En virtud del Decreto Nº 6533/16, dictado el último jueves, en adelante habrá que registrarse y pedir permiso al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) para poder importar cemento pórtland y cementos especiales. Es decir, al Poder Ejecutivo le importa un bledo que el art. 107 de la Constitución garantice la libre competencia y que el 108 disponga que “los bienes de producción o fabricación nacional, y los de procedencia extranjera introducidos legalmente, circularán libremente dentro del territorio de la República”. La aberrante disposición implica que, aparte de cumplir con las leyes tributarias y las normativas aduaneras, será preciso obtener una “autorización” que el MIC podrá denegar a su arbitrio para favorecer un oligopolio o inducir al pago de una suculenta coima.
Mediante otros decretos inconstitucionales ya se ha venido protegiendo de la libre competencia a la corrupta e ineficiente Petropar, y ahora se pretende hacer lo mismo con respecto a la INC, violando además el espíritu del Mercosur y el derecho de los consumidores a optar por el producto –nacional o extranjero– que les resulte más conveniente.
La obligación de conseguir ahora una licencia para importar algún producto recuerda a aquella medida extorsiva a la que solía recurrir ese voraz ministro de Industria y Comercio de la dictadura que fue Delfín Ugarte Centurión. Se puede hacer mucha plata sucia invocando el “patriotismo” que implicaría defender puestos de trabajo de la “invasión” de productos foráneos. Cabe exhortar, pues, al Centro de Importadores del Paraguay y a la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción, lo mismo que a los políticos que crean en la Constitución, en la economía de mercado y en la honradez, a que se pronuncien decididamente contra esta prepotente medida gubernamental tan perjudicial para el desarrollo económico y para el imperio de la moral en la administración pública.
Si el Poder Ejecutivo desea trabar la libre concurrencia en cuanto a la comercialización del cemento, lo que debería hacer, si se atreve, es presentar un proyecto de ley que eleve el arancel a la importación. También sería inconstitucional, pero la normativa resultante sería al menos de mayor rango que un mero acto administrativo que, por lo demás, requiere una expresa autorización legislativa, hoy inexistente, para imponer una nueva obligación a los importadores.
El punto es que resulta mucho más fácil, para chantajear al importador, que un decreto permita al MIC denegar una autorización. Asumir en este caso el riesgo político de ignorar la Constitución solo puede comprenderse si se pretende un considerable enriquecimiento ilícito de alguien. Si el ministro Gustavo Leite no desea ser tildado de coimero, debe convencer al Presidente de la República de que revoque el inconstitucional decreto.