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Aun cuando al Gobierno le gusta repetir que ahora ya no se roba ni se pide coima, la verdad es que todos los días brotan hechos nuevos de corrupción y de las otras ilegalidades que caracterizaron también a gobiernos anteriores. Los mandatarios, magistrados y funcionarios de nuestro país tienen una alta cuota de culpabilidad en el manejo discrecional y hasta doloso de la cosa pública, así como en la impunidad frente a la corrupción reinante en casi cada área de la función pública, desde el momento que son responsables de su custodia y administración, y reciben buena paga para hacerlo.
El propio ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, reconoció implícitamente en los últimos días que continúan prácticas corruptas, al admitir que existe mucho por mejorar, como “los bolsones burocráticos de la administración pública”, y que “tenemos que entender que el Gobierno no es coto de caza para que un grupo se enriquezca...”. Aseguró que están “trabajando duro” para corregir la situación.
La ciudadanía no puede ni debe permanecer indiferente al ejercicio de los derechos políticos establecidos en la Constitución solamente cargando con sus votos las urnas electorales, sino que debe ejercer un control sobre la conducta o inconducta de sus representantes, para garantizar el fortalecimiento constante de la democracia a través del saneamiento permanente de las instituciones republicanas y de los partidos políticos.
La función de la ciudadanía no termina con el depósito de su voto en la urna. “Los ciudadanos –dice la Constitución–, sin distinción de sexo, tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes...”, para agregar que todos “son electores y elegibles”. Se deduce de estas disposiciones que como no todos los ciudadanos de este país pueden ser mandatarios, se procede a elegirlos de entre ellos, con lo cual se establece la doble responsabilidad: del elegido y de quien elige, ya que elegir no significa lavarse las manos para desentenderse en adelante de los asuntos públicos, dejando estos exclusivamente en manos de quienes se ganaron el rol de la representatividad.
En ninguna parte del mundo la democracia funciona como un cheque en blanco de la ciudadanía a sus representantes. Todo lo contrario, mientras más la ciudadanía se convierta en un factor de vigilancia permanente, en un socio exigente de quienes manejan la cosa pública, menos posibilidad existe de que se concreten hechos de corrupción, de negociados con el sector privado y de todo tipo de hechos punibles en los organismos del Estado.
Sin embargo, actualmente pareciera que la ciudadanía paraguaya ofrece señales de agotamiento, de renunciamiento frente a todos los escándalos en la función pública que se están conociendo, a pesar de reacciones esporádicas de descontento, de mítines opositores de escasa concurrencia y de explosiones juveniles. La gente se está acostumbrando a “participar” preferentemente en las redes sociales y a tener la menor cantidad de presencia física, dejando el terreno libre a los mentirosos, a los corruptos y violentos.
Para hacer que la tecnología esté al servicio de una causa, es necesario que la ciudadanía adecue la naturaleza de sus organizaciones cívicas a las nuevas opciones y facilidades que la tecnología nos ofrece, sin olvidar que las batallas de la sociedad civil se continúan ganando aun en los espacios públicos, enfrentándose cara a cara con los enemigos de la transparencia y de la ley, o de la democracia o de la libertad.
En nuestro país, nadie mejor que los vecinos conocen los antecedentes de los personajes públicos. Ellos saben cómo eran antes y cómo son ahora, qué propiedades y vehículos poseían antes y ahora, en suma, cómo han aumentado en poco tiempo el patrimonio y el nivel de vida de estas personas, como para ponerlos a circular por las redes sociales y, eventualmente, dar inicio a las necesarias investigaciones.
Sabemos por experiencia que en una dictadura la participación ciudadana es prácticamente nula, ya que una sola persona hace todo en nombre de todos; utiliza y desnaturaliza el verdadero rol de las instituciones para actuar con discrecionalidad y mantener sometida a la población.
La ventaja que ofrece la democracia para la sociedad es que en ella el ciudadano puede participar, como lo dice la Constitución, en los asuntos públicos, exigiendo el cumplimiento de sus derechos, pero al mismo tiempo exigiendo que sus representantes cumplan con sus deberes.
Renunciar como ciudadano a ejercer ese derecho es casi igual a elegir pasivamente vivir en un régimen autoritario cerrado por decisión y bajo la responsabilidad de la propia ciudadanía, no por acción opresora de ningún tirano que impone desde arriba su autoritaria orden, sino de una sociedad que renuncia a sus derechos de involucrarse en lo público.