Agentes de la Dirección General del Instituto Superior de Educación Policial (Isepol) vendieron a al menos siete postulantes las respuestas correctas a las preguntas que iban a ser formuladas en los exámenes de ingreso de la Academia de Oficiales y del Colegio de Suboficiales. La información fue brindada en una conferencia de prensa por el subcomandante de la Policía Nacional, comisario general Luis Rojas, y por el jefe de la comisión interventora, comisario Diosnel Alarcón. Mientras se está tratando de identificar a los uniformados que participaron en las operaciones fraudulentas, que en cada caso les habrían reportado entre dos y cinco millones de guaraníes, ya fueron destituidos el director del Isepol, Crio. Gral. Bernardino Monges; el de la Academia de Oficiales, Crio. Princ. Marcial López; y el del Colegio de Suboficiales, Crio. Princ. Leonardo Salinas.
Se trata de una situación gravísima, ya que este fraude en los exámenes de aspirantes a policía se produce justamente con jóvenes estudiantes que eligieron una carrera destinada a combatir los distintos delitos, y que ya en los prolegómenos de su ingreso a la institución policial se encuentran con este pésimo ejemplo.
Es oportuno que la Comandancia haya dado a conocer lo ocurrido, designado una comisión interventora y apartado de sus respectivos cargos a los responsables de las instituciones involucradas. Lo que debería ser normal en la función pública en nuestro país merece ser destacado, pues lo habitual es que se encubran los delitos y que los responsables, directos e indirectos, se mantengan en sus cargos o, en último caso, sean trasladados a otra dependencia. Por supuesto, las medidas mencionadas no bastarán para sanear las dependencias de la Policía Nacional encargadas de seleccionar, instruir y capacitar a los agentes, ya que la corrupción está allí muy extendida, según copiosos antecedentes.
A modo de ejemplo de esta deshonrosa situación que afecta al estamento policial, valga recordar que el último 25 de octubre se publicó que el titular de la Escuela de Especialización para Oficiales, comisario principal Pedro Salvador Morel, habría cobrado 600.000 guaraníes a cada uno de los cuarenta agentes que elaboraron un trabajo práctico para poder ascender, aparte de obligar a 215 a adquirir por 150.000 guaraníes un buzo que no habría valido más de 50.000. El jefe académico denunciado pasó a ser director de la Escuela de Administración y Asesoramiento Policial, sin que sus presuntas actuaciones ilícitas hayan sido investigadas.
Es de esperar que la saludable actitud asumida ahora por el comandante Críspulo Sotelo se repita en casos similares que, con toda seguridad, seguirán ocurriendo, dada la podredumbre tan extendida en el organismo encargado de preservar el orden público, la seguridad, los derechos y los bienes de las personas. El difundido empleo del neologismo “polibandi” revela que esa misión no solo es incumplida, sino también traicionada cotidianamente. Así, el mismo día en que la prensa informó sobre los exámenes de ingreso tramposos se supo que la Fiscalía imputó a un suboficial 1º por haber amenazado en la comisaría 22ª a una estudiante brasileña con involucrarla en un caso de narcotráfico si no le entregaba cinco mil reales. No sería raro que el mencionado policía haya egresado del hoy cuestionado Colegio de Suboficiales, involucrado en tan bochornoso asunto.
Se ha llegado al colmo de que la sociedad deba ser protegida o tenga que protegerse ella misma de muchos delincuentes que siguieron la carrera policial para poder operar a sus anchas o que se envilecieron con el correr de los años, viendo la impunidad con que actúan otros uniformados y el abundante dinero sucio en circulación. La corrupción es contagiosa y, como el pez empieza a pudrirse por la cabeza, si los jefes roban sin ser punidos, los subordinados harán lo mismo, tarde o temprano. Si ya en unos exámenes de ingreso los aspirantes honrados se topan con el bandidaje, es probable que pronto se cansen de ser buenos o pierdan la conciencia de la honestidad. Solo así se explica la extendida delincuencia que campea en las propias filas policiales.
En efecto, es obvio que todo lo relacionado con el ingreso en la Policía Nacional y con la formación allí brindada tiene mucho que ver con la calidad moral de sus cuadros. ¿Cómo es posible que en el Isepol aniden malandrines? Para formar parte de él, un oficial, suboficial o funcionario de la Policía Nacional, en servicio activo, con título de bachiller y con una antigüedad mínima de cuatro años, debe aprobar un examen de admisión que comprende las pruebas biomédica, académica, psicotécnica y de aptitud técnica. No existe una prueba que evalúe la integridad moral, como no la existe ni en la Academia de Oficiales ni en el Colegio de Suboficiales, que solo impiden el ingreso a quienes tienen un proceso judicial, aunque sus programas de formación incluyen, ciertamente, la promoción de “actitudes y valores éticos”. De la penosa experiencia que comentamos se deduce que la enseñanza impartida en estas instituciones policiales está podrida en su misma raíz y que –mientras no se adopten medidas ejemplares contra los responsables– el orden público en nuestro país seguirá a cargo de los “polibandis”. El saneamiento de los cuadros debe comenzar por el mismo Isepol y abarcar a todos los demás institutos formadores de los agentes.