bien aceitada creyó necesario ponerse a la altura de los acontecimientos, dictando un auto interlocutorio que consagra la impunidad de uno de los principales actores políticos del país. Preside la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, cargo que le confiaron los mismos colegas que lo desaforaron para ser procesado por el hecho punible de declaración jurada falsa de bienes y rentas, vinculada al de enriquecimiento ilícito. Conviene que la ciudadanía preste mucha atención a sus causas pendientes, considerando que el tráfico de influencias puede resultar decisivo. El repulsivo pacto comienza a inclinar otra vez la cerviz de los “servidores de la Justicia”.
Dado que el impresentable mencionado tiene hoy buenos motivos para sentirse optimista, es preciso que no se pierdan de vista las maniobras de los “operadores” de la flamante alianza en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Confiamos en que en estos órganos haya personas honestas y valientes, que sepan resistir los embates o las dádivas que busquen la impunidad de los corruptos, de uno u otro signo. La sociedad civil no debe desfallecer y mantenerse en liza, incrementando sus movilizaciones, para evitar que los bandidos se escabullan de la Justicia y para que el Código Penal caiga sobre ellos.