La Cámara de Diputados, por una gran mayoría de sus miembros, se ratificó en que la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), una corrupta persona jurídica de Derecho Privado creada en 1964 y controlada desde hace diez años por el clan Núñez, de Villa Hayes (uno de los cuales es asesor del presidente Horacio Cartes), siga percibiendo ilegalmente un arancel por la expedición o renovación de licencias para conducir vehículos en los municipios de la República. Podrá hacerlo porque los arts. 15 y 30 del proyecto de ley le facultan a organizar, implementar y supervisar el Registro Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, ejerciendo por delegación las funciones de dicho Registro. Esta última facultad no está contemplada en la Ley N° 5016/14 vigente, con lo que la anómala situación actual se agravaría al ser formalizada.
Una organización no gubernamental (ONG) no puede intervenir en el manejo de un registro público ni asumir una tarea propia del Estado, como lo es la de recaudar tributos. Ella es indelegable por su propia naturaleza, de modo que las disposiciones referidas serían tan aberrantes como si se diera intervención a una empresa de seguridad privada en las Fuerzas Armadas y delegara en ella la defensa del territorio nacional.
Ciertamente, se podrá alegar que los escribanos cobran tributos, pero debe aclararse que se limitan a actuar como agentes de retención, transfiriendo periódicamente al Estado las sumas ingresadas. La Opaci, en cambio, es un parásito de las municipalidades, ya que se queda con todo el dinero que recibe, que el año pasado alcanzó la friolera de 17.000 millones de guaraníes solo en concepto de renovación de licencias, sin que las municipalidades que la conforman reciban ningún beneficio. La integran voluntariamente, tal como lo dice el art. 2° de sus estatutos, pues el art. 171 de la Constitución establece que ellas “podrán asociarse”. Pero si los municipios no reciben beneficio visible de esta participación en la Opaci, puede pensarse entonces que quienes se benefician de los multimillonarios fondos son los intendentes.
Como la rapaz iniciativa –en caso de que fuera convertida en ley– no podrá obligar a las municipalidades a integrar la Opaci, el Registro será incompleto en muchos casos, en la medida en que haya gobiernos comunales que, con toda razón, tengan el tino de no formar parte de una ONG que ha venido robando descarada y públicamente a los contribuyentes y que, de hecho, hace lo que el art. 170 de la Ley Fundamental les impide a las entidades públicas, es decir, “apropiarse de ingresos o rentas de las municipalidades”. La Opaci se queda con el dinero que debería estar en las arcas municipales respectivas, sin que los concejales puedan ejercer el menor control sobre su destino.
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La intendente de Ybycuí, María del Carmen Benítez, anunció en febrero último, en su carácter de presidente interina de la Opaci, la reducción de 20.000 a 10.000 guaraníes el costo del arancel que cobra por los permisos para conducir. Lo hizo tras las publicaciones periodísticas sobre el descomunal derroche de las sumas irregularmente cobradas, confiando, seguramente, en que la ciudadanía agradezca tan generoso desprendimiento. No hay por qué darle las gracias, dado que una ONG mal puede cobrar un arancel, cualquiera sea su monto.
Por lo demás, como una tasa solo debe cubrir el gasto administrativo, la cobrada ilícitamente por la Opaci habría estado superando largamente ese límite. Su monto es fijado mediante una ordenanza votada por la Junta Municipal y promulgada por la Intendencia, pero resulta que la Opaci dispone, por sí y ante sí, cuánto hay que pagar, arrogándose una atribución que carece de todo sustento legal.
Huelga apuntar que esta entidad de Derecho Privado, según la califica el art. 1° de sus estatutos sociales, no está prevista en la Ley Orgánica Municipal, pero aún así mete la mano en el bolsillo de la gente. En efecto, según el art. 3°, sus fines son promover la cooperación entre las municipalidades y su coordinación con las entidades estatales y no estatales, fortalecer la autonomía de las municipalidades y promover tanto su perfeccionamiento institucional como la participación ciudadana. Según el proyecto de ley aprobado por la Cámara Baja, la ONG estará directamente vinculada con la Agencia Nacional de Tránsito, dándole así un carácter gubernamental, ajeno a los fines de su creación.
La Opaci no ha estado nunca al servicio de las municipalidades ni de los vecinos, sino al de la claque insaciable allí instalada. Pero, más allá de una cuestión de hecho tan escandalosa, la de fondo es que ninguna ley puede conferir a las entidades privadas una facultad inherente a las públicas. Así lo entendió el Senado en junio último, al privar a la ONG de la potestad que viene ejerciendo, sin que ningún instrumento jurídico le permita quedarse con el dinero abonado por los conductores de vehículos. Los diputados, entre quienes figura el procesado Óscar Núñez, miembro del célebre clan que se enriquece con la situación, pretenden regularizar el robo, dándole un ropaje legal.
Es inexplicable, por cierto, que la mayoría de las administraciones municipales insensatamente siga consintiendo el despojo de sus ingresos, tanto que puede suponerse que su silencio responde a que una parte importante de lo recaudado por la Opaci termina en los bolsillos de los intendentes. O de los concejales, por eso no protestan.
Este robo legalizado debe terminar. Por las razones jurídicas y morales apuntadas, los senadores deben rechazar con firmeza la inicua pretensión de algunos de que la Opaci continúe teniendo abusivamente a los contribuyentes como su vaca lechera.