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Las cuatro horas de terror que vivió antes de ayer la ciudad de Pedro Juan Caballero, en la frontera con el Brasil, evidencian hasta qué punto el crimen organizado ha clavado sus garras en nuestro país. Es alucinante que decenas de sicarios, provistos hasta de una ametralladora antiaérea, se hayan batido al mejor estilo del Oeste americano para ultimar a un conocido delincuente afincado como empresario en la zona, Jorge Rafaat, que se desplazaba en un vehículo blindado y estaba escoltado por unos quince guardaespaldas. Los atacantes también prendieron fuego a los locales comerciales que servían para disimular la verdadera fuente de ingresos del hoy fallecido.
Los asesinos prácticamente coparon esta localidad fronteriza, que se ha convertido en algo muy parecido a la mexicana Ciudad Juárez de hoy o a la Chicago de los tiempos de Al Capone. En la capital departamental paraguaya, las bandas mafiosas pueden dirimir sus conflictos mediante tremendas balaceras sin que los organismos de seguridad locales hagan nada para impedirlas o reprimirlas. No ocurre lo mismo en la vecina Ponta Porã, cuyas autoridades de inmediato cerraron la frontera con motivo de la barbarie desatada. Entonces, surge la cuestión de por qué solo en este lado de la avenida limítrofe hay tantos asesinatos y matones armados hasta los dientes que se pasean a la vista y paciencia de la Policía Nacional y de los agentes de la Senad. Los sicarios matan en el lado paraguayo y acostumbran huir al brasileño; el camino inverso es raramente frecuentado.
Aquí cabe mentar la omnipresente corrupción. Es sabido que el sueño dorado de un funcionario policial, de la Senad o de Aduanas es prestar servicios en Pedro Juan Caballero, por la fortuna fácil y rápida que se puede conseguir tan solo con hacer la “vista gorda” a los ilícitos que allí ocurren.
Aparte de la Policía Nacional, también está profundamente contaminada la clase política local, según se desprende de las graves acusaciones que suelen intercambiar sus miembros. Por ejemplo, en 2013, el senador Robert Acevedo y el gobernador Pedro González se acusaron mutuamente de haber encargado el asesinato del periodista Carlos Manuel Artaza y de estar asociados con narcotraficantes. El año pasado, los concejales departamentales César Quevedo y José María Bogado fueron apresados por presunta vinculación con una carga de 252 kilos de cocaína que, tras ser incautados, fueron sustraídos de la Jefatura Departamental de la Policía Nacional por el aún prófugo Clemencio González, un narcotraficante que habría contado con la protección del gobernador citado.
Los responsables de tanto desquicio deben ser buscados no solo en Pedro Juan Caballero, sino también en Asunción. El pusilánime ministro del Interior, Francisco de Vargas, le debe más que nunca una completa explicación a la ciudadanía sobre lo que ha hecho desde que asumió el cargo para remediar esta insostenible situación. Si tomó algunas medidas, corresponde que explique las razones por las cuales estas no han contribuido a brindar seguridad a la población, salvo que crea que lo ocurrido anteayer es un episodio menor en la historia del crimen en Paraguay, sobre el que no vale la pena explayarse.
Conste que Jorge Rafaat ya había sobrevivido a un intento de asesinato el 7 de marzo último gracias a la intervención de sus guardaespaldas. La Policía Nacional solo actuó para incautar un vehículo blindado, también dotado de una ametralladora antiaérea, que los agresores utilizaron. Pocos días después, se descubrió todo un arsenal clandestino en una vivienda asuncena, lo que hace suponer que las armas utilizadas por el crimen organizado pueden ser fácilmente obtenidas en el mercado local. O sea que, mientras nuestros legisladores estudian un proyecto de ley tendiente a poner trabas a la tenencia de armas a particulares, el crimen organizado puede proveerse sin ningún problema hasta de armas sofisticadas, costosas y de muy grueso calibre.
En vez de impulsar la sanción de nuevas leyes que no habrán de cumplirse, lo que hace falta es que los órganos de seguridad apliquen estrictamente las ya existentes. Tampoco tendría mucho sentido declarar el estado de excepción, como ya lo ha propuesto en una reacción inmediatista el senador Fernando Silva Facetti, porque el problema de fondo radica en la corrupción y en la ineficiencia, que continuarán mientras los poderes políticos sigan siendo cómplices o haciendo la vista gorda al drama cotidiano de los pedrojuaninos.
Al Presidente de la República, más embebido en las rencillas políticas partidarias que en ocuparse de su función, le gusta invocar los datos estadísticos del Ministerio del Interior para demostrar una supuesta disminución de los delitos, mientras la gente no puede salir a las calles por temor a los asaltos y convierte sus viviendas –los que pueden– en búnkeres por temor a los malvivientes.
En el departamento de San Pedro hay “zonas liberadas” que escapan al control del Estado. Pedro Juan Caballero está al borde de convertirse en una “ciudad liberada”, si es que ya no lo es. A este paso, el presidente Horacio Cartes nos va a dejar no solo una enorme deuda pública sino, además, un Estado en manos de narcotraficantes y un pueblo indefenso a merced de delincuentes de toda laya. Si no va a ser así, es hora de que lo demuestre.