Según la información publicada, atropellando la legalidad comenzaron los trabajos en el predio que ocupa el Regimiento 4 de Caballería (RC4) en Asunción, integrante del área verde del Jardín Botánico que fuera escogida por el Poder Ejecutivo con miras a crear un barrio para un grupo de habitantes del barrio Ricardo Brugada (Chacarita) que tendrán que mudarse a fin de proseguir las obras proyectadas para la avenida Costanera Norte.
Las fotografías muestran máquinas removiendo el suelo y alisando el espacio donde se delinearán calles y lotes. Si se están efectuando estas actividades y estos gastos es porque la determinación del Gobierno del presidente Horacio Cartes es llevar adelante este proyecto a tambor batiente y duela a quien duela. Además del crimen ecológico, se agrega la posibilidad de que tales obras creen otro conflicto más entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, porque en el Congreso se encuentra actualmente un proyecto de ley, pendiente aún de aprobación o rechazo, para declarar dicho predio como área silvestre protegida.
En efecto, el terreno escogido por el Ejecutivo para urbanizar no pudo haber sido más inapropiado. Sin duda alguna, el o los funcionarios que aconsejaron esta decisión, y quienes la tomaron, no tienen la menor idea del valor que un espacio como ese posee para compensar la falta de áreas libres de que adolece nuestra ciudad, o no sienten el más mínimo respeto por el patrimonio natural de esta capital que dentro de pocas décadas estará poblada por el doble o el triple de la población actual, lo que agravará en la misma proporción su falta de áreas públicas abiertas, de aire saludable y de barreras contra muchas formas de polución riesgosas para la vida.
¿Por qué decidieron sacrificar un espacio verde de valor tan extraordinario, para el presente y para el futuro, con el mero afán de ejecutar una obra urbanística que posee muchas otras alternativas, en lugares más apropiados? Al parecer, el presidente Cartes está apurado por hacer cosas. No se explica de otro modo que ordene llevar adelante un emprendimiento que destruirá de un modo irreversible ese predio natural, sabiendo que está en proceso un proyecto legislativo para protegerlo.
El presidente Cartes, así como sus ministros y altos funcionarios que son sus cómplices en este atentado ecológico (como la titular de Senavitat, Soledad Núñez), se ponen en la actitud del “mbarete” y del “ñembotavy”, simultáneamente, desafiando abiertamente a los legisladores.
Tal como está planteada esta cuestión en este momento, cabe preguntar: ¿qué sucederá si los legisladores votan favorablemente el proyecto de convertir ese predio en área silvestre protegida pero para ese momento el predio ya fue arrasado, ya fue fraccionado y se están iniciando las construcciones? ¿Cómo justificará el dinero ya gastado la entidad binacional Itaipú, que financia los trabajos, según el ingeniero Eduardo Davyt, de la empresa Caldetec?
Respuesta fácil: una vez más, la ley caerá en saco roto porque los hechos consumados no podrán revertirse, el sistema natural ya habrá sido degradado y los beneficios que proveía a las comunidades vecinas ya habrán desaparecido.
Es increíble el desprecio de mucha gente, empezando por las propias autoridades, por los recursos naturales. Nuestras ciudades van quedando cada vez con menos espacios verdes, mientras las aguas de nuestros ríos y arroyos sufren los efectos de una contaminación despiadada, y sus cursos se ven colmatados por la depredación de los bosques que los bordean, frente a la inacción de las instituciones –como la Secretaría del Ambiente (Seam)– creadas para protegerlos.
Si esta nueva desgracia ecológica se concreta, los ciudadanos y las ciudadanas deben anotar en sus agendas los nombres de los responsables para que, al igual que a los ladrones de fondos públicos, les demuestren su rechazo a los destructores de la naturaleza en los lugares donde se los encuentre y, sobre todo, para no votarlos nunca más en próximas elecciones.