Otro despojo de tierras fiscales administradas por el Indert está en camino. Esta vez, se trata de la isla Ytororó, ubicada en el río Paraguay, frente a la localidad ribereña de San Antonio. Con una superficie de 123 hectáreas, su mayor parte se anega en época de creciente, pero restan unas 19 hectáreas de tierras altas, donde los pobladores –54 familias– disponen de un campo comunal donde cultivar y refugiarse en tiempos de inundaciones.
Para desgracia de estos agricultores y pescadores, su isla está estratégicamente ubicada frente al puerto de San Antonio, lo que la convierte en un lugar apropiado para atracar embarcaciones. Esto es lo que la aguzada vista de algunos buitres descubrió, poniéndolos en acción para tratar de quedarse con el lugar y aprovechar el negocio.
Para el efecto, se conformó una especie de gavilla de operaciones, que inicialmente se integró con un escribano, Bernardo Aponte Caballero; una “gestora”, Shirley Ayala; y un “agricultor”, Celso Santiago Unzaín. Este último personaje es el que se prestó para figurar como solicitante, ante el Indert, haciéndose pasar por agricultor para reclamar las 19 hectáreas del campo comunal, justamente la extensión que queda libre en las crecientes fluviales y las que les son indispensables para el negocio tramado.
Pero este solicitante, Unzaín, no solamente nunca residió en ese lugar, sino que, lejos de ser agricultor, está inscripto en registros oficiales como propietario de una empresa denominada “Amarres del Sur”, la que fue creada –según lo expresa su nombre y los lectores ya habrán adivinado– para realizar negocios vinculados con embarcaciones. Esta empresa justamente fija domicilio en la misma dirección donde el escribano Aponte Caballero instaló su escribanía.
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La gavilla organizada para tragarse la isla puso en movimiento sus tentáculos, logrando la anuencia de una fiscala, Laura Ávalos, la que se avino a cooperar con ellos, imputando penalmente a los ocho miembros de la comisión directiva de la asociación que nuclea a los agricultores isleños, entidad civil debidamente registrada con el nombre de “Comité de Agricultores de la isla Ytororó”. La fiscala Ávalos les atribuye “perturbación de la paz pública”, sobre la base de una denuncia del “agricultor” Unzaín (que ni siquiera tiene casa en la isla) de que fue intimidado por los isleños. Un cuento preparado en todos sus detalles.
Sin duda, se trata de un proyecto de negocio multimillonario. De hecho, se comenta que la “gestora” Ayala, de “prepo” ya cobra derechos de amarre en la ribera isleña a algunos desprevenidos, como si tuviese algún título para hacerlo. A esta clase de avivadas, en la jerga jurídica penal, suele denominarse estafa; aunque aquí, en nuestro país, depende de quiénes las perpetren para que se les llame así o se les dé otro nombre.
Lo triste de este cuento es que, si la justicia no pone las cosas en su lugar, la gavilla tiene todas las probabilidades de salirse con la suya. Si miráramos atrás, hacia otros casos similares ocurridos a lo largo y a lo ancho del país, antes y ahora mismo, en la inmensa mayoría de los casos, los pobres, los débiles, los indefensos, salieron perdiendo sus posesiones y sus derechos, mientras que los buitres codiciosos, siempre actuando en bandadas, ganaron las partidas.
De más está decir que los agricultores isleños de Ytororó están, hasta este momento, indefensos. Los despojos a los más débiles para engrosar las fortunas de los más fuertes es una infamia que se hizo práctica común en este país desde hace muchas décadas. Lo peor es que, en la mayoría de los casos, el mismo Gobierno, a través de organismos permanentemente corrompidos, como el que administra las tierras fiscales (IBR-Indert), allana el camino de los ladrones y aprovechadores, otorgándoles títulos de propiedad sobre terrenos poseídos por personas pobres, ignorantes o indefensas, aprovechándose de estas circunstancias y de la protección política y jurídica de la que carecen.
No está de más recordar que este tipo de injusticia era frecuente en Cuba, en Nicaragua, en Guatemala, en Venezuela y otros países latinoamericanos, injusticias que proporcionaron –y proporcionan– la leña que requería y requiere la caldera del marxismo-leninismo para introducir y perpetuar sus tiranías. Porque sus “revoluciones” se gestaron –y se gestan– en el seno de sociedades con élites mil veces privilegiadas, abusadoras, insensibles productoras de rencor, de odios y de revanchas a menudo sangrientas. Los grupos políticos de izquierda, en particular, son muy astutos para embanderarse con estas circunstancias y ponerlas al servicio de sus proyectos políticos.
El caso de la isla Ytororó va a ser útil para observar cómo se comportan las autoridades: si van a continuar tomando partido por los buitres, como suelen hacer, o van a salvaguardar los bienes y derechos de todos los ciudadanos por más pobres que sean.