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La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) impunemente volverá a meter la mano en los bolsillos de los propietarios de automotores de todo el país durante el año que se inicia. Así lo han decidido los legisladores –senadores y diputados– dejando transcurrir exprofeso el año pasado sin sancionar la ley que desvincule a esta entidad privada de deberes y obligaciones que son propios del Derecho Público.
En efecto, en virtud del Art. 15, inc. i) de la Ley Nº 5016/14, el Congreso le concedió –vaya a saber por cuánto– a Opaci el privilegio de hacerse con un porcentaje del total que las municipalidades de la república perciben por cada licencia de conducir que expide. En resumen, se trata de una prerrogativa ilegal e inexplicable si se tiene en cuenta que la entidad beneficiada no es del ámbito público y que nadie sabe qué aporta.
Esta organización actualmente está siendo manejada por un grupito político al que se lo denomina “el clan Núñez”, de Villa Hayes, pertenecientes al Partido Colorado, actualmente oficialista. Uno de los Núñez del clan acaba de ser designado “asesor político” con rango de ministro por el presidente Cartes, lo cual explica cómo es que tal “organización”, siendo particular, logra mantenerse en la cresta de la ola de la recaudación ilegal en las barbas de la opinión pública.
Hay un poderoso motivo para su existencia: se estima que las “utilidades” que percibe Opaci anualmente, solo en este rubro tributario, es de más de sesenta mil millones de guaraníes, que nadie sabe adónde van ni entre quiénes se reparten.
¿Qué hace Opaci con tanto dinero? NADA. Pese a todo, esta organización, existente desde tiempos de Stroessner (1965), se presenta en sus estatutos como “de asociación voluntaria”, lo que constituye una descarada mentira, porque las municipalidades están obligadas a cobrar un adicional en cada trámite de licencia de conducir automotores, y entregar los importes resultantes a la Opaci. Nada allí es voluntario.
Lo peor de todo es que, en ocasión de la sanción y promulgación de la Ley Nº 5016/2014 “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial” y la creación de su autoridad de aplicación, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), los legisladores no solamente no aprovecharon la oportunidad para ignorar a esta entidad en el texto legal y obligarle así a asumir y cumplir realmente su definición de “asociación voluntaria”, de índole no estatal, sino que sostuvieron la ambigüedad de su estatus legal al volver a mencionarla en el artículo citado.
La máxima autoridad en materia de tránsito, creada por esa ley, tampoco hizo nada por excluir a esta entidad privada (“ONG”, como la llaman algunos) de la red pública que se creó y que rige en materia de tránsito.
Ya nos imaginamos con qué intención se creó este híbrido, hace ya más de medio siglo, porque conociendo cómo funcionaba el régimen stronista, su objetivo fue constituirse en otra fuente de ingresos “para los muchachos”, para estos buitres políticos eternamente hambrientos a los que el pueblo debe alimentar con sus contribuciones, aunque sea en forma extorsiva, como es en este caso.
Desde 2014 tenemos una Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), entre cuyas funciones están las mismas que se otorgaron a Opaci, en lo referente a licencias de conducir. No obstante, declinaron esta responsabilidad suya para continuar dando de mamar a los chupasangre de esa organización privada.
En numerosas ocasiones expresamos nuestra opinión acerca de la manera como la politiquería destruye instituciones y robustece en los deshonestos la turbia idea de que la vía más fácil y rápida para enriquecerse es siempre la corrupción. Cobrándose 20.000 aquí, 10.000 allá, sumándose “gastos administrativos” y con mil y una astucias similares, se van robando pequeños montos que, cobrados a todo el mundo, acaban formando montañas de dinero.
La Opaci debe ser suprimida. A las municipalidades no les beneficia en nada. Por el contrario, les saca dinero a los contribuyentes de sus ciudades y se lo lleva a los bolsillos de unos tipos que ni las conocen.
Los legisladores deben tomar en serio esta cuestión; no deben proteger a los chupasangre porque son de su partido. Juraron lealtad a su pueblo, a la república y a su Constitución, de modo que, respetando ese juramento, los honestos que existen entre ellos deberían comenzar a regularizar la administración pública, defendiendo los derechos ciudadanos al suprimir toda fuente de robo.
Podrían dar un paso al frente comenzando por sacar a Opaci de la lista de recaudadores públicos. Eso podría animarles a tomar otras decisiones similares que nos conduzcan a un país más decente.