Si bien fueron –como siempre– los negociadores argentinos los ideólogos del leonino “Preacuerdo Técnico” de Yacyretá firmado por el inepto presidente Nicanor Duarte Frutos y su homólogo argentino Néstor Kirchner en 2006, el entonces director paraguayo de la entidad binacional, ingeniero Ángel María Recalde, fue su principal articulador e impulsor. Como es sabido, mediante la astuta cláusula de “novación” introducida en dicho acuerdo por los negociadores argentinos, el Paraguay insólitamente cedía a la Argentina la mitad de la electricidad generada en la usina ¡por 43 años!, a una tarifa irrisoria que aseguraba su fatal bancarrota a perpetuidad. El documento no llegó a ser tratado por el Senado porque, ante su inminente rechazo por los legisladores, precavidamente fue retirado por el Poder Ejecutivo. Pero el vendepatria Nicanor Duarte Frutos, atraído por la piñata en ciernes, implementó por un decreto ilegal la parte del Preacuerdo relacionado con el “Plan de Terminación de Yacyretá” (PTY), como también lo hizo con gran beneplácito el gobierno de Néstor Kirchner, para concluir la represa que ya estaba a medio terminar. Festín de cientos de millones de dólares que se embucharon burócratas de alto coturno de ambos gobiernos y empresarios mafiosos con ellos asociados en ambas márgenes.
Todo estaba dispuesto para que tras el coronamiento del “monumento a la corrupción” –al decir del expresidente argentino Carlos Menem– se pasara al proyecto de maquinización del brazo Aña Cua para continuar la francachela de coimas y despilfarros a cuenta de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Pero la sensata falta de aprobación por el Senado paraguayo tuvo el efecto de disuadir de la perpetración de esta nueva arrebatiña por millones de dólares de las ya maltrechas finanzas de la EBY. Cabe recordar al respecto que inicialmente los consultores internacionales habían estimado el costo de la maquinización en unos US$ 150 millones, pero al tiempo de concertarse el “Preacuerdo” el entonces ministro de Obras Públicas del Gobierno de Nicanor Duarte Frutos, José Alberto Alderete, ya hablaba de que la obra costaría alrededor de US$ 350 millones; un sobrecosto verdaderamente astronómico, buena parte del cual iría a parar al bolsillo del ministro, del presidente y del resto de la gavilla.
Cuando la ciudadanía esperaba que el presidente Horacio Cartes cambiara el rumbo antipatriótico de la política exterior del Paraguay en las usinas hidroeléctricas binacionales mediante una firme estrategia de negociación que permitiera poner fin al expoliador statu quo arbitrariamente impuesto por nuestros socios tanto en Itaipú como en Yacyretá, hete aquí que, sorpresivamente, de entrada nombró como embajador ante el gobierno de Cristina Fernández nada menos que al expresidente Nicanor Duarte Frutos, el principal responsable de la fracasada vil entrega de nuestra soberanía en la usina binacional, para que este impulsara de nuevo al más alto nivel el fallido preacuerdo, justo cuando se cumplía el plazo de 40 años para la revisión del estratégico Anexo C del Tratado.
Aunque el expresidente Duarte Frutos ha renunciado a su cargo como embajador –el que nunca debió tener–, la nominación del ingeniero Recalde como nuevo director paraguayo de la EBY viene a reconfirmar que la intención del presidente Cartes no es poner fin al infame statu quo impuesto allí por los negociadores argentinos, sino reflotar a como dé lugar el apetitoso enjuague financiero visualizado por los bribones de turno de ambas márgenes con el proyecto de maquinización del brazo Aña Cua, cuyo costo será cargado a la postre a espaldas de la ya quebrada EBY. Todo indica que al Primer Mandatario paraguayo le interesa más impulsar el proyecto Aña Cua que revisar –como se debe– el Anexo C y exigir el pago de las deudas pendientes del ente binacional por la electricidad paraguaya consumida por la Argentina en los últimos años, así como el resarcimiento que corresponde por territorio nacional inundado y los 100 kilómetros de vía férrea inutilizados por el embalse de la represa.
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El espejito con que esta vez se procura engañar al pueblo es la cantinela ya anticipada por el exembajador Duarte Frutos apenas asumió su cargo en Buenos Aires; vale decir que el nuevo “Preacuerdo” no incluiría la cláusula de la “novación”, airadamente rechazada en su oportunidad por la ciudadanía. Cantinela que ya ha empezado a repetir su antiguo patrocinador, ahora nuevamente a cargo de la dirección de la entidad binacional. De hecho, la exclusión de la fatídica cláusula de referencia no subsana la lesión al interés nacional de avanzar con la ejecución de nuevas obras en la usina binacional, o fuera de ella, sin antes completar la revisión del Anexo C del Tratado y, concomitantemente, la verdadera deuda de la entidad binacional.
Así las cosas, ante la disimulada intención del Gobierno nacional de volver a reencauzar la antipatriótica iniciativa de reflotar el infame “Preacuerdo” del expresidente Nicanor Duarte Frutos, el Senado de la República debe alzarse como firme línea final de resistencia en cuanto a la intransigente defensa del interés nacional en la EBY. Emulando a aquel glorioso Senado de 1879 que rechazó el infame Tratado Decoud-Quijarro, suscrito por el Gobierno del presidente Cándido Bareiro por el que el Paraguay cedía a Bolivia la mitad del actual Chaco paraguayo a cambio de supuestas ventajas comerciales, traducidas como sobornos disfrazados, nuestros senadores del presente deben rechazar con toda firmeza la versión maquillada del preacuerdo de 2006 impulsado por el expresidente Nicanor Duarte Frutos y su lacayo Ángel María Recalde.
Las actuales autoridades han prometido que ningún nuevo emprendimiento hidroenergético binacional con la Argentina sería concretado sin antes revisar el Anexo C del Tratado y las cuentas de la EBY a la luz de la transparencia garantizada por este crucial instrumento contractual. Deben cumplir su promesa o pasarán a la historia como traidores a la Patria.