La pretensión de moderar el gasto y respetar la Ley de Responsabilidad Fiscal, que tenía el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación, está en vías de fracasar estrepitosamente. Nada menos que 42 entidades públicas solicitaron a la Comisión Bicameral de Presupuesto aumentos por un total de 1,4 billones de guaraníes, lo que equivale al 21% de los egresos previstos por el Poder Ejecutivo.
Lo llamativo es que entre los solicitantes figuran varias instituciones que dependen del propio Poder Ejecutivo, pese a que el Presidente de la República había ordenado a sus jerarcas atenerse al proyecto de ley presentado.
El presidente Cartes fue desobedecido por quienes encabezan las Secretarías Nacionales de Cultura y Antidrogas, y los Ministerios del Interior, de Defensa, de Educación y Cultura, de Salud y Bienestar Social, de Trabajo, de la Mujer y, aunque resulte increíble, hasta por el propio ministro de Hacienda, Santiago Peña, quien, justamente, también firmó el proyecto que ahora objeta de hecho, al igual que sus colegas. Parece un chiste, pero lo cierto es que, según la Comisión Bicameral de Presupuesto, el ministro Peña pide ahora para su Ministerio 20.943 millones de guaraníes más, suma considerable que, por lo visto, olvidó incluir en el documento que le acercó al titular del Poder Ejecutivo.
Las máximas autoridades de las Secretarías Nacionales y de los Ministerios citados ignoraron así un mandato claro, acaso porque estaban seguros de que no iban a ser destituidos o sancionados por desobediencia, como es costumbre en nuestro país.
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En lo que respecta al proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación, el Poder Ejecutivo tiene así más de una voz y, en principio, ninguna de ellas suena más fuerte que las otras. Es evidente que no habla por boca del ministro de Hacienda, ninguneado pese a que el art. 18 de la Ley de Administración Financiera del Estado dice que “las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo en materia presupuestaria se mantendrán exclusivamente a través del Ministerio de Hacienda...”.
Considerando esta disposición, fue innecesario que el Presidente de la República haya ordenado a sus ministros que no negociaran con la Comisión Bicameral marginando al ministro Peña. Si creyó que le harían más caso a él que a la ley, es evidente que se equivocó rotundamente, hasta el punto de quedar en ridículo. Está claro que su autoridad ha quedado muy afectada, como quedó la de sus predecesores durante el estudio anual del proyecto de ley, debido a la indisciplina de los subalternos. La diferencia radica en que esta vez el titular del Poder Ejecutivo impartió una directriz precisa, que fue olímpicamente desoída. El Primer Mandatario creyó conveniente fijar pautas, y ahora está conociendo los límites de su influencia. Si los legisladores, que por lo visto tienen varios interlocutores en el Poder Ejecutivo, se exceden en los gastos previstos, pueden culpar de ello en buena medida a los propios ministros, sin perjuicio de que ellos mismos quieran satisfacer a su numerosa clientela política, fantaseando ingresos ilusorios para inflar el Presupuesto.
¿Conoce el ministro de Hacienda las “razones fundadas” que sus colegas invocan para que se les den más fondos? Es de suponer que los mayores gastos hoy reclamados ya figuraban en los diversos anteproyectos, y que si no los incluyeron en el presupuesto es porque no creyeron que estaban justificados. Es poco probable que entretanto, sorpresivamente, hayan surgido hechos nuevos que ameriten mayores desembolsos, y que al mismo tiempo ya apareció el necesario “respaldo económico” gracias a una mayor futura recaudación impositiva.
Por de pronto, el ministro Peña afirma que faltan recursos para financiar mayores gastos, y que todo cambio debe realizarse dentro del tope fijado por el Poder Ejecutivo, salvo el caso, por lo visto, de la propia administración financiera, que también demanda más dinero. Se dirá que, en realidad, no le preocupa tanto que el Presupuesto finalmente sancionado sea mayor que el proyectado, pues el Ministerio de Hacienda podrá, mediante el Plan Financiero, denegar los fondos asignados por falta de dinero, planteando una inexorable cuestión de hecho. El problema es que, en tal caso, probablemente se recorten los programas sociales, pero nunca los sueldos del personal, incrementados por la más que segura creación de nuevos cargos.
Así las cosas, el documento en estudio ha perdido seriedad, más aún porque, como siempre, durante el próximo ejercicio fiscal habrá “reprogramaciones” y nuevos pedidos de aumento. Si además se consideran las próximas elecciones generales, hay motivos para temer que el déficit presupuestario del 1,5% del PIB sea superado en violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Es necesario que haya disciplina en esta materia, pero también que los ministros del Poder Ejecutivo respeten, para empezar, la Ley de Administración Financiera del Estado, más importante aún que una orden del Presidente de la República.
Mientras los altos funcionarios y los senadores y diputados de todos los colores continúen dándoles prioridad a sus intereses políticos antes que a las necesidades del país, el Presupuesto nacional continuará siendo zarandeado como trapo de piso en aras del clientelismo y del populismo.
En las próximas elecciones presidenciales hay que darles una buena lección a quienes desobedecen las leyes administrativas, enviando a la cuneta a los derrochadores de los fondos públicos, tan esforzadamente aportados por el pueblo trabajador que paga sus impuestos.