La Cámara de Senadores restauró el aporte estatal a las organizaciones que compiten electoralmente, lo que se conoce por “subsidio político”, que, según la ley vigente anteriormente, correspondía a cada competidor en proporción al número de votos obtenidos. Esta norma establecía una cantidad que podía variar entre el 5% y el 15% del jornal mínimo. Recientemente, los diputados propusieron suprimir esta contribución, haciéndose eco del clamor de la ciudadanía, que considera dicho subsidio como una forma en que la “partidocracia” se apodera de fondos públicos que deberían estar siendo empleados para resolver problemas sociales urgentes. Precisamente, en su homilía en la misa principal de Caacupé, el obispo diocesano monseñor Claudio Giménez realizó en un párrafo de su alocución el siguiente cuestionamiento: “...por qué se dejó a los casi 32.000 ciegos sin presupuesto y sí se aseguró un presupuesto millonario para los partidos políticos”.
Sin embargo, ajenos al malestar popular, los senadores no solamente restablecieron la cuestionada contribución, sino que la llevaron a su máximo nivel, es decir, al 15% del jornal mínimo. Además, como este índice se incrementa de vez en vez, las expectativas de los políticos es que “su dinerito” no vaya siendo menoscabado por la inflación y otros fenómenos que afectan al poder adquisitivo del común de la gente.
A este aporte del Estado a las organizaciones políticas que obtienen cierto número mínimo de votos en las elecciones se lo justifica con la falacia de que, si esos partidos, movimientos o alianzas no recibieran esta “ayuda”, no tendrían fondos para costear sus gastos y, “tal vez”, se verían tentados a buscar financiación en las organizaciones marginales o en los bolsillos de padrinos poderosos.
La experiencia demuestra que, con o sin subsidio estatal, los partidos gastan más dinero que el que legalmente reciben, lo que dice a las claras que tienen “fuentes complementarias”. Que el Estado destine una verdadera fortuna –nada menos que 10.523 guaraníes por voto– a obsequiar a los partidos y movimientos que ganaron bancas no constituye ninguna garantía de que las organizaciones criminales o los aportantes particulares (narcotraficantes, contrabandistas, aduaneros, directores de entidades administrativas, etc.) no contribuyan también, incluso con mayor generosidad.
En este sentido, los senadores dieron otro “toquecito” al proyecto de ley de financiamiento político, tal como les llegó desde Diputados. Estos habían establecido la prohibición de que las organizaciones políticas recibieran aportes de personas formalmente acusadas de narcotráfico, pero los senadores ladinamente cambiaron esta condición por la de “condenadas por narcotráfico”. Claro, como este país tiene uno de los índices más bajos de condenas judiciales de Latinoamérica, es fácil prever (nos gustaría apostar) que para las próximas elecciones no habrá ni un solo caso al cual aplicarle la astuta prohibición de los senadores, y el “aporte” de los narcotraficantes arribará con generosidad.
Además, los partidos políticos están recibiendo subsidios y otro aporte estatal desde hace décadas, con el argumento de que son organizaciones que difunden la educación cívica y la democracia. Mirando nuestra realidad social, no se ve un solo ejemplo de que algunas de estas organizaciones subsidiadas gaste un centavo en tales fines. En las temporadas previas a los comicios generales, es la Justicia Electoral la que corre con cursos de adiestramiento, divulgación, capacitación y formación de autoridades de mesas, apoderados, veedores, etc.
En resumen, el subsidio por voto que acaba de ser reinstalado por la Cámara de Senadores con fuerza de ley es un despojo inicuo que la “partidocracia” hace de fondos públicos para autoasignarse más dinero del que ya obtienen por otra vía, como el aporte estatal permanente, que corre paralelamente. Agregado, por supuesto, al libre acceso a los recursos públicos que los grupos partidarios que ganan el Gobierno, las gobernaciones, las intendencias, la Juntas, etc., se asignan arbitrariamente a sí mismos.
Este odioso subsidio tiene que desaparecer en bien de la ética, de la decencia ciudadana y en provecho de la población de este país, que mientras padece decenas de necesidades, cada una más acuciante que la otra, tiene que ver con angustia cómo miles de millones van a perderse en los agujeros negros de las organizaciones políticas.
Al mismo tiempo, persistir en imponer esta clase de rechazadas decisiones por el solo hecho de tener el poder en las manos demuestra una total falta de sensibilidad de los senadores, lo que ahonda el abismo que ya existe entre la privilegiada clase política y la sufrida población de nuestro país. Que no se quejen después si la “primavera” de los estudiantes prende en la ciudadanía y esta también les demuestre con manifestaciones concretas su repudio y su rechazo.
El presidente Horacio Cartes, quien estuvo presente en Caacupé cuando monseñor Giménez cuestionó el injustificable subsidio político, e inclusive recibió en esa oportunidad la comunión, tiene la oportunidad de demostrar su perceptividad a los reclamos populares vetando la cuestionable ley de financiamiento político sancionada por la Cámara de Senadores.