La Cámara de Diputados cerró su periodo ordinario de sesiones de este año con otra abominable decisión, una de las tantas a las que ya tiene acostumbrada a la población: por amplia mayoría envió al archivo el pedido de juicio político contra los indignos miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Le importó un bledo que Jaime Bestard, Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka hayan prevaricado no hace mucho más de una vez y que, desde hace años, vengan desempeñando pésimamente sus funciones, si se le puede llamar así al hecho de cobrar viáticos por viajes no realizados, entre otras corruptelas.
Entre los 52 diputados sinvergüenzas que se burlaron de la ciudadanía figuran colorados “abdistas” y “cartistas”, así como liberales “llanistas” y “efrainistas”, al igual que uno de la Alianza Ganar. Esto significa que el contubernio fue de amplio espectro y que, más allá de las diferencias que puedan existir entre los legisladores de diferentes bancadas, en el fondo están muy unidos por la argamasa del prebendarismo o del soborno, al decir de la diputada Kattya González (PEN). Es de pública notoriedad que en la Justicia Electoral los parlamentarios tienen “cupos” para instalar a sus parientes, amigos y correligionarios. También lo es que, en la anterior legislatura, el actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el entonces diputado Hugo Rubin (PEN), denunciaron la compraventa de votos en cada una de las Cámaras.
No debería sorprender, pues, que los confabulados contra la decencia en la función pública hayan tenido motivos inconfesables para liberar en sede legislativa a los indignos personajes mencionados de la sanción que corresponde a quienes incurrieron en cualquiera de las causales de remoción previstas en el art. 225 de la Carta Magna. Tuvieron, sí, el descaro de sostener que la Resolución TSJE N° 132/2018, por la que el trío de prevaricadores usurpó una atribución exclusiva de los concejales de Ciudad del Este, era de índole meramente administrativa y no había impedido que la Municipalidad fuera intervenida. En el considerando de la resolución de la Justicia Electoral se llegó al colmo de citar en forma incompleta el art. 53 de la Ley N° 3966/10, omitiendo la última frase, que dice: “La renuncia del Intendente será presentada ante la Junta Municipal correspondiente, para su aceptación o rechazo”. Además, los diputados “olvidaron” que, ante el repudio que generó semejante canallada, el propio TSJE se vio obligado a anular, mediante otra resolución judicial, su desastrosa convocatoria a elección del intendente municipal esteño.
Si bien la máxima instancia electoral revocó su escandaloso fallo, el prevaricato ya había sido perpetrado, con la aviesa intención de favorecer a Sandra McLeod (ANR). Debe recordarse que meses atrás los “ministros” Bestard y Ramírez Zambonini ya habían cometido el mismo delito al habilitar las candidaturas inconstitucionales a senador del ex presidente de la República Nicanor Duarte Frutos y del anterior jefe del Poder Ejecutivo, Horacio Cartes, quienes son senadores vitalicios por imperio del art. 189 de la Ley Suprema.
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A los diputados que presentaron la acusación no se les permitió fundamentar que, también por este motivo, dos de los que deshonran el TSJE debían ser apartados de sus cargos. Los complotados contra la ley y la moral ya no quisieron escucharlos en la bochornosa sesión extraordinaria, que pinta de cuerpo entero a la gran mayoría de quienes integran ese órgano legislativo y gustan autodenominarse “representantes del pueblo”.
La sesión extraordinaria de los diputados fue convocada arteramente de improviso, con el cínico argumento de que era preciso evitar que se siguiera hablando de la “Cámara de la dilación”. O sea que se apresuraron a desafiar a la opinión pública, protegiendo a quienes les ofrecen dinero o “cupos” de cargos para sus acólitos, solo para que no se dijera que iban a obrar tal como lo están haciendo para que el traficante de influencias Carlos Portillo (PLRA) y el contrabandista confeso Carlos Núñez Salinas (ANR), que votaron a favor del archivamiento, sigan enlodando sus respectivas investiduras, por citar solo a dos de los impresentables que ocupan una banca en ese cuerpo legislativo. Quienes firmaron la acusación para el juicio político quisieron retirar el proyecto ante la perspectiva de ser derrotados, tal como ocurrió. Confiaban, acaso, en que con el tiempo habrían de reunir los votos suficientes para impulsar el procedimiento. La experiencia indica que la esperanza era vana, pues el frente conformado para proteger al nefasto terceto resulta bastante sólido. Debe recordarse al respecto que el senador Silvio Ovelar (ANR) y su colega Hugo Richer (Frente Guasu) ya habían hablado de la conveniencia de que hubiera un “pacto político” –léase “cuoteo”– para designar a los reemplazantes de los actuales miembros del TSJE. Se daba por supuesto que serían destituidos, pero evidentemente no hubo acuerdo entre los partidos políticos para la “repartija” de los cargos en la institución electoral, un motivo adicional para el escandaloso archivamiento.
Así las cosas, los ciudadanos y las ciudadanas ya no tienen la esperanza de que sus “representantes” les defiendan de quienes violan abiertamente la Constitución y las leyes, por la simple razón de que ellos priorizan sus intereses muy personales y los de sus agrupaciones políticas. En consecuencia, solo les resta intensificar los escraches de repudio a estos indignos personajes, haciéndoles saber, allí donde se atrevan a asomar la nariz, que están cansados de sus iniquidades y privilegios, y que su infamia es imperdonable.