La agenda política de los últimos días está cargada innecesariamente de temas que guardan relación con cuestiones largamente debatidas en su momento, como la reelección presidencial, la doble remuneración en la función pública y el juicio político a miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Los actores políticos siguen discutiendo inútilmente estos y otros asuntos que ya fueron debatidos en el año 1991 durante la campaña electoral para elegir a convencionales constituyentes y que fueron definidos en el texto de la Constitución del año 1992, es decir, hace un cuarto de siglo.
Por ejemplo, la Constitución establece de manera rotunda y categórica que el presidente y el vicepresidente “no podrán ser reelectos en ningún caso”, pero ahora están inventando el cuento de que el texto constitucional no alcanza a los expresidentes de la República, desechando grotescamente del artificial debate la situación de que los mismos serían igualmente reelectos si se diera el caso de tener que distorsionar el texto y el espíritu de la Constitución para interpretarla en favor de Fernando Lugo y de Nicanor Duarte Frutos, los dos principales exmandatarios que aspiran a la reelección.
Por otro lado, se dan constantemente casos de personas que cobraban dos sueldos o remuneraciones en la función pública, como los concejales Víctor Cogliolo e Ignacio Brítez, quienes además de sus dietas municipales venían percibiendo jugosos sueldos en Itaipú Binacional, sin que se sepa de ningún aporte extraordinario de los mismos ni en los municipios donde fueron elegidos ni en la empresa hidroeléctrica.
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Una vez más, desde el año 1992 este problema tiene solución irreversible. El artículo 105 de la Constitución establece que “ninguna persona podría percibir como funcionario o empleado público más de un sueldo o remuneración simultáneamente, con excepción de los que provengan del ejercicio de la docencia”.
Asimismo, con el fin de tratar de eludir esta clara disposición, algunos personajes que ejercen cargos electivos insisten en la peregrina y distorsionada teoría de que ellos no son funcionarios y por tanto están fuera del alcance del citado artículo constitucional. Pero como los brazos de la justicia se extienden de manera generosa en especial hacia quienes tienen vínculos e influencias para eludir la ley, los fiscales y jueces no tienen interés en ocuparse de estas cuestiones.
Lo mismo puede decirse del caso de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, para quienes la Constitución establece que solo podrán ser removidos por juicio político y que cesarán en el cargo cumplida la edad de 75 años, pero se sigue discutiendo si el caso de ellos es equiparable al de los magistrados, que deben ser confirmados en el cargo para que adquieran inamovilidad.
En todos estos casos es cuestión de recurrir simplemente a la Constitución para terminar con el debate estéril en el que se está inmerso y continuar con la vida del país. Pero como hay gente que vive tratando de anteponer sus intereses personales y grupales, generalmente partidocráticos, crean deliberadamente conflictos ficticios tratando de sacar tajadas de problemas que en realidad no existen.
La ciudadanía debe estar alerta frente a situaciones creadas por personajes advenedizos, generalmente averiados ética y políticamente, que intentan pulverizar la Constitución, que si bien puede tener sus falencias, no se puede desconocer que es el único instrumento de consenso nacional con que contamos para nuestra convivencia civilizada.