Estamos, sencillamente, ante dos perjuros y mentirosos, pues hablamos de los mismos repudiables personajes que hoy justamente buscan pisotear la Constitución para mantenerse en la jefatura del Estado o volver a ella.
En efecto, los gravísimos hechos que giran en torno al desatinado proyecto de enmienda constitucional muestran que ambos falsarios han roto, de común acuerdo, sus respectivos juramentos, promoviendo un atentado contra la Ley Suprema. “El perjurio constituye una grave falta de respeto hacia el Señor, que es dueño de toda palabra”, dice el catecismo de la Iglesia Católica –a la que ambos mencionan con frecuencia–, al ocuparse del segundo mandamiento. No se limitaron a prometer, como lo permiten los arts. 188 y 232 de la Constitución, sino que pusieron a Dios como testigo. En su juramento de rigor pidieron que, si se apartaran de la Constitución, “Dios y la Patria” se los demanden.
Por de pronto, la ciudadanía ya está demandando a estos embusteros en las calles, en las plazas, en los medios de prensa y en las redes sociales. Por lo visto, creyeron que el juramento era una mera formalidad, lo que sugiere que la palabra empeñada por ellos no vale nada. Aparte de impulsar una iniciativa que viola el art. 290 de la Constitución y que conlleva el perjurio, mintieron para evitar en lo posible que sus compatriotas se movilicen para frenar el atropello planeado.
Horas después de asumir como titular del Poder Ejecutivo, Horacio Cartes declaró a la cadena televisiva CNN que la Constitución, que él “aceptó”, prohíbe la reelección, agregando que él le daría un sí a un segundo mandato, “pero para el próximo presidente”, no para él mismo.
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Es difícil saber si en aquel entonces ya tenía en mente promover su permanencia en el Palacio de López pisoteando la Constitución, o si las ganas le vinieron más tarde, al disfrutar de las mieles del poder y escuchar a sus adulones. Posteriormente, en su célebre comunicado del 31 de octubre de 2016, Horacio Cartes afirmó: “A través del presidente de la Honorable Cámara de Diputados y del titular del Partido Colorado, he solicitado a la bancada oficialista de la Cámara Baja el rechazo al proyecto de enmienda constitucional. Como sociedad hemos observado que el proyecto de enmienda no logra generar consenso. Las diversas interpretaciones no tienen claridad respecto de la viabilidad legal y, en consecuencia, pueden dividir a la sociedad paraguaya y fracturar al Partido Colorado. Somos testigos de la crispación y tensión que ha generado, no seré partícipe de este camino. Esta administración se ha caracterizado por priorizar la transparencia y el bien común por encima de intereses sectarios. Nos mantendremos en esta senda a cualquier costo. Al pueblo colorado que ha solicitado tan afectuosamente la reelección, le agradezco de todo corazón, pero de llevarse adelante este proceso, debe ser de acuerdo a la Constitución Nacional y aceptado por toda la sociedad paraguaya. Como Presidente de la República me comprometo y pido a los miembros del Congreso que nos enfoquemos a seguir trabajando por atender los problemas que afectan a nuestro país, para mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos.” (Las negritas son nuestras).
Atendiendo la desesperada y acuciante campaña que emprende hoy el presidente Cartes para lograr la reelección, pisoteando la Ley Suprema, cuesta creer que sea el mismo que ha pronunciado tan plausibles declaraciones principistas, pues ha resultado claro que ha venido apoyando a sus paniaguados para que concreten el atentado, aliados con Fernando Lugo y el senador liberal Blas Llano, hoy repudiado hasta por sus correligionarios.
Vale la pena también desempolvar algunas palabras de Lugo. El 12 de diciembre de 2016 afirmó que “necesitamos revisar la Constitución por medio de la Constituyente, allá por marzo de 2018”. Al hablar de “la Constituyente”, sin duda reconocía que la enmienda no era admisible para consagrar la reelección. Aún más, calificaba de “picardía política” el hecho de que senadores cartistas quisieran presentar un nuevo proyecto de enmienda. Pero, evidenciando una repudiable falta de coherencia, el 4 de febrero de este año se pronunció en Edelira (Itapúa) en favor de la reelección, alegando que su Gobierno no había defraudado a la gente. Sin embargo, el 2 de marzo rebobinó nuevamente el carrete y volvió a afirmar que estaba “en contra de la enmienda”, así como había votado el 25 de agosto de 2016, y que “así volvería a votar”, algo que no llegó a hacer porque oportunamente viajó al Ecuador mientras los senadores de Frente Guasu apoyaban el viernes 31 de marzo el infame proyecto en una sesión espuria. Conste que en la misma ocasión señaló que si la enmienda fuera aprobada, él se postularía a la Presidencia de la República, porque “todos somos un poquito hipócritas” (¡!). En realidad, se quedó corto, porque al menos él es un gran hipócrita, como se desprende de sus antecedentes personales y de su sinuosa conducta política.
Pues bien, estos dos farsantes son quienes están pugnando por atornillarse al sillón presidencial, el uno, y volver a ocuparlo, el otro.
El art. 242 del Código Penal castiga con hasta diez años de cárcel a quien dé un testimonio falso ante un tribunal u otro facultado para recibir testimonio jurado o su equivalente, como es el juramento prestado por Horacio Cartes y Fernando Lugo al asumir sus cargos.
Como es impensable que nuestra actual raquítica Justicia, comprada por el poder político que la tiene de rodillas, les aplique algún castigo, al menos estos perjuros y falsarios, inspiradores de una enmienda de sangre, ya tienen ganada la repulsa ciudadana y un espacio en las páginas más negras de nuestra historia.