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El Parlamento del Mercosur (Parlasur) celebró ayer viernes en Montevideo su sexta sesión ordinaria del 2016, de modo que ya ha duplicado su marca del año anterior, cuando se reunió en solo tres ocasiones. El redoblado esfuerzo es elogiable, aunque absolutamente sin consecuencias, ya que se trata de un órgano costoso y superfluo que no ha servido para promover la integración regional, sino más bien para tomar de vez en cuando medidas intrascendentes y, de paso, desangrar el Presupuesto de nuestro país, en particular.
Nadie ignora que el Mercosur, cuyo fracaso resulta innegable al cabo de veinticinco años, está hoy afectado también por la politiquería ideológica y, más recientemente, por el manotazo que el dictador Nicolás Maduro dio a la presidencia temporal del bloque, pese a la oposición de los gobiernos de Paraguay, Argentina y Brasil.
Sin embargo, este grave asunto, que ya ha provocado roces diplomáticos, sobre todo entre nuestro país y Venezuela, no figuró en el orden del día de la XL sesión ordinaria del Parlasur. Si bien, probablemente, un mero pronunciamiento político no tendría ningún efecto práctico, era de esperar al menos un rechazo o alguna condena moral a la flagrante violación de los derechos humanos y políticos de los venezolanos que viene cometiendo reiteradamente el gorila Maduro.
En la agenda de la reciente reunión figuró, en cambio, una “Propuesta de Disposición por la cual se invita al Focem y al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del Paraguay a informar las razones por las cuales la avenida Costanera de Asunción no ha protegido a la población afectada por las inundaciones del río Paraguay”. La Comisión de Infraestructura recomendó su aprobación y el miembro informante fue Ricardo Canese, uno de los dieciocho afortunados “parlasurianos” compatriotas que viven a costa de los contribuyentes junto con los 50 funcionarios ociosos que la representación paraguaya tiene consigo. ¿Qué razón tenía tratar el mencionado tema en el Parlasur? La decisión que adopte sobre el caso mencionado es y será totalmente inocua, ya que no es vinculante.
Mantener a estos planilleros internacionales de lujo nos costará este año 24.555 millones de guaraníes en concepto de sueldos, pasajes y viáticos, entre otros dispendios. Cada uno de los supuestos legisladores cobrará en el 2016 una dieta total de 393.298.080 guaraníes, de modo que su asistencia a cada una de las sesiones ordinarias de este año tuvo un valor de nada menos que 65.538.013 guaraníes.
Estamos, así, frente a unos verdaderos privilegiados, que integran uno de los tantos organismos parásitos que se han creado en torno al Mercado Común del Sur (Mercosur), mantenidos a costa del dinero público, que nada absolutamente aportan para mejorar las condiciones del país y de la región.
El gobierno de Mauricio Macri ya dio el ejemplo: dispuso que los representantes argentinos perciban una suma equivalente a solo 1.170.000 guaraníes por cada día de asistencia, lo que sin duda resulta mucho más apropiado. Los brasileños, uruguayos y venezolanos solo cobran en tal caso un viático adicional, dado que integran los parlamentos de sus respectivos países. Los paraguayos, en cambio, nos pegamos el lujo de elegirlos especialmente para su inútil función y los retribuimos con una extraordinaria generosidad, como si las necesidades básicas de toda la población del país estuvieran satisfechas y los servicios públicos fueran impecables.
Como se ve, son entonces nuevamente los políticos paraguayos los únicos entre sus pares de la región que no han dejado pasar la oportunidad de ampliar la torta presupuestaria para aumentar el número de colegas que le dan un buen mordisco y, de paso, reducir la competencia en torno a las bancas del Congreso.
Como el lector nunca habrá oído hablar de la gran mayoría de sus onerosos representantes, vale la pena mencionar, para su mejor ilustración, a los colorados Antonio Attis, Tomás Bittar, Crescencio Cáceres, José Manuel Torres, Luis Sarubbi, Alfonso González, Ernesto Vera, Cirila Cubas y Miguel Sosa; a los liberales Emmanuel Friedmann, Amanda Núñez, Alberto Aquino, Miguel A. González, Mirtha Palacios y Juan A. Denis; al “luguista” Ricardo Canese; y al “oviedista” Ramón Domínguez.
Como estos personajes no tienen nada que hacer, se limitan a formular declaraciones a través de un portal digital que tiene el Parlasur y a emitir alguna que otra resolución intrascendente y carente de fuerza obligatoria alguna. En vista de que el organismo no tiene ninguna relevancia, por ejemplo, una eventual negativa del ministro Ramón Jiménez Gaona a proporcionar información sobre la avenida Costanera y los ribereños no tendrá la menor consecuencia. En suma, estamos ante un organismo totalmente inútil para la región.
Conste que, además del Parlasur, existe también el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), igualmente inservible, pero, en vista de que es un buen negocio mantener a políticos amigos a costa de los contribuyentes, está en vías de concreción el Parlamento Suramericano. Es decir, más organismos para impulsar los viajes de placer de los políticos. Total, el bolsillo de Juan Pueblo aguanta todo.
Los ciudadanos y las ciudadanas deben reclamar que se ponga fin a este derroche, exigiendo al Gobierno que adopte una medida como la del argentino, para evitar que estos aprovechados sigan asaltando sus bolsillos.