Desde hace años, el Poder Ejecutivo de turno cae en la tentación de dar un zarpazo a los fondos del IPS para tapar un agujero o financiar algún proyecto. Hace unos días, la última ocurrencia en tal sentido consistió en inyectarlos en Petropar mediante un fideicomiso. Surgió en una reunión realizada en el Palacio de López, en marzo de 2014, entre funcionarios del Ministerio de Hacienda y los titulares de esa empresa pública corrupta, del Banco Nacional de Fomento y de la Agencia Financiera de Desarrollo. Por suerte, la Comisión de Cuentas y Control del Senado se opuso al proyecto de ley respectivo, impidiendo que los aportes de los asegurados terminaran en el barril sin fondo de la corrupta burocracia estatal.
El nuevo disparate, que ahora apunta a emplear los fondos del IPS para financiar obras públicas y supuestos programas sociales de alto impacto, surgió de una reunión en Mburuvicha Róga entre el presidente Horacio Cartes, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona; el presidente del Banco Central, Carlos Fernández; y el del IPS, Benigno López. La jerarquía de los interlocutores sugiere que este encuentro tuvo un nivel superior al de hace dos años, a lo que debe agregarse que esta vez, por lo menos, se tuvo la delicadeza de invitar al administrador del organismo autárquico a ser esquilmado. Es presumible, entonces, que el Poder Ejecutivo intente con denuedo tomar el dinero de los patrones, empleados y obreros cotizantes para “la puesta en marcha de grandes obras de infraestructura que puedan dinamizar la micro y la macroeconomía”, según se lee en su sitio oficial de internet.
Resulta llamativo que el Jefe de Estado crea ahora que la llamada Ley de Alianza Público-Privada, que impulsó con tanto ahínco, sea insuficiente para llevar a cabo esos emprendimientos con la participación de capitales privados. Solo si ella no está atrayendo suficientes inversores nacionales y extranjeros, acaso por motivos ajenos a sus disposiciones, se puede entender que el Poder Ejecutivo pretenda obtener recursos de una entidad pública como el IPS, cuyos fondos son especialmente precautelados por la Constitución y por la Ley Nº 375/56, que establece la Carta Orgánica del Seguro Social. El art. 95 de la Constitución dice que “los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y estarán disponibles para este objetivo, sin perjuicio de las inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio”.
Según las informaciones, el presidente Cartes pidió que el proyecto de ley que se vaya a presentar asegure la devolución de los fondos previsionales, lo que no bastaría para cumplir con la norma citada, que habla de que las inversiones deben generar ganancias para el IPS. Habrá que ver la prodigiosa “ingeniería financiera” que diseñarán los funcionarios involucrados para que los asegurados tengan la certeza de que sus aportes les serán devueltos con creces. Por de pronto, tendrían buenas razones para desconfiar de que los fondos sean tan siquiera devueltos, ya no decimos con ganancias, considerando que el Estado nunca ha abonado ni el equivalente al 1,5% del monto de los salarios sobre los cuales imponen los empleadores, tal como le obliga el art. 17 de la Ley Nº 375/56. Recién el año pasado se autorizó la emisión de bonos para el pago de la deuda acumulada por el Ministerio de Educación y Cultura desde 1991 hasta 2013, con relación al aporte de los docentes.
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En otros términos, aunque de algún modo se garantice al IPS que ganará dinero invirtiendo en los proyectos gubernativos, lo que desde ya cuesta imaginar, el Estado simplemente podría apropiarse de los fondos, sin temer ninguna demanda judicial.
Como es lógico, la ley es más precisa que la Constitución en cuanto a la salvaguarda de los recursos financieros del IPS. Tan es así que su art. 27 le prohíbe al Instituto conceder préstamos al Estado, a los entes descentralizados y a las municipalidades. Es decir, le prohíbe que preste aunque se le asegure que recuperará el dinero con los intereses pactados. Esta norma protege la autarquía del IPS, así como el art. 170 de la Constitución protege la de las municipalidades al disponer que ninguna institución estatal podrá apropiarse de sus ingresos o rentas. La norma pretende, justamente, impedir que el Estado recurra al expediente de quedarse con los aportes de los asegurados para financiar sus actividades, por más laudables que sean.
El art. 28 de la misma ley dispone que las inversiones financieras del IPS deben tener un rendimiento similar al de las tasas pasivas de interés vigentes en el sistema bancario y orientarse, sobre todo, a apoyar la producción; en cuanto a las inmobiliarias, solo son admisibles en caso de clara conveniencia económica y social para la entidad, en cuyo caso el rendimiento medio de la inversión no debe ser inferior a la tasa de interés actuarial fijado por el Consejo de Administración.
La Alianza Público-Privada proyectada por el Poder Ejecutivo apunta a unas inversiones que no se inscriben en ninguna de las dos referidas, aunque, por supuesto, nada obsta a que una nueva ley las autorice, aunque sean inconvenientes. Lo que resulta aún más problemático es que, según fuentes del Gobierno, los fondos también serán usados para programas sociales, dado que la Constitución solo permite “inversiones lucrativas”.
Según esas mismas fuentes, se busca que la bonanza económica resultante del empleo del dinero de los asegurados alcance, sobre todo, al “sector medio”, que sería el más afectado por los “ajustes” en el área impositiva. O sea que los programas sociales no beneficiarían tanto a los sectores de bajos ingresos, entre los que se hallan los trabajadores asegurados, como a aquellos que mejor preferirían liberarse de los “ajustes” mediante el combate contra el derroche y la corrupción.
También se podría objetar que se busque promover un mayor crecimiento económico mediante el aumento del gasto público, pero por de pronto basta con alertar a la ciudadanía acerca de esta nueva operación en marcha a costa de un organismo que se halla en una grave situación financiera. El IPS no es la gallina de los huevos de oro para nadie, ni mucho menos, pero aun así los políticos podrían terminar por matarlo mediante los manotazos provenientes del propio Estado, como los ocurridos durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy.
Los trabajadores aportantes, los empleadores, los jubilados de la previsional deben oponerse firme y públicamente a las pretensiones de las propias altas autoridades del Gobierno que puedan poner en peligro los fondos que con tanto sacrificio ahorran durante años y años con el objetivo de garantizar la atención de su salud y una vejez tranquila.