El presidente de la República, Horacio Cartes; el presidente de Petropar, Eddie Jara; y el procurador general, Roberto Moreno, se reunieron para considerar cómo encarar el juicio entablado por el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contra el Paraguay, para cobrar la deuda que tiene la estatal paraguaya Petropar con su similar venezolana PDVSA, por el monto de 265.000.000 de dólares, más el interés moratorio del 2%. El caso se ventilará ante un tribunal arbitral de París, según acuerdo contractual de las partes.
Resulta que, en representación de nuestro país, ese trámite deberá ser llevado por un estudio jurídico con experiencia en la materia, a ser contratado para el efecto, cuyo costo en honorarios llegará a un millón de dólares, a los que habrá que sumar 300.000 más para gastos de justicia, cuando menos, según estimaciones oficiales.
¿Cómo se originó este nuevo clavo para nuestro país? Hay dos causas reconocibles para el hombre común: una, la corrupción; otra, la politiquería.
Hasta el aciago momento en que el expresidente Nicanor Duarte Frutos celebró este contrato con PDVSA, el negocio se realizaba de la siguiente manera: los paraguayos adquiríamos el combustible al contado en las estaciones de servicio. Petropar recibía de las gasolineras el pago al contado y, por supuesto, pagaba a sus proveedores al contado. Todo claro, todo ordenado, todo sencillo.
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Pero al entonces presidente Nicanor Duarte Frutos se le ocurrió que podía hacer un “brillante” acuerdo con Hugo Chávez y comprarle el petróleo a crédito, con una financiación calificada entonces de “muy conveniente” para nuestro país. Pero, ¿para qué comprar al fiado algo que ya adquiríamos al contado sin ningún problema? El producto no pasó a ser más barato, es decir, el arreglo Nicanor-Hugo Chávez no favorecía en nada al común y callejero consumidor de combustibles. ¿A quién entonces?
La explicación es sencilla: el dinero contante y sonante que pagábamos los consumidores en las gasolineras pasaron a los bolsillos de las autoridades de turno; “se olvidaron” de transferir el monto correspondiente a la petrolera venezolana, lo que fue acumulando una gigantesca deuda.
Así, esos montos multimillonarios de dinero contante y sonante desaparecieron en los agujeros negros de las administraciones de Nicanor y de Fernando Lugo, ¿Qué hicieron estos dos “próceres de la patria” con tales fortunas que chorreaban todos los días en las arcas de Petropar? ¿Será que es tan difícil la cosa que el procurador general, el contralor general o algún fiscal no puedan agarrar la punta del ovillo para desenredar el hilo que conduzca al lugar en donde desapareció tan cuantioso monto? Los documentos de las operaciones han de estar ahí y será simple cuestión de buscarlos. La pregunta entonces es: ¿por qué no pueden –o no quieren– llegar a los responsables del fatazo?
En aquel momento, cuando se anunció el “espectacular” arreglo que Duarte Frutos suscribía con Chávez, nuestro diario opinó, premonitoriamente, advirtiendo a la ciudadanía que se trataba de un pésimo negocio destinado a fracasar económicamente, a convertir a nuestro país en deudor eterno de Venezuela, y de abrir otra ancha vía para la corrupción en nuestros gobiernos. ¿Quién o quiénes se quedaron con el dinero que no se pagó a Venezuela por el combustible que ya utilizamos? ¿Se lo llevó Nicanor a sus cuentas en el extranjero o pagó con ellas sus grandes adquisiciones inmobiliarias? ¿Lo puso Fernando Lugo a buen recaudo en alguna caja de ahorro en paraísos fiscales? ¿Gastaron una parte en sus campañas electorales o contribuyeron con campañas de correligionarios en el país o en países vecinos?
Quienes tienen la autoridad, los recursos y la obligación legal y ética de averiguar y responder a estas interrogantes son los titulares y agentes de la Procuraduría General, de la Contraloría General, del Ministerio Público y del Poder Judicial. Que sepamos, ninguna de estas oficinas se ha preocupado por investigar en serio este escandaloso robo al erario, mientras el Gobierno ya se prepara para discutir con los acreedores la forma de pagar la deuda, a costa de Juan Pueblo, por supuesto.
De esta manera, una vez más el Gobierno terminará metiendo la mano en el bolsillo del contribuyente –como ocurrió en el célebre “caso Gramont”– para cubrir una deuda generada por gobernantes inescrupulosos, que no solamente no son molestados sino que tranquilamente se preparan de nuevo para pugnar por la Presidencia de la República, invocando dudosos atajos legales para el efecto.
Los ciudadanos y las ciudadanas deben oponerse firme y públicamente a seguir financiando el carnaval de gobiernos corruptos, porque así como van las cosas, serán nuevamente ellos quienes pagarán atrasos, multas, honorarios y gastos judiciales, mientras seguirán esperando que se les arreglen sus escuelas que caen a pedazos, que les mejoren sus caminos y que se provean de medicamentos a los hospitales públicos.
Es hora de que los bandidos de guante blanco se sientan en el banquillo de los acusados en los tribunales.