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18 de Enero de 2019

 

Perseguir a los ladrones de fondos públicos

El senador liberal Enrique Salyn Buzarquis denunció penalmente al exministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona por la estafa “planificada y programada” supuestamente cometida en el frustrado proyecto del metrobús. Según el escrito, habría insumido ya a la fecha unos 50 millones de dólares solo para causar graves perjuicios a centenares de comerciantes y empleados. Por si fuera poco, la empresa portuguesa Mota-Engil reclama ahora el pago adicional de 18 millones de la misma moneda. Si las denuncias tuvieran trámite y llegaran a tener sentencia, aparte de sufrir la sanción prevista en el Código Penal, los responsables también deben reparar los tremendos perjuicios generados al fisco, según lo dispuesto por el art. 82 de la Ley N° 1535/99. No deben quedar impunes quienes, pese a todas las advertencias, dilapidaron o robaron parte de un préstamo a ser pagado por los contribuyentes. En el caso del metrobús, ¿quién asumirá los altos costos adicionales que implicaría corregir el despropósito derivado de la codicia sumada a la ineptitud, como pretende el actual ministro Arnoldo Wiens? Con seguridad, será nuevamente Juan Pueblo, como se dice.

El senador liberal Enrique Salyn Buzarquis denunció penalmente al exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona por la estafa “planificada y programada” supuestamente cometida en el frustrado proyecto del metrobús. Según el escrito, habría insumido ya a la fecha unos 50 millones de dólares solo para causar graves perjuicios a centenares de comerciantes y empleados. Por si fuera poco, la empresa portuguesa Mota-Engil reclama ahora el pago adicional de 18 millones de la misma moneda. Cabe esperar que el Ministerio Público sea ahora mucho más diligente que cuando, en mayo de 2018, recibió una denuncia del Ing. Hermann Pankow, luego ampliada dos veces, por lesión de confianza contra el mismo Jiménez Gaona y el exrepresentante del BID Eduardo Almeida; por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete del MOPC Esteban Sarubbi, y por usurpación de funciones públicas contra el exgerente del engendro, Guillermo Alcaraz.

Si las denuncias tuvieran trámite y llegaran a tener sentencias, aparte de sufrir la sanción prevista en el Código Penal, los responsables también deben reparar los tremendos perjuicios generados al fisco, según lo dispuesto por el art. 82 de la Ley Nº 1535/99: “Las autoridades, funcionarios y, en general, el personal al servicio de los organismos y entidades del Estado (...) que ocasionen menoscabo a los fondos públicos a consecuencia de acciones u omisiones contrarias a sus obligaciones legales, responderán con su patrimonio por la indemnización de daños y perjuicios causados, con independencia de la responsabilidad disciplinaria o penal que les pueda corresponder por las leyes que rigen dichas materias” (las negritas son nuestras). Lamentablemente, estas categóricas disposiciones han sido letra muerta, ya que si bien el Paraguay es el paraíso de la corrupción, con tremendos daños ocasionados al Estado y la aparición de un ejército de millonarios sospechosos de escamotear el dinero público, apenas un par de ellos fue condenado, sin que nadie haya sido obligado a devolver lo robado.

No deben quedar impunes los sinvergüenzas que, pese a todas las advertencias, dilapidaron o robaron parte de un préstamo a ser pagado por los contribuyentes. En el caso del metrobús, ¿quién asumirá los altos costos adicionales que implicaría corregir el despropósito derivado de la codicia sumada a la ineptitud, tal como pretende el actual ministro Arnoldo Wiens? Con seguridad serán nuevamente las propias víctimas, o “Juan Pueblo”, como se dice, mientras los responsables se darán la gran vida, con el agravante de que en cualquier momento retornen a la vida pública como si nada hubiera pasado.

Para que estos despropósitos no se repitan, es imprescindible que la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción cumpla con su deber y que, previa condena judicial, la Procuraduría General de la República se ocupe de cobrar el resarcimiento de rigor. En realidad, habiendo surgido muy pronto serios indicios de que el disparatado emprendimiento servía para cualquier cosa menos para atender el interés general –en verdad, desde un principio era notorio que se trataba de un proyecto inviable así como estaba planeado–, el Ministerio Público tendría que haber actuado de oficio, “en defensa del patrimonio público”, tal como le ordena su ley orgánica. Es un deber análogo al impuesto por el art. 286 del Código Procesal Penal a los funcionarios y empleados públicos que conozcan delitos de acción pública en el ejercicio del cargo: tienen que denunciarlos.

Debería saberlo el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dany Durand, que reveló los datos preliminares de una auditoría de las obras hechas entre 2013 y 2018, durante el Gobierno de Horacio Cartes, según los cuales solo se construyeron 24.700 viviendas y no 37.000 como se había informado oficialmente. A la diferencia se agrega que “muchas quedaron sin concluir”, pero el ministro no cree que, por de pronto, haya indicios de la comisión de hechos punibles, sino solo “cuestiones administrativas”. Dejando de lado que los delitos contra el patrimonio público suelen perpetrarse justamente a través de maniobras administrativas, como la emisión de documentos de contenido falso, resulta desde ya inverosímil que falten por completo nada menos que 12.300 viviendas debido a meras desprolijidades burocráticas. Si en verdad se gastó cierta suma, según lo presupuestado, las obras y los recibos auténticos tendrían que estar a la vista. Parece que no lo están, pero el ministro cree que “por el momento no existen indicios de cuestiones penales”, como si temiera formular la denuncia a la que está obligado o solo busca un rédito político o salir en la prensa, con medias tintas.

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, dio cuenta en septiembre de 2018 de que tres funcionarios habrían falsificado, bajo la administración anterior, órdenes de compra de medicamentos por valor de miles de millones de guaraníes. La denuncia presentada ante el Ministerio Público fue desestimada, lo que sugiere la necesidad de ser lo bastante responsables como para que la opinión pública no crea que solo se monta un espectáculo que apunta a dar la impresión de ser un celoso custodio de los fondos públicos y, de paso, enlodar a los antecesores en el cargo. Su colega Eduardo Petta, a su vez, refirió en septiembre de 2018 que diez docentes fallecidos “cobraban” del Ministerio de Educación y Ciencias, en algunos casos mediante tarjetas de débito. Hasta la fecha, se ignoran los resultados de la pesquisa fiscal, así como la que debió haber impulsado ante la denuncia de que una persona ajena a la entidad adulteró datos informáticos para encubrir a “planilleros”. Como aún brilla por su ausencia la denuncia penal anunciada con bombos y platillos en octubre de 2018, con respecto a 84 políticos-docentes que habrían percibido su sueldo sin enseñar, es de suponer que solo se trató de un show para que la gente crea que el ministro está dispuesto a combatir a los facinerosos con toda energía.

Mencionamos estos casos para enfatizar que, así como es necesario combatir firmemente las corruptelas en la función pública, al mismo tiempo hay que evitar formular denuncias inconsistentes, con mero afán de ganar puntos políticos. Si se tratara de acusaciones con indicios serios, entonces las autoridades deberían insistir en ellas para poner en evidencia la inacción del Ministerio Público, tal vez para proteger a algún padrino político.

En el nuevo caso presentado con relación al metrobús, es de desear que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, le dé el tratamiento de ley, además de disponer una intervención de oficio en el escándalo de las viviendas presuntamente faltantes. También es preciso que persiga a los “docentes” que cobraron indebidamente, así como a quienes autorizaron a sabiendas los pagos irregulares. Será la única manera de combatir eficazmente la extendida corrupción que impera en nuestro país, o de poner las cosas en su lugar, si las denuncias solo tuvieron fines políticos.

 
 

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