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El 12 de mayo, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que declara en situación de emergencia la infraestructura de los centros educativos públicos y subvencionados, y permite que tanto el Ministerio competente como los gobiernos departamentales y municipales puedan obviar el procedimiento licitatorio para construirlos, mantenerlos y equiparlos. La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa el 1 de junio y lo mismo hizo la de Senadores el 11 de agosto. Seis días más tarde, el proyecto de ley volvió a la Cámara de origen, sin que hasta hoy ella haya ratificado su versión ni aceptado los cambios introducidos por los senadores.
Pasaron así más de cinco meses desde que se solicitó la declaración de emergencia y más de uno desde que el proyecto de ley se halla de nuevo en estudio de los diputados, pero hasta la fecha no ha sido sancionada la ley, de solo nueve artículos, que serviría para remediar cuanto antes un dramático estado de cosas. Está en juego incluso la vida de los alumnos que asisten a escuelas y colegios ruinosos.
La demora de los diputados no obedece, como podría suponerse, a que las modificaciones dispuestas por los senadores sean tan importantes como para requerir un minucioso análisis. En efecto, ellas solo se limitan a que las rendiciones semestrales de los gobiernos departamentales y municipales se presenten en audiencia pública y también ante las Comisiones de Cuentas y Control del Congreso, y a que los contratos incluyan una cláusula penal para casos de incumplimiento en la ejecución de las obras. La reticencia de los diputados, que ya han postergado por consenso la sanción de la ley en cuatro ocasiones, tiene que ver, más bien, con la repugnante politiquería que contamina la tarea legislativa en perjuicio del interés general.
“Aquí estamos entre políticos que no solo están pensando en el proyecto de ley en sí, sino en la próxima campaña electoral”: lo dijo sin ninguna vergüenza el diputado y rector de la Universidad Nacional de Pilar (PLRA), Víctor Ríos, al referirse al temor de sus colegas colorados de que el ministro de Educación y Cultura, Enrique Riera, emplee los fondos destinados al cumplimiento de la ley en las elecciones internas previas a las generales de 2018, dado que sería uno de los eventuales candidatos del “cartismo” a la presidencia de la República.
Debe entenderse, entonces, que, si al principio aprobaron con relativa rapidez el proyecto de ley, fue solo porque hasta ese momento no tenían al ministro por un aspirante a la primera magistratura, y que en los últimos meses se produjeron hechos nuevos, ajenos a la emergencia educativa, que les indujeron a sabotear el proyecto de ley. Si los diputados de la ANR, a los que ahora deben sumarse los liberales, creen que los fondos podrían ser desviados, entonces debieron haber establecido los mecanismos de control suficientes al aprobar la iniciativa. Tampoco les satisfacen, por lo visto, los agregados por los senadores, de modo que estudiantes de todo el país deberán seguir exponiéndose, por tiempo indeterminado, a que, por culpa de la indignante politiquería, se desplomen sobre sus cabezas los techos o las paredes de numerosos centros educativos. Ahora afirman que se ocuparán del proyecto de ley a fines de octubre, una vez que el ministro Riera responda varios pedidos de informes sobre licitaciones para construir y reparar aulas de escuelas públicas.
Huelga realizar la penosa comparación de que la ley que le concedió a la ONG llamada Opaci la facultad de meter la mano en los bolsillos de los contribuyentes, gracias a que en la Cámara Baja está representado el clan Núñez que maneja dicha entidad, fue tratada con mayor celeridad y sin inconveniente alguno. En realidad, lo único que los diputados –sobre todo los de la ANR– pretenden es enviar al ministro –y de paso al presidente Cartes– el inequívoco mensaje de que él no goza de sus simpatías como eventual candidato.
Por lo que se ve, a nuestros senadores y diputados la educación pública y la subvencionada les importan mucho menos que el funesto electoralismo en el que están sumidos durante todo el periodo legislativo. En palabras del diputado Ríos: “Comprendo la importancia de la educación, pero también la preocupación de mis colegas que ya piensan en el 2018, y también pienso en el 2018”. Estas impúdicas declaraciones lo pintan de cuerpo entero, como uno de los tantos politicastros responsables, por acción u omisión, de la ignorancia y de la pobreza que castigan al país. Es una vergüenza que personajes de esta índole sigan dictando leyes.
La juventud debe identificar con claridad a quienes ponen sus intereses personales por encima de los de la comunidad educativa. Utilizar a los estudiantes como rehenes para enviar ciertas “señales” al ministro de Educación o al titular del Poder Ejecutivo es una bellaquería que debe ser castigada hoy con la repulsa ciudadana y mañana con el voto. Esta clase de políticos debe recibir un cachetazo electoral en las próximas elecciones.