En los últimos 60 o 70 años, funcionarios venales en todos los Gobiernos, de todos los países de la región, se han enriquecido robando en las obras públicas. El brasileño Marcelo Odebrecht es, a nivel latinoamericano, un icono de la corrupción empresarial en colusión con concusionarios de los Gobiernos, desde Jefes de Estado hasta burócratas de cuarta categoría. Lázaro Báez, en Argentina, es otro que ha adquirido fama de ladrón como amigo personal y socio comercial de los esposos Kirchner cuando los mismos fungían como inquilinos de la Casa Rosada. Ambos empresarios están hoy en la cárcel.
Como es sabido, el primero fue encarcelado a resultas de una investigación de corrupción en el gigante petrolero estatal Petrobras. En el último tramo de dicha diligencia investigativa, el multimillonario presidente del conglomerado empresarial Odebrecht fue arrestado junto con otros tres altos ejecutivos de su empresa. La fiscalía federal los acusó de haber autorizado el pago de coimas a políticos por un monto cercano a los US$ 230 millones. Junto con la empresa Andrade Gutierrez, eran los principales subcontratistas de Petrobras y una significativa porción de sus ganancias provenía de los contratos con el Gobierno federal brasileño, así como de los Gobiernos de otros países del Hemisferio donde la empresa obtuvo jugosos negocios sobornando a sus autoridades, como en el final lo confesó el magnate tras decidir colaborar con la justicia de su país, a cambio de que se le rebajara la sentencia de prisión.
El “arrepentido” magnate brasileño conmocionó al continente con la confesión de la increíble red de corrupción que logró articular en todos los países donde obtuvo contratos con el Estado. Como en su propio país, Odebrecht utilizó el soborno como moneda de cambio para obtener tales contratos, cuyos costos eran sobrefacturados escandalosamente para que del mismo cuero saliera la correa, gobernantes de Panamá, Cuba, Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia y Perú, en mayor o menor medida, entraron también en colusión con Odebrecht para enriquecerse a costilla de sus ciudadanos contribuyentes.
De hecho, hace poco tiempo dimitió el presidente de Perú, Pablo Kuczynski, acusado de haber recibido US$ 782.000 de coima de parte de Odebrecht cuando fungía como ministro del presidente Alejandro Toledo, hace diez años. Y también en estos días el exdirector de la empresa brasileña en Venezuela, Euzenando Acevedo, denunció que ella pagó al presidente Nicolás Maduro una coima de US$ 35 millones, aun cuando el mandatario chavista había exigido US$ 50 millones. De paso agregó que Odebrecht también financió la campaña política del constituyente chavista Diosdado Cabello.
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En cuanto al “empresario K”, Lázaro Báez, otro icono de la corrupción en la pasada década, a quien por tres años, hasta su detención y procesamiento, los medios de comunicación argentinos se pasaron vinculándolo con supuestos negocios sucios del kirchnerismo, fue apresado en abril de 2016 y remitido a una cárcel de máxima seguridad. La acusación por el delito de lavado de dinero se fundamentó en un vídeo en el cual se ve a su hijo Martín –también detenido actualmente– contando millones de euros y dólares en una financiera. En estos días afrontará juicio oral y público en la causa conocida como “la ruta del dinero K”. Tiene trabado un embargo por US$ 600 millones. Junto a él irán a juicio sus cuatro hijos y otros involucrados.
Concomitantemente, la Dirección de Vialidad Nacional argentina presentó demanda contra la expresidenta Cristina Kirchner y exfuncionarios de su Gobierno por haber beneficiado indebidamente a Báez con la adjudicación de obras viales sobrefacturadas. Esta imputación también incluye al otrora todopoderoso ministro kirchnerista de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido, de conocida participación también en sospechosas negociaciones con nuestro país sobre la hidroeléctrica binacional de Yacyretá.
En la actualidad, tanto en Brasil como en otros países donde Gobiernos corruptos cayeron seducidos por el oro vil de Odebrecht, gobernantes probos que han asumido en reemplazo han iniciado una redada contra la corrupción en las obras públicas, lanzando un mensaje de que sus países están tratando de acabar con la así llamada “cultura de la impunidad”, en la que el rico y poderoso quebranta la ley sin temor de ser castigado.
Paraguay no ha sido una excepción en cuanto a la corrupción inherente a las obras públicas. Desde hace más de medio siglo, bajo dictadura o en democracia, funcionarios corruptos y empresarios viales corruptores han mantenido una desembozada colusión para robar al Estado. Si no, basta repasar el tendal de sospechas de corrupción que pesan sobre la gestión del Ministerio de Obras Públicas y comunicaciones (MOPC), a cargo del ministro Ramón Jiménez Gaona.
Al igual que la empresa de Lázaro Báez (Austral Construcciones) aquí también existen empresas constructoras y consultoras con las que el citado ministro ha estado ligado de alguna forma o ha defendido fuertemente en forma pública, tales como Ecomipa, Consorcio Tape Porã, Sacyr, Isolux Corsan, Deloitte, Idom y otras. Como ocurrió en Argentina, también en los demás países empresarios viales corruptos y burócratas concusionarios han conformado una estructura jurídica, bancaria y financiera, la que conectada con otras similares extranjeras les permite canalizar fondos de actividades ilegales ligadas a la corrupción, como la denunciada ante la justicia en España con relación a sobornos que supuestamente habría pagado la constructora del superviaducto a autoridades paraguayas. Versión obviamente negada por el ministro Jiménez Gaona, por más de que la obra sufrió sobrefacturación, pese a la reducción de ciertos componentes estructurales que más bien hubiera resultado en un menor costo que el contractualmente presupuestado.
Como la esperanza es lo último que debe perderse, es de desear que los nuevos vientos que soplan en nuestra región obliguen a los gobernantes que los votantes paraguayos elijan el próximo 22 de abril a imitar a los de Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y otros, impulsando una exhaustiva auditoría de la gestión de los últimos ministros de Obras Públicas, comenzando por la de Ramón Jiménez Gaona, cuyo ministerio recibió nada menos que US$ 3.000 millones, a fin de determinar si fueron administrados con honestidad, dada la falta de transparencia que hasta ahora caracteriza a su administración.