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28 de Octubre de 2018

 

Paraguay, mendigo en las empresas binacionales

El Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez ha dado su aprobación al proyecto de actualización tecnológica de Itaipú, que costará unos 660 millones de dólares y será completado en 10 años. Aseguran que será financiado con recursos propios, lo que quiere decir que los desembolsos anuales serán imputados al “costo de operación” de la usina, lo cual, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado, sería ilegal. Sea como fuere, hay dos cuestionamientos básicos por hacer en relación a este emprendimiento. En primer lugar, la inquietud expresada por técnicos paraguayos de que la mayor porción del lote para la actualización tecnológica, como siempre ha ocurrido, se llevarán los brasileños. Pero la inquietud principal tiene que ver con la posibilidad de que este proyecto encierra una artimaña estratégica brasileña destinada a servir de caballo de Troya para, en el momento oportuno, ser instrumentada para posponer la revisión del Anexo C del Tratado pactada para 2023, prolongando así el statu quo expoliador prevaleciente en esa usina. Nuestros socios en los emprendimientos binacionales continuarán llevándose la parte del león hasta que tengamos autoridades decididas a defender con firmeza y patriotismo los intereses del país.

Al parecer, tal como fue anticipado por algunos sectores de la opinión pública con relación a la política del Paraguay en las usinas hidroeléctricas binacionales, el epílogo del entreguista Gobierno de Horacio Cartes va camino a convertirse en el prólogo del nuevo Gobierno presidido por Mario Abdo Benítez. Ya se dio esto con la aceptación lisa y llana del fatídico acuerdo Cartes-Macri sobre la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que, con su métrica de suma cero, otorgó a la Argentina toda la ganancia en juego, y al Paraguay, ni la migaja.

Este acuerdo, más bien, perjudicó aún más a nuestro país. Prolongó por otros treinta años la hegemonía argentina en la administración de la usina binacional, legalizando de paso la sistemática violación del Tratado durante casi medio siglo por parte del Gobierno de ese país; postergó por diez años más el pago de casi US$ 1.000 millones que nos adeuda la EBY por territorio inundado desde hace más de un cuarto de siglo, resarcimiento que, irónicamente, tienen que pagar por mitad los consumidores paraguayos, en vez de los argentinos, quienes en tal lapso se han llevado el 95 por ciento de la electricidad producida por la usina; la deuda impaga es de más de US$ 170 millones en concepto de la mísera compensación que nuestro país recibe con cuentagotas por cederle su electricidad a nuestro vecino y socio. Finalmente, la concesión a la Argentina para construir en territorio paraguayo a su gusto y paladar la central hidroeléctrica en el Brazo Aña Cua, no prevista en el Tratado, y que nuestro país no necesita, pero de la que está obligado a correr con el 50 por ciento de su financiación a través de su activo en la EBY, pese a que su lugar de emplazamiento está íntegramente en territorio paraguayo y, por tanto, no debió ser un emprendimiento binacional. 

Igual a lo ocurrido en Yacyretá, el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez ha dado su aprobación al proyecto de actualización tecnológica de Itaipú, una iniciativa del Gobierno de Brasil pergeñada por la dupla Samek-Spalding, prestamente aceptada por el presidente Cartes hace casi tres años, pero en suspenso a raíz de la crisis política suscitada por el escándalo del “Lava Jato”, que derivó en la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y del propio director general Samek. 

Según informaron las autoridades de la margen paraguaya de la binacional, el servicio técnico de referencia costará unos US$ 660 millones y será completado en 10 años. Aseguran que será financiado con recursos propios, lo que quiere decir que los desembolsos anuales serán imputados al “costo de operación” de la usina, lo cual, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado, sería ilegal; al igual que los “costos sociales y ambientales” convenidos durante el Gobierno de Nicanor Duarte Frutos al margen de la formalidad de notas reversales intercambiadas tras su aprobación legislativa en ambos países. 

Sea como fuere, hay dos cuestionamientos básicos por hacer con relación a este acuerdo aprobado por nuestro Gobierno. Uno, más bien de regateo comercial, que sin dejar de interesar al Gobierno paraguayo –que tiene la obligación de velar por los intereses de las empresas nacionales, tanto dentro como fuera del país– causa irritación porque, como en el pasado, viola el principio de equidad subyacente en el espíritu del Tratado, entre condóminos por partes iguales en cuanto a derechos y obligaciones. En efecto, la adjudicación del Lote 1 exclusivamente a empresas brasileñas, o extranjeras establecidas en ese país, es por un monto de US$ 425 millones, en tanto que los Lotes 2 y 3, reservados para empresas paraguayas, totalizan solo US$ 235 millones. 

Sin embargo, la inquietud mayor de los paraguayos interiorizados en estos temas tiene que ver con la posibilidad de que este proyecto encierra una artimaña estratégica brasileña destinada a servir de caballo de Troya para, en el momento oportuno, ser instrumentada para posponer la revisión del Anexo C del Tratado pactada para 2023, prolongando así el statu quo expoliador prevaleciente en la usina hidroeléctrica binacional. 

Esta inquietud está justificada por el recuerdo de la artera maniobra diplomático-burocrática del Gobierno brasileño que derivó en un perjuicio para los intereses del Paraguay en Itaipú de US$ 4.194 millones –más conocida por la opinión pública paraguaya como la “deuda espuria”–, reconocida indebidamente por el Gobierno de Juan Carlos Wasmosy en marzo de 1997. Como está documentada en los registros de Itaipú, esta deuda se originó durante la presidencia de José Sarney a través de la llamada “Ley Funaro”, de febrero de 1986, que obligó a Itaipú Binacional (con la aprobación del director adjunto paraguayo, Enzo Debernardi) a reducir la tarifa de venta de la electricidad generada en la usina por debajo de su costo de operación establecido en el Anexo C del Tratado, de US$ 16,50/Mw a US$ 10/Mw. 

Como es sabido, con esta arbitraria medida financiera de las autoridades brasileñas –como siempre, con la presta aquiescencia de las autoridades paraguayas– en 10 años la deuda de la entidad de US$ 16.000 millones trepó a US$ 20.000 millones. De no haber sido por este abuso financiero antipatrióticamente asumido por el Gobierno de la época, nuestro país ya hubiese tenido saldada su porción de la deuda en el 2012, como lo consignó en su conocido informe el prestigioso economista norteamericano Jeffrey Sachs. 

La justificación del actual director general paraguayo, José Alberto Alderete, y de su director técnico, José Sánchez Tillería, con relación a la manifiesta inequidad en la repartija del dinero destinado a beneficiar a cada una de las márgenes, es inconsistente, por decir lo menos, pues, como lo señalamos más arriba, por el Tratado ambos países tienen iguales derechos y obligaciones. Y en este caso, el Gobierno de Mario Abdo Benítez, en vez de exigir el cumplimiento del Tratado en cuanto al equitativo reparto de oportunidades y de beneficios, optó por aceptar el monto de contrato asignado a empresas paraguayas en la mesa de negociaciones. Es de imaginar que Alderete le habrá dado buenas razones para aceptar tan desigual trato, cuestionado por técnicos compatriotas. 

Nuestros socios en los emprendimientos binacionales continuarán llevándose la parte del león hasta que tengamos autoridades paraguayas decididas a defender con firmeza y patriotismo los intereses del país.

 
 

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