Otra plausible decisión para depurar el Senado

Tras defenderse largamente como “gato panza arriba”, pero repitiendo argumentos escasamente consistentes, la Cámara de Senadores decidió finalmente despojarle de su investidura al impresentable senador Dionisio Amarilla (PLRA, llanista). Al privarle de tal condición al “líder emergente”, como se autodenomina, el Senado respondió a una demanda ciudadana expresada en manifestaciones públicas y en las redes sociales, fundada en la decencia que cabe exigir a quienes fueron elegidos para sancionar leyes, controlar a los otros Poderes del Estado y recoger las inquietudes de sus compatriotas. Los legisladores no ocupan una banca para intervenir en operaciones de compra de conciencias, para defender los intereses de ciertos contratistas del Estado o para proteger con fueros sus riquezas mal habidas. El ayer expulsado con la merecida ignominia es un connotado exponente de la ruin politiquería que azota la República, con su correlato de corrupción desaforada. Al igual que los también defenestrados Óscar González Daher y Víctor Bogado, prostituía el Senado y ofendía la conciencia moral de sus conciudadanos. Lo resuelto por sus excolegas, en muy buena hora, implica la prosecución de una laudable campaña de autodepuración iniciada en diciembre de 2017.

Como la Ley Suprema no contempla la figura de la revocatoria del mandato por el voto popular, solo cabe esperar que los legisladores de las dos Cámaras continúen apartando de sus filas a los miembros infames. Todo indica que Amarilla se enriqueció enormemente en la función pública, sobre todo tras su paso por la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Últimamente, enlodó su investidura hasta el punto de intervenir en las tratativas en torno a un presunto intento de soborno para “desinflar” una denuncia periodística que afectaba a un viejo amigo suyo, Óscar Chamorro Lafarja, hijo del exdiputado colorado de triste fama José Chamorro, acaparador de contratos con el Instituto de Previsión Social (IPS) y otras entidades públicas. Esa conducta canallesca no podía quedar impune.

El Senado hizo lo correcto al ignorar la chicana interpuesta por el susodicho en la Comisión de Asuntos Constitucionales para demorar por ocho días el tratamiento de su repugnante caso. Hizo bien, además, en constituirse en comisión a tal efecto, de acuerdo al art. 145 del Reglamento Interno de la Cámara. Con toda evidencia, el exsenador pretendía dilatar las actuaciones, ganarles por cansancio a sus colegas, para que, con el correr de los días, se calmaran las aguas agitadas por su propia indecencia y se fuera atenuando la indignación ciudadana. Fracasó en su empeño porque, felizmente, aún existen legisladores que tratan de que el órgano que integran recupere la honorabilidad perdida por culpa de personajes de esta ralea. Dionisio Amarilla no se diferenciaba de los otros senadores expulsados, es decir, era alguien que se valía de su escaño mal desempeñado como instrumento para influir en asuntos ajenos a su labor parlamentaria. Lo pintan de cuerpo entero estas palabras que, siendo diputado, dirigió en 2016 a un agente de tránsito de Villa Elisa: “Para que sepas, carruaje, carruajito, gracias a mi plata estás en ese cargo”. Luego, le arrojó una goma de mascar, le lanzó un manotazo y le amenazó con golpearlo, comportándose como un vulgar patotero, provisto, eso sí, de los consabidos fueros y de una notable fortuna, de reciente origen. Es muy improbable que, en adelante, su mediación sea solicitada por un viejo amigo que desee acallar a un periodista a platazo limpio. Es decir, si le pidieron que intervenga en el enjuague fue porque tenía una alta investidura y no precisamente una larga experiencia como “amigable componedor”.

El desenlace de este nuevo combate en la guerra librada por la ciudadanía contra la corrupción debe ser un aliciente para seguir bregando por el imperio de la decencia en el ejercicio de la función pública y, en particular, de la legislativa. Si los senadores han vuelto a sancionar severamente a uno de los suyos es porque la sociedad civil se está haciendo oír. Y se está haciendo oír cada vez más en las calles, en las plazas, en las redes sociales y en los medios de prensa, porque está harta de los facinerosos que traicionan a los electores, en beneficio propio y en el de sus allegados.

Una mayoría de parlamentarios se está dando cuenta, por fin, de que ya no se puede seguir abusando vilmente de la confianza depositada en ellos y de que el silencio de los buenos hace que se los meta en la misma sucia bolsa en la que están los repudiados por la ciudadanía. Entre estos figuran, justamente, quienes defendieron ayer a Amarilla en la prolongada sesión extraordinaria: el presidente Silvio Ovelar (ANR), sorprendido tomando “en alquiler” cédulas de identidad en vísperas de unas elecciones generales; Blas Llano (PLRA), promotor de la reelección inconstitucional de su mecenas Horacio Cartes; Fernando Silva Facetti (PLRA), expresidente del Consejo de Administración del IPS denunciado con relación a ciertas licitaciones; y Zulma Gómez (PLRA), que no necesita presentación.

Las continuas inconductas de los legisladores desprestigian no solo al Congreso, sino al propio sistema democrático. Por eso, la pérdida de la investidura del impresentable en cuestión implica también renovar la confianza de la gente en un régimen de libertad, que cuenta con mecanismos para deshacerse de quienes se valen de él para llenarse los bolsillos o favorecer turbios intereses particulares.

Fue otra batalla ganada, pero la guerra debe continuar, porque todavía quedan muchos González Daher, Víctor Bogado y Dionisio Amarilla. Es imperioso limpiar las instituciones republicanas de la basura acumulada en las últimas décadas y es saludable que el Senado esté dando muestras de su voluntad de sanearse, expulsando a sus miembros execrables.