Sin dejarse conmover por el lloriqueo del senador colorado Víctor Bogado, la jueza Rosarito Montanía rechazó su pedido de sobreseimiento definitivo y elevó a juicio oral y público la causa que se le abrió como autor del delito de estafa y cómplice del de cobro indebido de honorarios por parte de su niñera Gabriela Quintana. Los ciudadanos honestos, hartos de la corrupción y de la impunidad, pueden estar satisfechos con lo resuelto en la audiencia preliminar, cuya realización fue demorada durante cinco años por las chicanas sistemáticas planteadas por el acusado. Ellas fueron toleradas por la magistratura y favorecidas por su morosidad, incluyendo la de la propia Corte Suprema de Justicia, acostumbrada a inclinar la cabeza ante los políticos influyentes. Ha llegado por fin la hora de que deba ser juzgado como cualquier hijo de vecino por las fechorías que se le atribuyen con el respaldo de sólidos elementos probatorios.
Todo empezó el 8 de octubre de 2013, cuando este diario reveló que la citada niñera de sus hijas era una funcionaria de la Cámara de Diputados con un salario mensual de 6.098.400 guaraníes, habiendo sido nombrada el 17 de febrero de 2010, cuando su patrón era diputado. Días después salió a la luz que, a pedido del legislador, había sido contratada por Itaipú Binacional el 4 de marzo de 2013, con un salario mensual de 9.320.000 guaraníes, más 1.800.000 en concepto de bonos de alimentación, siendo “comisionada” casi de inmediato para prestar servicios en la Cámara de la que ya era funcionaria, de nuevo a solicitud del caradura diputado, quien por entonces fungía de presidente de dicho cuerpo legislativo. La asistencia al trabajo de quien percibía una doble remuneración fue falsamente certificada por Bogado hasta julio de 2013. El Ministerio Público lo imputó el 24 de octubre, con lo que se inició la extensa serie de maniobras dilatorias de mala fe. Solo quien se sabe culpable recurre a ellas, pues el inocente no teme un juicio oral y público.
En la audiencia preliminar de la víspera, el procesado solo admitió haber cometido “un pequeño error administrativo” que habría conducido a otros errores. Por lo visto, fue tan pequeño que lo advirtió recién cuando se destapó el nauseabundo asunto, y la empleada doméstica, a la que habría inducido a delinquir, se vio forzada a devolver 71 millones de guaraníes cobrados ilícitamente. Ayer le pidió que lo perdone. El mismo pedido hizo al coprocesado Miguel Ángel Pérez, el jefe de Gabinete de la Presidencia de la Cámara de Diputados que intermedió, por orden suya, en el comisionamiento de Gabriela Quintana. Víctor Bogado hasta se puso melodramático, añadiendo cuanto sigue: “No vale ni un día estar sentado en la banca de senadores para evitar el sufrimiento de estas dos personas. Con gusto regalaría mi banca. Dios quita y pone reyes, pero la banca es de Dios”.
Se dirá que eso de regalar la banca puede entenderse como que estaría dispuesto a renunciar a su investidura, dando así un regocijo a la ciudadanía, su principal víctima. Empero, luego afirmó que la banca pertenece a Dios, lo que significaría que es un parlamentario por Derecho divino y que no está en sus manos dejar de serlo. Un vulgar argumento para defenderse, porque sabe perfectamente que el escaño que mancilla pertenece más bien al pueblo paraguayo, al que estafó. Que no se escude en el Supremo Hacedor para negarse a hacer lo que tuvo que haber hecho hace por lo menos un lustro, en vez de andar exhibiendo una conducta procesal indignante.
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No debe excluirse, ni mucho menos, que pretenda seguir entorpeciendo las actuaciones judiciales durante años. Para empezar, seguramente apelará lo resuelto por la jueza Montanía, pese a que dicha medida es inapelable, tal como ya lo hizo en una ocasión anterior, logrando que el Tribunal de Apelación anule lo dispuesto en igual sentido en una audiencia preliminar. Y es probable que, en el caso de que esta vez no tenga éxito, recuse luego a los miembros del Tribunal que habrá de juzgarlo, hasta llegar incluso a la Corte. En fin, la batalla por la Justicia está lejos de haber concluido, así que la ciudadanía debe saber que su paciencia puede seguir sometida a la dura prueba de tener que soportar la desfachatez de este indigno senador. Tiene que estar expectante, demostrándole con sus movilizaciones que ya no está dispuesta a seguir tolerando tanta burla de una clase política sinvergüenza, cuyos descarados privilegios ya no piensa sostener.
Merece un párrafo especial la decisión de la jueza Rosarito Montanía, quien pese a las tremendas presiones que con toda seguridad habrá sufrido, ha dispuesto la apertura del juicio oral y público al desfachatado senador, dentro de lo que parecen ser nuevos vientos en el ámbito judicial, acordes con el reciente cambio de Gobierno. No obstante, es preciso que la sociedad civil siga de cerca cuanto acontezca en esta causa para que el presunto estafador y cómplice del cobro indebido de honorarios no se salga con la suya.
Lo que viene ocurriendo en el ámbito judicial con el procesamiento de políticos poderosos y sus presuntos cómplices hace que los paraguayos y las paraguayas alimenten la esperanza de que, más temprano que tarde, la ley será igual para todos y que quienes los esquilman con sus corruptelas tendrán la sanción penal que les corresponde.