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Alberto Romero Centurión, secretario de organización del Partido Tekojoja y funcionario del Senado, informó que entre 20.000 y 30.000 campesinos se aprestan a llegar a la capital para exigir al Congreso la aprobación de la enmienda constitucional que permita a Fernando Lugo postularse a la reelección para la Presidencia de la República en los próximos comicios generales. Por su parte, el senador Luis Alberto Wagner (PLRA) advirtió que si el oficialismo presenta un proyecto de enmienda que permita la reelección, una multitudinaria contramarcha “anticartista” tomará el Palacio de Gobierno en menos de una hora.
Estas alucinantes expresiones revelan el alto grado de crispación política que han provocado el presidente Cartes y el senador Lugo, secundados por el senador Blas Llano (PLRA), en su respectivo empeño por aferrarse al poder o por retornar a él. Se ha llegado al colmo de que se anuncia públicamente la comisión de delitos contra órganos constitucionales, como si fuera la cosa más natural del mundo.
En efecto, los arts. 286 y 287 del Código Penal castigan con hasta diez años de prisión a quien mediante la fuerza o la amenaza de fuerza coaccionara al Congreso, a sus Cámaras o a una de sus comisiones, así como al presidente de la República y a un legislador, con el fin de que no ejerzan sus facultades o lo hagan en un sentido determinado. La ley suprema reconoce a las personas el “derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos”, es decir, no les reconoce la potestad de forzar a las autoridades legítimamente constituidas a tomar o a dejar de tomar alguna decisión.
Sitiar el Palacio Legislativo y ocupar el Palacio de López son actuaciones ajenas al ejercicio del derecho a peticionar, y configuran hechos punibles que requieren la intervención del Ministerio Público. Es inadmisible que un funcionario del Senado y un miembro de este órgano legislativo, y, en general, cualquier persona, alienten manifestaciones violentas. También lo es que el senador Sixto Pereira alegue que la ciudadanía urge que se hagan manifestaciones de fuerza para apoyar a Fernando Lugo en la descabellada pretensión que está impulsando, como si ello fuera un argumento suficiente para pisotear la Constitución y la ley.
En verdad, son los políticos quienes están detrás de todos estos operativos, como se desprende de los dichos del funcionario antes citado: la movilización tendrá lugar, en principio, en marzo, pero “que se adelante o no dependerá de los políticos”, es decir, de los dirigentes del Frente Guasu, en este caso. Quieren utilizar a sus seguidores como instrumentos para presionar al Congreso o al Presidente de la República, como medios para alcanzar un fin, denotando de este modo su catadura moral.
Así las cosas, el principal responsable de la situación planteada, que amenaza con desbordarse cada vez más, es el propio presidente de la República, Horacio Cartes, quien el 31 de octubre de 2016 emitió un mensaje informando que había pedido a la bancada oficialista de la Cámara Baja el rechazo del proyecto de enmienda constitucional, porque “somos testigos de la crispación y tensión que ha generado”. Según aseguró en la ocasión, él no iba a ser “partícipe de ese camino”, pero ahora lo está recorriendo y agravando el caldeado ambiente por él mismo constatado. Nunca se retractó de aquellas atinadas palabras, de lo que cabe colegir que cuando las pronunció lo único que hizo fue mentir descaradamente a la opinión pública.
Mientras nuestras autoridades y políticos están encerrados en esta bolsa de gatos en que se convirtió la pelea por la disparatada enmienda constitucional, el país marcha a la deriva, con recrudecimiento de las necesidades de la población y de la violencia. La banda criminal EPP sigue teniendo en sus garras a Edelio Morínigo, Abrahán Fehr, Franz Wiebe y Félix Urbieta. De una estancia de San Pedro se robó la descomunal cantidad de ¡1.800 cabezas de ganado!; los niños están por iniciar las clases habiendo 700 escuelas con riesgo de desplomarse; una parturienta de Capiibary por poco pierde la vida porque el Dr. Fredy Brítez, director del Centro de Salud de esa localidad, médico forense del Ministerio Público y presidente de la Seccional Colorada local, no tuvo tiempo para ocuparse de ella, acaso porque estaba mucho más interesado en el tema de la enmienda constitucional.
Ajenos a estos dramas, el presidente Horacio Cartes y los senadores Fernando Lugo y Blas Llano continúan atizando el inconstitucional proyecto de la reelección. La ciudadanía, en general, y el sector productivo, en especial, tienen sobrados motivos para inquietarse ante el enfrentamiento violento en ciernes por obra y gracia de la ambición desmedida de estos políticos, y de otros que atizan la idea desde las sombras.
El tiroteo constante entre los políticos no responde al interés general sino al particular de los contendores. Unos quieren violar la Constitución para seguir mandando y otros quieren defenderla para que les llegue el turno a ellos. Un caso especial es el del senador Fernando Silva Facetti (PLRA), quien admitió que la enmienda constitucional no es la vía idónea para permitir la reelección presidencial, pero no obstante adelantó su voto a favor de ella porque solo así la oposición podría ganar en 2018, con Fernando Lugo a la cabeza.
Como se ve, estos políticos descarados están cebados, y nadie les va a sacar de la cabeza su intención de permanecer en el sillón de los López o volver a ocuparlo mediante malas artes. Horacio Cartes, Fernando Lugo, Blas Llano y quienes les secundan en esta peligrosa aventura serán los responsables directos de la violencia en que pueda degenerar la crispación que se siente en el ambiente político y social del país, y deberán responder por las consecuencias.