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Pese a los intentos hechos hasta ahora de suprimir esa colusión que se constituyó entre el Estado y una asociación civil –en este caso, la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci)–, la misma continúa igual y, en consecuencia, esta última entidad sigue apropiándose de 10.000 guaraníes por cada licencia de conducir que se renueva anualmente en las municipalidades que la integran, considerando que varias de ellas se retiraron de la organización. Según se declara, esta “asociación” particular de munícipes, que no tiene carácter público y, por tanto, se maneja con sus estatutos, como cualquier sociedad civil, percibió 182.000 millones de guaraníes entre los años 2010 y 2015. Las exacciones se efectúan con los siguientes pretextos: perforación de registros, renovación, inspección técnica, gestión por transferencia de inmuebles e hipotecas, tasas que la Opaci percibe ilícitamente, ya que para ello no tiene potestad de intervenir, salvo para darle un tarascón a la torta.
Históricamente, la tal Opaci fue una creación de la dictadura y estuvo destinada a abrir una fuente de recursos financieros para ser utilizada en lo que más conviniera, siempre dentro del campo de lo político-partidario. La tajada que sacaba esta organización de las revalidaciones de registros de conductor era como los peajes de las rutas: nadie sabía a dónde iba a parar el dinero, aunque se podía sospechar –como ahora– con bastante facilidad.
La norma que le dio carácter oficial a esta rebuscada vinculación jurídica “contra natura” fue la Ley Nº 5016/14 “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”, que en su art. 15 introdujo, entre las funciones del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, lo siguiente: “g) organizar, implementar y supervisar el funcionamiento del Registro Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, en coordinación con la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci); i) coordinar con las Municipalidades, a través de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), el otorgamiento de la Licencia de Conducir, certificando y homologando, en su caso, los centros de emisión y/o impresión de las mismas”.
Debido a las quejas de los perjudicados y a las publicaciones de prensa alertando sobre este adefesio legal, la Cámara de Diputados intentó corregirlo mediante una ley modificatoria de la antes citada –que llevó el N° 5799/17–, pero que fue vetada por el presidente Cartes. Ante tal circunstancia, la Cámara terminó archivándola. De esta manera, quedó trunco el único intento formal realizado para corregir una situación extorsiva, inconstitucional por donde se la mire, si se tiene en cuenta que los tributos solo pueden ser creados por ley.
Lo cierto es que la Opaci, manejada por políticos corruptos, se mete en el bolsillo parte de un tributo municipal sin ser una entidad pública. Peor aun si se considera que –según informaciones proporcionadas por el director de Tránsito de la Municipalidad de Asunción– de los 10.650 guaraníes que se cobran por la renovación del registro de conducir en esta ciudad, solamente 650 quedan para la Comuna. De modo que bien puede entenderse que, en realidad, hay dos sumas distintas que se aplican a un mismo hecho generador de la obligación tributaria, lo que no se disimula en absoluto cobrando ambas en un mismo acto y otorgando un solo comprobante.
La duplicidad de hecho existe y es flagrantemente violatoria del art. 180 de la Constitución, que prohíbe la doble imposición. Pero lo que es aún más grave: ni siquiera la propia Ley N° 5016/14 autoriza a la Opaci a cobrar ningún tributo, pues se limita a incluirla en un mecanismo de “coordinación”, de modo que en la práctica se viola abiertamente el art. 179 de la Constitución, según el cual todo tributo debe ser creado exclusivamente por ley. Como si todo esto fuera poco, también se vulneran de hecho el art. 47, que garantiza “la igualdad ante las leyes”, y el 181, que dispone que “la igualdad es la base del tributo”, pues quienes viven en una ciudad cuya municipalidad se ha retirado de la angurrienta Opaci están exentos del pago, de por sí ilegal, arrancado a las demás.
¿Por qué las municipalidades no impugnan judicialmente este cúmulo de barbaridades? Por algo ha de ser. Si se piensa mal se acertará, como dice el conocido refrán. Así que hay que buscar la respuesta en la maraña de la politiquería. La Opaci recauda mucho dinero y, que se sepa o se vea, no lo invierte en nada útil para los contribuyentes de los municipios afectados, de modo que cabe indagar a qué finalidades concretas se dirigen esos recursos financieros y quiénes se aprovechan de los “maletines” que generan.
Como se dan las cosas en nuestra politiquería, es presumible que los miles de millones que esta organización recauda ilegalmente se reparten para provecho de algunas carpas políticas. Servirán, posiblemente, para financiar campañas de elección y reelección, favoreciendo a los amigos y desanimando a los adversarios. Hasta hace poco, esta organización era manejada por el clan colorado cartista de los hermanos Núñez, de Villa Hayes, y sus secuaces. A no dudar, estos tipos influyeron sobre el presidente Cartes –uno de ellos, Basilio “Bachi” Núñez, fue hasta hace poco su “asesor político”– para que vetara el proyecto de ley que les sacaba la mamadera. Tal para cual. De esa amistad no cabía esperar nada diferente. Actualmente, preside la Opaci María del Carmen Benítez, intendenta de Ybycuí, también colorada cartista, por supuesto.
Esta grave cuestión obliga a reclamar de nuevo que se ponga fin a la evidente exacción. Algún legislador sensato y comprometido con sus electores debe presentar cuanto antes un proyecto de ley similar al vetado por el Poder Ejecutivo, confiando en que el sucesor de Horacio Cartes no repita la repudiable complicidad de este para seguir tolerando que una persona jurídica del Derecho Privado reciba ilegalmente de muchos compatriotas una suma de dinero no exigida por ninguna ley, y por un hecho por el cual ya está abonando otra suma. Y todo para engordar las arcas de una organización de políticos piratas mafiosos.