Pacto de gobernabilidad, o matrimonio de conveniencia

Como nuestros partidos tradicionales son más bien conglomerados de grupos unidos por el color y la polca antes que por un ideario-programa, sus diversos líderes pueden insultarse hoy para reconciliarse mañana en función del único objetivo común, que es el de conquistar espacios de poder. Eso que los une es precisamente lo que a la vez los separa. Es decir, el internismo feroz surge de que la torta a repartir es demasiado pequeña para tantos comensales. Desde luego, las rencillas suelen tener el ropaje de serias discrepancias sobre graves asuntos de interés público, pues los involucrados pecarían de un exceso de franqueza si admitieran que el problema de fondo es que en el aparato estatal no hay bastantes puestos apetecibles para la multitud de dirigentes con sus respectivas clientelas. En las últimas décadas se crearon nuevos organismos y cargos, pero no alcanzan para satisfacer a todos los presupuestívoros hambrientos. En síntesis, la “gobernabilidad” que prometen asegurar los distintos grupos mediante los pactos, se resume en una feroz repartija de puestos y bienes del Estado.

En este caso, llegó el momento en que, por una razón u otra, “cartistas” y “abdistas” consideraron necesario un “matrimonio de conveniencia” entre quienes hasta hace poco se lanzaban acerbas críticas y acusaciones, con gestos de indignación. La ANR está ahora en una de esas gloriosas coyunturas en las que todo se olvida “por el bien del partido y de la patria”. Se estima que llegó la hora de la pacificación entre los principales bandos, hasta que estalle la próxima pendencia. Como suele ocurrir, esta vez la nueva “unidad colorada” se ha forjado sobre el yunque de un cargo muy apetecible, como lo es el de presidente de la Cámara Baja. Los diputados del movimiento Colorado Añetete votaron para que lo sea Pedro Alliana, candidato del movimiento Honor Colorado, en el periodo de sesiones que empieza el 1 de julio. Como nada sale gratis, el cartismo repitió la cantinela de siempre: que dará “gobernabilidad” al Presidente de la República, apoyando sus iniciativas en el Congreso. O sea que si antes no las había apoyado aunque hayan sido buenas, ahora las apoyará aunque sean malas. No puede haber mayor muestra de cinismo y falta de patriotismo, pues los cartistas admiten que actuarán así solo si se les asegura alguna tajada.

Lo importante para dicho sector es que, en adelante, la Cámara de Diputados será presidida por un cartista de la primera hora que, según adelantó, reincorporará a los funcionarios relegados por el abdista Miguel Cuevas. Lindo regalo nos espera, entonces. ¡Más clientelismo a la vista! El acuerdo se extendería así a la composición del personal, afectando el bolsillo de la gente. En efecto, la regla general es que todo pacto político dentro del partido oficialista impacta en los contribuyentes, en la medida en que supone una nueva repartija de puestos. Juan Pueblo es “el pato de la boda” celebrada no por amor, sino por un beneficio a corto plazo, ajeno al interés general.

No puede descartarse que Mario Abdo Benítez haga otras concesiones al cartismo en materia de nombramientos, ya que es un hombre de palabra, según el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Y como tal, acostumbra retribuir favores políticos con cargos públicos bien remunerados. De los sonados casos del exdirector nacional de Migraciones o del excónsul general en Buenos Aires se desprende que el Presidente no tiene mucha fortuna en este juego del toma y daca. Tampoco la tuvo al promover al actual presidente de la Cámara Baja, Miguel Cuevas, recompensando su traición al cartismo, ni mucho menos al designar a los directores de las entidades binacionales. Cabe conjeturar, en este tren de cosas desagradables, que si el renovado “abrazo republicano” se hubiera dado antes de diciembre de 2017, ni Óscar González Daher habría sido expulsado de la Cámara de Senadores ni la Municipalidad de Ciudad del Este habría sido intervenida por la de Diputados. También es presumible que aquello de “caiga quien caiga” termine en el basurero de la historia, si quien debería caer en el futuro llegara a gozar del ahora fortalecido patrocinio de Horacio Cartes.

La altisonante “gobernabilidad” tendría, pues, un alto costo para la moralidad pública, tanto que bien pueden celebrarla los corruptos de ayer y de hoy. La ciudadanía honesta puede temer que el Presidente de la República sea cada vez más chantajeado por sus nuevos socios, si es que ya no ha capitulado.

El armisticio acordado apunta a una redistribución de prebendas, exenta de todo contenido programático, y es una expresión más de la rastrera politiquería que tanto desprestigia el sistema democrático.

Es preciso que las querellas dentro de las organizaciones políticas sean resueltas sobre la base de ideales comunes y no de meras repartijas, que serán de corto alcance, por su propia naturaleza. Más temprano que tarde, habrá que volver a barajar los naipes y entonces renacerán los conflictos, no precisamente doctrinarios. Tanto en la ANR como en el PLRA se dirimen cuestiones personales antes que nacionales, según se desprende de los apelativos de sus diversos sectores, que llevan “ismos” tras ciertos nombres o apellidos. ¿Hay acaso notorias discrepancias ideológicas entre unos y otros? Rotundamente, no. Lo que hay es una ambición desaforada de poder, como un fin en sí mismo o como un medio para lucrar en la función pública.

Los ciudadanos y las ciudadanas deben negarse a seguir siendo las víctimas de cuanta transa alcancen los dirigentes políticos para aumentar su poder y su fortuna.