El asesinato de ocho militares integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) por parte de miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) ocurrido ayer en la zona de Arroyito, distrito de Horqueta, en el departamento de Concepción, constituye otro acontecimiento trágico, no solo para sus familiares y amigos sino para todo el país, que siempre tuvo a su Ejército como símbolo de identidad nacional y expresión de sus más elevados valores patrióticos.
La emboscada en que perdieron la vida el subteniente Félix Fernando Fernández, el suboficial Lucio Dejesús Torrasca y los sargentos Robert Fabián Cañete, Genaro Dejesús Arias, Sergio Daniel López, Éder Arias, Hugo Candia y Pablo Farías constituye una catástrofe sin precedente para las Fuerzas Armadas en tiempo de paz, y para el Gobierno del presidente Horacio Cartes.
Mientras el cuestionado comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Garcete, y el ministro de Defensa, Diógenes Martínez, guardaban llamativo silencio, fue el anodino ministro del Interior, Francisco de Vargas, quien tuvo que informar a la ciudadanía acerca del atentado perpetrado por el EPP contra una patrulla militar y de su trágico resultado: ocho muertos.
Este grave atentado –descrito en detalles por los medios de comunicación– no es un incidente trivial o una escaramuza entre grupos armados. Tratándose de una operación militar llevada a cabo en un área bajo control de la FTC, la máxima responsabilidad institucional corresponde al alto mando militar, no al Ministerio del Interior ni a la Fiscalía. Y a la cabeza de ellos, a su Comandante en Jefe.
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“El EPP no me va a marcar la agenda”, había manifestado el presidente Cartes durante su discurso de asunción al cargo, alusión que, aunque breve y poco precisa, despertó esperanzas en la ciudadanía, pues daba a entender que estaba decidido a mostrar una actitud mucho más enérgica contra la banda criminal que la que habían tenido sus predecesores. Pero, según se comprueba ahora, no se trató más que de una frase hecha o de una simple manifestación de deseos, no de real voluntad política, porque, en este caso, tuvo que haber estado basada en proyectos de acción pensados y diseñados con expertos y entendidos en la materia. Por este motivo, en su último mensaje de gestión ante el Congreso, Cartes tuvo que rever la ligereza de su manifestación anterior confesando que la lucha contra los delincuentes agavillados en el EPP y la ACA “llevará mucho tiempo más”.
Es que hay un dato trágico e inocultable: que bajo este Gobierno se está acumulando la mayor cantidad de víctimas causadas por los terroristas en su luctuosa historia de casi una década. Muchos muertos y heridos, millones de dólares recaudados por la banda en rescates, extorsiones y robos; y varias personas secuestradas, de las cuales tres aún permanecen en esa condición –el suboficial de policía Edelio Morínigo y los colonos menonitas Abrahán Fehr y Franz Wiebe–, el primero de ellos batiendo el récord de tiempo de privación de su libertad en nuestro país. De los diez secuestros de personas perpetrados por la banda, seis se cometieron durante este período gubernamental, que todavía está lejos de concluir.
Como se sabe, la solución pensada por el Ejecutivo fue la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), agrupación que reúne a contingentes militares, de la Policía Nacional y del servicio antidrogas, para que juntos, concertadamente, ejecuten un plan de trabajo eficaz. Su accionar, pese a haber costado ya un dineral al erario –un promedio de 3.200 millones de guaraníes mensuales, desde el año 2013–, no puede exhibir una carta de triunfo importante en comparación con los contundentes golpes que dan los ilegales. Sin duda alguna, la FTC fue rebasada por los criminales, nunca dio en el clavo y, por si no fuera suficiente, algunos de sus miembros soportan denuncias por malversación, corrupción y otros presuntos delitos, lo cual, junto con lo anterior, favorece enormemente la popularidad del grupo criminal y alimenta los argumentos que dirigentes campesinos de izquierda, así como algunos políticos que habitualmente marchan junto a estos, utilizan para exigir la disolución de dicha agrupación, con lo cual se daría vía libre a la reanudación de algunos males que azotaban con mayor fuerza a esa zona norteña antes de la presencia de la FTC, como las invasiones de tierra, los ataques a comisarías y otros sucesos similares.
Este grave hecho ocurrido ayer en Arroyito aumentará el entredicho y los cuestionamientos a la mencionada fuerza militar-policial, pues es grande la indignación de la gente que piensa cómo es que un grupo minúsculo de no más de 20 o 30 hombres pone en jaque a un contingente de cerca de un millar de efectivos pertrechados para la lucha que se les asigna.
En la zona, la gente común, el campesino, el comerciante menor, el pequeño o mediano productor que reside en su campo o granja, el transportista, los conductores de maquinaria agrícola y tantos más, se sienten a merced de los bandidos. Los habitantes se limitan a cerrar la boca ante lo que sucede a su alrededor, algunos porque ya vieron lo que les pasa a quienes cooperan con las autoridades, otros porque están pagando el precio del chantaje a los criminales; y muchos más, hay que decirlo con la mayor decepción, porque reciben algunas dádivas de estos y no sienten ningún cargo de conciencia por ello.
En resumen, los malvivientes siguen perpetrando estos graves crímenes en las narices de la FTC. En otras palabras, le continúa marcando la hoja de ruta al Gobierno de Horacio Cartes, mientras este prometió ahora, una vez más, que “los culpables pagarán” por su criminal acción.
Si el Primer Mandatario no cumple su promesa, comenzando por adoptar medidas enérgicas que motiven a la gente a recuperar la confianza, como ser la remoción de quienes han demostrado total ineficacia, como el ministro del Interior y el comandante de las Fuerzas Militares, y su anillo que cobraba un plus por estar en la zona de operaciones mientras, en verdad, se quedaban en Asunción, la ciudadanía lo seguirá incluyendo en la lista de presidentes pusilánimes e inútiles como los que han desfilado en los últimos tiempos por el Palacio de López.