Se da la paradoja de que existen organizaciones no gubernamentales (ONGs) que solo sirven para que sus directivos vivan del dinero estatal. Pueden obtenerlo de una asignación presupuestaria directa o mediante un convenio o contrato celebrado con una entidad pública, al margen de la Ley Nº 2051/03. Para ello no es preciso que sean idóneas en la ejecución de proyectos similares al financiado, sino que tengan los contactos apropiados en el Congreso o en el organismo respectivo.
Una de esas ONGs es la Fundación Cerro Lambaré (Fucela), encabezada por Edelmira de Andreotti, que recibió del Indert casi 2.500 millones de guaraníes para construir pozos de agua potable en Horqueta, habiendo sido constituida para, entre otras cosas, “contribuir a mejorar la calidad de vida en el Cerro Lambaré y su entorno”, “promover el turismo interno y el flujo turístico” hacia dicho cerro y el Paraguay, y “apoyar actividades en el ámbito de la cultura, el arte y la recreación”. No debe sorprender, entonces, que las obras estén inconclusas o mal construidas, según denuncias de los lugareños, corroboradas por técnicos del Indert que en marzo de este año visitaron los asentamientos de Espajín, Choferes del Chaco, Cuartelero, Ybyraty y Pehuaho San Francisco, todos ubicados en el municipio antes referido.
Los recursos dilapidados por el instituto provinieron del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides), al igual que los 61.056.607.523 de guaraníes recibidos por más de 50 ONGs entre 2013 y 2015. Una de las agraciadas fue la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), entre cuyos líderes figuran Luis Aguayo, actual presidente de Frente Guasu, y Elvio Benítez, concejal departamental de San Pedro, por esa misma agrupación. Como nadie ignora, la MCNOC no es en realidad una ONG, sino un conglomerado de organizaciones que se movilizan regularmente en nombre del “campesinado pobre” para presionar al Gobierno de turno, cerrando rutas o marchando hasta el Palacio Legislativo. El 21 de diciembre de 2015, la MCNOC se sumó a una huelga general y a un paro cívico, exigiendo la renuncia del Presidente de la República y de “toda su línea sucesoria”. El mes pasado reclamó la condonación de deudas, siendo de esperar que muy pronto plantee alguna nueva exigencia, en el marco de una persistente campaña cuyos objetivos políticos son bastante claros.
Y bien, los dirigentes de esta “mesa coordinadora” recibieron del Indert, entre 2013 y 2015, nada menos que 2.116.488.135 guaraníes, en tres desembolsos. Es decir, su presidente Justo Pastor Cárdenas y los miembros de la Junta Asesora y de Control de Gestión –Herminio Medina, Erico Ibáñez, Jorge Torales, Juan Cáceres Bazán y Rodolfo Friedmann– han estado financiando a una organización, dirigida por conocidos personajes de la izquierda, que se afana en poner al Gobierno contra las cuerdas. ¿Acaso trataron de comprarla con dinero público, para que deje de crear tantos problemas? Si esa fue su aberrante intención, está visto que han fracasado por completo, siendo de temer que en el futuro se incremente lo que bien puede considerarse una suerte de chantaje por parte de quienes seguirán queriendo administrar recursos del Fides y no precisamente para fomentar el desarrollo rural. Es de suponer que, de acuerdo a las formalidades, la MCNOC presentó un proyecto que fue “aprobado” por el Indert y que luego ella “contrató” a alguna firma para que realice los trabajos previstos, verificados luego por fiscalizadores contratados por la propia beneficiaria.
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Este procedimiento supone que, en realidad, quienes reciben los fondos no necesitan tener ninguna experiencia en la materia objeto del contrato o convenio, pues solo serían unos intermediarios que, naturalmente, se quedan con la mayor parte del dinero desembolsado por el Indert. Sin duda, el negocio es muy bueno para los directivos de cualquier ONG, real o supuesta, pero pésimo para el Estado, que bien podría tercerizar los trabajos directamente. Al Indert se le venden “ideas”, como si fuera incapaz de concebirlas para impulsar el desarrollo rural. Desde luego, si los fondos son otorgados a personas relacionadas con las autoridades del Indert, es improbable que las auditorías que realice sean rigurosas. Tampoco cabe esperar mucho de la que eventualmente realice la Contraloría General de la República, en el ejercicio de su facultad de requerir informes sobre la gestión fiscal y patrimonial a toda entidad privada que administre fondos, servicios públicos o bienes del Estado, la que debe poner a su disposición los documentos y los comprobantes requeridos, dentro de un plazo de cinco a veinte días. Cuesta imaginarse que la Contraloría se atreva a requerir informes y documentos a la MCNOC, de modo que el dinero público podría emplearse impunemente para aumentar el patrimonio de los directivos o solventar sus actividades políticas.
Los desmanejos en las operaciones que efectúan el Indert y sus ONGs asociadas son similares a los que se constatan en otros ámbitos. Se trata de verdaderos negociados que desvirtúan el propósito –alentado en la década de 1990 por organismos internacionales– de reducir el burocratismo y la corrupción incorporando a las ONGs en los emprendimientos estatales. Este sensato modelo no ha impedido, en nuestro país, ni el derroche ni la malversación, debido a que las autoridades se confabulan con los particulares que montan una organización “de maletín” para gestionar el dinero público en su provecho.
Habrá que revisar a fondo el bienintencionado mecanismo que, sin embargo, sirve a la medida para que los avivados de siempre se den un festín a costa de todos. Es muy fácil desviar recursos públicos, bajo el manto de entidades privadas “sin fines de lucro”, contando con la negligencia o la deshonestidad de legisladores y de jerarcas amigos.