La infraestructura escolar del Paraguay es la peor de la región latinoamericana, según surge de un informe conjunto de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Allí se lee que los porcentajes de alumnos paraguayos que asisten a escuelas con muy pocas categorías de infraestructura con nivel suficiente son “inaceptablemente altos”. Los paraguayos debemos sentirnos realmente humillados por este informe, que habla de la insensibilidad de las autoridades nacionales –y los políticos que manejan todas las esferas– hacia el sector más importante para el desarrollo de nuestro país.
Eso significa, en otras palabras, que muchas escuelas no tienen agua potable ni saneamiento y que carecen de servicios públicos, así como de espacios pedagógicos o académicos, de áreas de oficinas, de espacios de uso múltiple y de equipamiento en las aulas. Entre el 21% y el 24% de los alumnos estudia en establecimientos que no cuentan con infraestructura suficiente en ninguna de esas categorías o en solo una de ellas.
Los resultados del estudio están lejos de ser asombrosos, ya que la ciudadanía está bien enterada del calamitoso estado de las instalaciones en que se imparte la educación pública. La prensa se viene ocupando con insistencia de la necesidad de poner fin a una situación denigrante para los alumnos y vergonzosa para el país. Ella no tiene nada que ver con la falta de dinero, sino con la corrupción que se lo ha engullido, y la insensibilidad de las autoridades nacionales, departamentales y comunales.
También los docentes y los padres de los alumnos han contribuido, con su inexplicable silencio, a que se siga enseñando bajo los árboles o corriendo el riesgo de que se caiga el techo de un aula con pupitres ruinosos. Pero la responsabilidad principal, desde luego, recae sobre quienes definen las políticas e invierten los fondos previstos para la educación.
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En tal sentido, el informe comparativo del BID y la Unesco, que con toda razón nos deja tan mal parados, señala que las características físicas de las escuelas no dependen necesariamente de la situación económica de los países, sino que son el resultado de las diferencias en el grado de priorización, planificación y eficiencia en la gestión de las políticas públicas.
El art. 85 de la Constitución dispone que “los recursos destinados a la educación en el Presupuesto General de la Nación no serán inferiores al 20% del total asignado a la Administración Central, excluidos los préstamos y donaciones”. Esta plausible norma, que trasunta la importancia que los convencionales de 1992 le dieron a la educación, ha venido siendo aplicada cada año fiscal, sin que ello haya servido para que los edificios escolares estén hoy mejor construidos y equipados. Es que no se trata solo de que el presupuesto educativo sea relativamente elevado, sino que dentro del mismo las partidas estén correctamente asignadas.
Y bien, ocurre que una buena parte de los recursos termina en los bolsillos de la burocracia prebendaria, apadrinada por los politicastros de turno: el Ministerio de Educación y Ciencias llegó a tener nada menos que 140 Direcciones para alojar a los parásitos de siempre, mientras los alumnos tomaban clases en condiciones indignas. Y si a ello se suman el derroche y la corrupción desaforados, no es mucho lo que termina restando para mejorar efectivamente la infraestructura educativa.
Desde 2013 los gobiernos departamentales y municipales han venido recibiendo el 25% de los recursos del Fonacide, debiendo destinar la mitad de ellos al financiamiento de la construcción, la remodelación, el mantenimiento y el equipamiento de centros educativos. Es bien sabido que esos recursos fueron en gran medida malversados por gobernadores e intendentes facinerosos, en complicidad con los concejales departamentales y municipales.
Se robó y se roba impunemente el dinero contemplado para mejorar la infraestructura educativa, porque las autoridades locales, lo mismo que las nacionales, son corruptas e indiferentes a todo lo que hace a la educación.
Si no faltan fondos, tampoco faltan normativas al respecto, como lo muestran el Decreto N° 6589/94 y la Resolución N° 3985/99 del MEC, que disponen que los servicios infraestructurales para la educación primaria tengan agua corriente, sanitarios con inodoros conectados a la red cloacal, energía eléctrica, aulas en buen estado, salón multiuso, biblioteca y otras comodidades. Esas disposiciones son letra muerta porque nuestros politicastros bastardean la educación pública al ponerla al servicio de sus partidos y al de sus paniaguados. Ella no importó durante la dictadura, en la que la corrupción estaba concentrada, y no importa ahora, en que la corrupción está descentralizada.
Como es obvio que la infraestructura influye en el aprendizaje, mientras así continúen las cosas y el Paraguay ocupe el último lugar en América Latina en lo que a ella respecta, nuestros niños seguirán privados de los beneficios de las habilidades que les permitan ganarse la vida en un mundo competitivo, en el que el conocimiento deviene cada vez más relevante. Lo más grave del caso es que se viola el principio constitucional de la igualdad de oportunidades cuando los principales afectados por el drama de la infraestructura educativa son los alumnos provenientes de familias de bajos ingresos.
En otros términos, la politiquería voraz atenta contra el futuro del país y muestra hasta qué grado de miseria se puede llegar cuando a la inmoralidad de quienes deciden las políticas públicas se suma la ineptitud de los burócratas. Por lo tanto, para salvar a la educación en nuestro país es necesario limpiar el escenario político denunciando con firmeza a quienes la destruyen cada día, esos políticos que viven como reyes de la ignorancia de la gente.