El ya enorme elefante del Estado engorda cada vez más. Los nuevos legisladores y futuros jefes administrativos se hallan trenzados en una carrera febril para crear nuevos ministerios o elevar de categoría muchas dependencias estatales existentes. Obviamente, no se trata de hacerlas menos costosas y más eficientes, sino de “posicionar” mejor a los amigos.
El primer éxito de estos burócratas se dio con la promulgación de la Ley Nº 6123/18, que crea el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre la preexistente Secretaría Nacional del Ambiente (Seam). Esta clase de medidas supone muchos efectos, en particular la ampliación del Consejo de Ministros, al que aluden los arts. 240 y siguientes de la Constitución Nacional.
Al momento de pedir el apoyo de sus colegas al proyecto para este nuevo ministerio, el diputado cartista Bernardo Villalba arguyó que la nueva dependencia se justificaba porque, supuestamente, “no tendrá impacto presupuestario”. Con ese justificativo podrían crearse 100 más. Sería ingenuo pensar que un nuevo ministerio no se “potenciará” con nuevos locales y nuevos funcionarios. Es el deporte favorito de nuestros políticos, que cuando se debe proponer solución a algún problema no se les ocurre otra cosa que crear nuevas dependencias, sin pensar que la obesidad de la burocracia es el origen de muchos males de nuestro país. El nepotismo, el prebendarismo y el clientelismo están de parabienes.
Un disparate de tamaño aún mayor fue el argumento utilizado por el diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA), que preside la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente de su cámara, al manifestar que la “necesidad real de elevar a la Seam a la categoría de ministerio” era “para posicionarlo mejor institucionalmente”. Ya se puede imaginar a qué “posicionamiento” se refirió.
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Otro disparate: los titulares de las llamadas secretarías de la Presidencia de la República, que deberían hacerse mencionar con el título de su cargo: “secretarios”, hace tiempo consiguieron que se les llame “ministros secretarios”, con lo cual superaron su complejo de inferioridad política, y también, que es lo más importante, se les incrementaron los salarios y privilegios para ponerse a la altura de los verdaderos titulares de carteras del Poder Ejecutivo. Así, nos vamos convirtiendo en un país de ministros, con rimbombantes nombres pero escasa eficiencia.
Más allá de esta vanidosa superficialidad de hacerse llamar con un título que, por disposición constitucional, no deben emplear porque no les corresponde, hay detrás de esto un cúmulo de motivos para que estos burócratas se afanen y desesperen por convertir sus secretarías en ministerios. No se trata meramente de integrar el Consejo de Ministros para gozar de una jerarquía mayor, sino también de ganar la oportunidad de dar unos buenos golpes al Presupuesto Nacional remozando sus sedes, incrementando el plantel de funcionarios para desarrollar su propia dinámica clientelística, ganando más infraestructura, equipamiento, vehículos, combustible, líneas telefónicas, viajes, viáticos y un sinfín de prerrogativas de las que no gozaban al frente de una secretaría.
Estos proyectos también, sin duda, están a la pesca de manejar jugosos negocios, como el de crear el Ministerio de Comunicaciones y de Tecnologías de la Información. El proyecto de ley respectivo, presentado por el diputado Arnaldo Samaniego junto con otros legisladores, hará que la actual Secretaría de Información y Comunicación (Sicom), de la Presidencia de la República, englobe poderosas oficinas que manejan importantes negocios, muchos de ellos especializados. Este superministerio tendrá a su cargo la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (Senatics), que tiene un presupuesto de 170 millones de dólares; Copaco (que maneja la telefonía Vox), Conatel (que otorga licencias de telefonía, radio y televisión), entre otras dependencias estratégicas para los negocios –o negociados– a la vista. Este ministerio será así la gallina de los huevos de oro del gobierno de Mario Abdo Benítez. La peligrosa concentración de tantas oficinas en manos de una persona –el ministro designado Alejandro Peralta Vierci– podrá permitirle direccionar a su gusto el imprescindible sector de las comunicaciones, herramienta básica de una sociedad libre.
La fiebre de nuevos ministerios no termina allí, ya que también hay proyectos para elevar a ese rango la actual Secretaría de Acción Social (SAS), la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), y hasta se presentó un proyecto para crear el Ministerio de la Familia.
Quien se crea la propaganda oficial de que estas grandes estructuras proyectadas no implicarán nuevo personal ni erogaciones extras es un gran ingenuo, ya que estos ministerios se llenarán de jefaturas de gabinete, direcciones, asistentes varios y las infaltables secretarias vip.
De esta forma, el Poder Ejecutivo de un país de siete millones de habitantes, como Paraguay, superaría largamente los gabinetes presidenciales de países desarrollados como Suecia y Japón, por citar ejemplos, cuyos gobiernos se manejan con alrededor de diez ministerios. Como resultado de este festival de dispendio, el Poder Ejecutivo del Paraguay posee actualmente 97 organismos y entidades, de ellos 25 entidades descentralizadas, 18 secretarías de la Presidencia de la República y 13 ministerios regulares, sin contar el recién creado y los próximos a crearse.
Tenemos así este armatoste inservible que es nuestro gigantesco Estado, al que el gobierno de Mario Abdo Benítez quiere engordar aun más, en vez de hacer exactamente lo contrario y potenciar a los que queden.
Por estas razones es que el sector empresarial y los ciudadanos y las ciudadanas en general tienen que oponerse pública y enérgicamente a cualquier intento del nuevo Gobierno de continuar cargando más impuestos sobre sus espaldas, para así continuar alimentando a un ejército de zánganos que no para de crecer.