Como ocurre todos los años, el periodo lectivo se ha iniciado con notables dificultades en casi quinientos centros educativos públicos. Lo novedoso ahora es que los alumnos están perdiendo horas de clase, que no serán recuperadas, aunque los docentes se hayan abstenido de ir a la huelga. Esta vez, la enseñanza ha sido saboteada por el propio Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que no previó oportunamente el reemplazo de más de 2.300 educadores, que se han jubilado en los últimos meses.
La explicación que dio el viceministro Robert Cano para excusar la grave negligencia es realmente asombrosa: “Los maestros se jubilan cuando quieren”, de modo que sería imposible cubrir a tiempo las vacancias. O sea que ni siquiera deberían informar que han iniciado los trámites administrativos correspondientes, que con toda certeza no habrán de concluir en un par de días. Para que puedan planificarse las sustituciones, el MEC y las organizaciones gremiales de los docentes acaban de acordar que ellos solo podrán jubilarse en julio y enero de cada año.
Es decir, la crisis no habría estallado si el MEC hubiese regulado a tiempo la cuestión para no verse forzado ahora a recurrir, a las disparadas, a un “concurso especial” para nombrar por tres meses a unos docentes interinos, de entre quienes habían fracasado en anteriores concursos. Entretanto, se llevará a cabo el “concurso normal” para designar a los definitivos. Los alumnos estarán así expuestos a unos maestros y profesores provisorios, hasta tanto se arregle la situación provocada por la desidia ministerial. Conste que, según el Sindicato Nacional de Directores de Instituciones Educativas del Paraguay (Sinadi), a este precario arbitrio ya apelaron administraciones anteriores, con la sola diferencia de que lo habrían hecho a tiempo. Esto implica que hay en esta cuestión una deficiencia institucional de larga data que, como es obvio, afecta a la enseñanza.
Y esta es precisamente la cuestión que debe atenderse siempre que surja algún conflicto gremial o político en este ámbito. Sus víctimas son siempre los niños y jóvenes de las escuelas y colegios públicos que, en su gran mayoría, provienen de hogares de bajos ingresos. Las disputas entre los docentes y el ministro de turno, o entre este y los políticos, por el motivo que fuere, no deben interferir en su proceso de aprendizaje. Las cuestiones salariales o políticas deben mantenerse alejadas de los alumnos. En esas peleas siempre hay un perdedor ajeno a ellas, que es el estudiante que tiene la necesidad de capacitarse en su beneficio y en el del país. El art. 74 de la Constitución le reconoce “el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades de acceso a los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y de la tecnología, sin discriminación alguna”. Vale subrayar el principio de la “igualdad de oportunidades”, también mencionado en el art. 47, porque apunta a que los hijos de familias de escasos recursos puedan prosperar más tarde, gracias a la educación antes recibida. No se debe garantizar la igualdad en la llegada, pero sí en el inicio de la carrera por la vida.
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Por tanto, el serio problema referido no debería ser aprovechado por quienes buscan la destitución del ministro Eduardo Petta por el inaceptable motivo de que no estaría retribuyendo con cargos los servicios prestados por sus correligionarios “añetete” en los últimos comicios. Las críticas que se le puedan hacer deben apuntar, exclusivamente, a defender el interés general de que los alumnos reciban una buena formación, mediante la enseñanza impartida por unos docentes idóneos que cumplen con la carga horaria establecida, sin interferencias de ninguna índole. Dado que el MEC es un botín muy codiciado para satisfacer ambiciones políticas y económicas, a costa de la educación pública, no debería sorprender que quien hoy lo dirige esté en la mira de quienes pretenden manejar la institución con fines bastardos.
Ahora bien, el hecho de que sus críticos tengan objetivos aberrantes no implica, contrario sensu, que el ministro Petta esté cumpliendo un buen papel. Hasta ahora no ha esbozado, por lo menos públicamente, cuáles son sus metas, propósitos y planes con respecto a la educación que se requiere para que nuestro país no se quede a la vera del camino del mundo actual. De su hasta ahora decepcionante gestión se desprende que no tiene una idea clara de lo que se debe hacer desde el MEC para sacar al sistema educativo de su larga postración.
Aplaudimos, en su momento, su declarado propósito de despartidizar la educación y combatir las corruptelas. En cuanto a esta última promesa, fue loable que, a poco de asumir el cargo, haya conformado un equipo de trabajo que detectó 580 casos de políticos-docentes planilleros, 93 de los cuales habrían sido “graves”. Sin embargo, quedó en agua de borrajas el anuncio de que estos casos “asquerosos” serían revelados al Ministerio Público y hasta hoy se ignoran los resultados de los sumarios administrativos instruidos. Conste que el art. 286 del Código Procesal Penal obliga al ministro a denunciar los hechos punibles de acción pública que conozca en el ejercicio de sus funciones. Cabe deducir, pues, que solo se montó un espectáculo para hacer creer que se iba a limpiar su institución de la podredumbre que le afecta desde hace décadas. En otras palabras, el ministro mintió a la ciudadanía. No hay que seguir jugando con la educación pública, en perjuicio de los alumnos de menos recursos.
Para mejorar el calamitoso sistema educativo no basta, ni mucho menos, con aumentar el Presupuesto del MEC, destinándole el 7% del producto interno bruto, como lo sugiere la Unesco y lo exigen nuestras organizaciones estudiantiles. La cuestión va mucho más allá del dinero, pues también pasa –y mucho– por la honradez y la eficiencia administrativas. Hay funcionarios superfluos con “rubros de docentes”, que se aglomeran en los pasillos del MEC, esperando ser comisionados a algún lugar; hay torpezas, como la que hoy impide que se esté enseñando; hay docentes ineptos, que solo quieren cobrar más; y hay notorias injerencias político-partidarias, que no apuntan precisamente al bien común. Tampoco debe olvidarse a unas 1.200 personas que ocupan cargos electivos y a la vez hacen de educadores: la actual administración informó que solo 99 de los intendentes y concejales investigados habrían demostrado que en verdad imparten clases.
Mientras no se eliminen estos serios obstáculos, se podrá seguir destinando a la educación, como mínimo, al menos el 20% del Presupuesto asignado a la Administración Central, excluidos los préstamos y las donaciones, tal como manda el art. 85 de la Ley Suprema, pero los niños y jóvenes seguirán padeciendo el infortunio que supone, aparte de concurrir a aulas ruinosas, perder horas de clase por las huelgas de los docentes, por lo general incapaces, o por la ineficacia de los burócratas, a menudo corruptos.
Para ir eliminando esas miserias, es imperioso aislar el sistema educativo de las pugnas acostumbradas, cuyo desenlace nunca favorecerá a los educandos, por la simple razón de que los contendientes no buscan precisamente que ellos puedan ejercer con plenitud su derecho a aprender. Solo aspiran a imponer sus intereses corporativos o personales, en detrimento del país todo, en última instancia.