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    Cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables. Precipitaciones y tormentas eléctricas moderadas.

  • Jueves 20

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    Cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste. Precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas.

  • Viernes 21

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    Cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables. Precipitaciones dispersas.

  • Sábado 22

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    Cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del norte.

  • Domingo 23

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    Caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del norte. Precipitaciones y ocasionales tormentas electricas al final de la jornada.

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03 de Marzo de 2018

 

Peajes, otra dudosa licitación del MOPC

Todo parece indicar que el MOPC está embarcado en concretar un nuevo sospechoso fato de grandes proporciones antes de la finalización de esta administración. El negociado de la privatización de los peajes ha sido revelado y sus protagonistas puestos al descubierto, pero aún así la decisión de consumarlo parece estar firme. Recordemos que, con el pretexto de mejorar las estaciones y así aumentar la recaudación, años atrás la cartera ministerial financió la supuesta modernización de los puestos llegando a abonar la sideral suma de 17 millones de dólares. Una vez recibidos estos puestos se orquestó el verdadero negocio: la privatización, que está sospechado de varias irregularidades en relación con una de las empresas adjudicadas, la uruguaya Ramón C. Álvarez. El MOPC no demostró un interés real por aclarar el asunto y, lejos de cancelar la licitación, solo dejó en suspenso la firma del contrato a las resultas de un informe solicitado sobre la mencionada firma uruguaya. Ante tan dudosos procedimientos que se dan en esa cartera, los ciudadanos y las ciudadanas deben estar muy atentos para denunciar las irregularidades que detecten en estos proyectos, que al parecer, más que mejorar las condiciones de la red vial o la circulación por las rutas, buscan recaudar para la corona.

Todo parece indicar que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) está embarcado en concretar un nuevo sospechoso fato de grandes proporciones antes de la finalización de esta administración, en agosto próximo. El negociado de la privatización de los peajes ha sido revelado y sus protagonistas puestos al descubierto, pero aun así la decisión de consumarlo parece estar firme.

Recordemos que, con el pretexto de mejorar las estaciones y así aumentar la recaudación, años atrás la cartera ministerial financió la supuesta modernización de los puestos llegando a abonar la sideral suma de 17 millones de dólares. Una vez recibidos estos puestos se orquestó el verdadero negocio: la privatización.

Como ha venido siendo costumbre en esa cartera de Estado, debido a las irregularidades publicadas en su momento, una primera licitación fue cancelada sin aclararse los motivos oficiales de esta decisión. Sin embargo, como el negocio ya estaba montado y había que ejecutarlo a como dé lugar, se convocó a un segundo llamado que igualmente está plagado de irregularidades, y en el que una de las empresas adjudicadas, la uruguaya Ramón C. Álvarez SA, está acusada de haber falseado datos para competir. En este llamado, la firma en cuestión aparece consorciada con la paraguaya CDD, de César Daniel Delgado, habitual integrante de la llamada “rosca vialera”.

Una de las irregularidades tiene que ver con que, días después de haberse hecho la adjudicación, el MOPC recibió vía correo electrónico la denuncia de la Corporación Vial del Uruguay (CVU), que desmentía la supuesta experiencia específica en obras similares, que había declarado tener Ramón C. Álvarez para adjudicarse la operación por 10 años de un total de 13 puestos de peaje a lo largo del territorio nacional. Aun más, las mentiras de la mencionada empresa no terminan allí, ya que según otras evidencias tiene apenas tres años y cinco meses de experiencia y no alcanzaba siquiera los cuatro años requeridos en la licitación, según surge de una resolución emanada del Tribunal de Cuentas del Uruguay, que intervino en un juicio que involucró a la CVU y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas de ese país.

Sospechosamente, por decir lo menos, el MOPC no demostró un interés real por aclarar el asunto y, lejos de cancelar la licitación, solo dejó en suspenso la firma del contrato a las resultas de un informe solicitado a la CVU. Y aquí cabe formular la misma pregunta que surgió en relación con la licitación del aeropuerto y la firma española SACYR: ¿por qué dicha cartera insiste en concretar negocios con empresas de dudosa trayectoria? ¿Qué intereses hay de por medio?

La viceministra de Finanzas del MOPC, Marta Benítez, insólitamente justificó la no cancelación del llamado a licitación con el temor de que la empresa Ramón C. Álvarez SA demande a esa cartera de Estado. Esta respuesta de la viceministra revela una supina ignorancia sobre asuntos que competen a sus funciones, pues la Ley de Contrataciones Públicas, en su artículo 31, dispone claramente que “Las Convocantes podrán cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelarla cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de adquirir o arrendar los bienes, contratar la prestación de los servicios o ejecutar las obras, o que de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar daño o perjuicio a los organismos, las entidades y a las municipalidades: en todos los casos de cancelación de la licitación los oferentes no tendrán derecho a reembolso de gastos ni a indemnización alguna” (las negritas son nuestras).

Como si todo esto fuera poco, el MOPC no solo ya recibió el informe desde Uruguay y oculta su contenido a la ciudadanía, sino que además estaría maniobrando para que ese informe no sea divulgado.

En lo que a todas luces parece ser un desesperado intento de “blanquear” la licitación, el titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, convocó recientemente a una auditoría “con carácter urgente”. Además, remitió los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) buscando un aval. Recordemos que el actual titular de esta dependencia es Santiago Jure, anterior director jurídico del MOPC, es decir, del equipo de Jiménez Gaona.

Esta licitación para el peaje retrotrae a la memoria que, en ocasión del tema del aeropuerto y la empresa SACYR, el ministro Jiménez Gaona muy astutamente también había ordenado una auditoría, igualmente con tufo blanqueador, pero cometió el “error” de dar participación a la Contraloría, que tuvo el tino de señalar las irregularidades de esta licitación, con lo que el tiro le salió por la culata, como suele decirse popularmente. Para esta nueva auditoría el ministro ya no quiso arriesgarse y no invitó a participar a la Contraloría. Es mejor auditarse a sí mismo, sin moros en la costa.

Ante tan dudosos procedimientos que se dan en esa cartera, los ciudadanos y las ciudadanas deben estar muy atentos para denunciar las irregularidades que detecten en estos proyectos, que al parecer, más que mejorar las condiciones de la red vial o la circulación por las rutas, buscan recaudar para la corona.

 
 

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