Nuestra administración pública se distingue no solo por la corrupción desaforada, sino también por el derroche descomunal. Se roba mucho, y también se malgasta a diestra y siniestra el dinero de todos, como si las necesidades básicas de la población ya estuvieran satisfechas y los ingresos del fisco fueran inagotables. Dado que se ignora el concepto de austeridad republicana, los fondos públicos se dilapidan para el lucimiento y el recreo de burócratas, magistrados y legisladores. En las altas y medianas esferas son de rigor las oficinas bien montadas, los vehículos lujosos y una buena gastronomía, como también los viajes de placer al exterior, con todos los gastos pagos.
En ese sentido, continuando con la generosidad de “papá Estado”, en 2017 las excursiones de los servidores públicos costarán a los contribuyentes la friolera de 326.570 millones de guaraníes (unos 58 millones de dólares), un 5,2% más que este año, según el proyecto de Presupuesto General.
La mayor parte de estos fondos se destinará al pago de pasajes y de estadías en sitios, generalmente turísticos en que se realizan los congresos, los seminarios, los simposios o las asambleas. Estas reuniones son presentadas como de innegable importancia para el desarrollo político y socioeconómico del país, por los organismos en que medran los viajeros, que a veces van acompañados por sus respectivas secretarias privadas. Desde luego, esa apreciación es compartida por los legisladores, siempre tan interesados, ellos también, en darse un paseo por el mundo, supuestamente para recoger conocimientos y experiencias que les ayuden a mejorar su desempeño, pese a que, muchas veces fueron las agencias de viajes las que detectaron los eventos y los propusieron los legisladores, como se ha comprobado.
Un caso emblemático de afición a las escapadas al exterior es el de la diputada Esmérita Sánchez (PLRA), quien entre julio de 2013 y marzo de 2015 realizó once viajes a ciudades tales como Madrid, París, Lausana, Taipéi y México D.F., cobrando en concepto de viáticos, por siete de esos paseos, unos jugosos 46.760.250 guaraníes. El titular de esa Cámara, Hugo Velázquez, debería dar a conocer la utilidad que ha traído el periplo de la citada viajera a costa del contribuyente.
Debe admitirse que los diputados se han vuelto algo más hogareños, luego de que en 2014 estallaran los escándalos protagonizados por Carlos Portillo (PLRA) y Jorge Baruja (ANR). El primero percibió un viático de 20 millones de guaraníes para un viaje a Las Vegas, que no realizó, y el segundo se llevó igual suma a Cancún para asistir a un congreso sobre menopausia, que se realizó tres meses más tarde al viaje del legislador. Como se ve, el despilfarro va unido a la corrupción pura y dura.
De hecho, la rendición de cuentas de los viajeros es ocasión de múltiples corruptelas, como la perpetrada en 2008 por el inefable Camilo Soares, entonces titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), cuando presentó a la Contraloría General de la República la factura adulterada de un hotel madrileño, en la que figuraba un costo de 969 euros en vez de 27 que habría costado. Encima, recibió por cinco días un viático de 18 millones de guaraníes pese a que los gastos de estadía iban a ser cubiertos por los organizadores del evento al que asistió.
La Justicia Electoral, a su vez, juega un destacado papel en esta bochornosa materia, incluyendo la corrupción: Luego de revelarse que dilapidó 2.452 millones de guaraníes para que más de 50 de sus funcionarios inscribieran a paraguayos residentes en España, Argentina, Brasil y Estados Unidos, de cara a los comicios municipales de 2015, salieron a la luz los viáticos inventados para que los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) gocen de un sobresueldo. Sirvió de detonante la constatación de que la miembro María Elena Wapenka se reunió supuestamente con jueces y funcionarios electorales de Itapúa, cuando en realidad en esas mismas fechas la descarada mujer se alojaba en un hotel guatemalteco de cinco estrellas, a costa de los contribuyentes.
Los casos referidos, entre tantos otros de igual o mayor gravedad, deberían de haber alertado al Ministerio de Hacienda en el sentido de ser mucho más riguroso al estudiar las sumas para pasajes y viáticos solicitadas por las entidades en sus correspondientes anteproyectos. En dicho rubro, el proyecto de Presupuesto exhibe importantes reducciones con relación a la Defensoría del Pueblo (-97%), al Ministerio de la Defensa Pública (-70.7%) y a la Contraloría General de la República (-43,7%), pero a la vez notables aumentos con respecto al Ministerio de Agricultura y Ganadería (92,2%), al Consejo de la Magistratura (79,4%), al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (71,3%) y al Ministerio de Educación y Cultura (60,4%). Las disminuciones están plenamente justificadas, atendiendo la inoperancia de las instituciones referidas, sobre todo las dos primeras. En cuanto a los incrementos, es de esperar que los Ministerios de Agricultura y Ganadería y de Educación y Cultura no los derrochen en paseos al extranjero, sino que los destinen a asistir a los labriegos y a los docentes del interior del país, controlando estrictamente la rendición de los viáticos.
En relación con el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cuesta creer que necesiten, respectivamente, 1.145 millones y 156.153.700 guaraníes para pasajes y viáticos dentro del territorio nacional, de modo que cabe concluir que una gran parte de esas cantidades irá a parar a las agencias de turismo, para solaz de los consejeros, de los jurados y de sus funcionarios.
La eliminación de los gastos innecesarios, como los comentados, permitiría liberar considerables recursos para los programas sociales y pondría fin a la farsa que suponen esos viajes al exterior que poco o nada benefician al país. Es de esperar que, por una vez, el Congreso piense en los compatriotas necesitados antes que en los turistas de la función pública, eliminando o reduciendo sustancialmente las sumas presupuestadas en este rubro.