En encomiable decisión, el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez ha resuelto cancelar la licitación pública internacional para la concesión de la administración del aeropuerto Silvio Pettirossi vía alianza público-privada (APP), convocada hace tres años por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Mediante ilegal y porfiado empeño del exministro Ramón Jiménez Gaona, el consorcio liderado por la empresa española Sacyr e integrado por la chilena Agunsa, la francesa Vinci Airports y la paraguaya Talavera & Ortellado, se posicionó como virtual ganador. Contra viento y marea, hasta su último día de gestión el controvertido titular de dicha cartera de Estado bregó por la concesión del contrato a favor del consorcio, pese a los cuestionamientos por irregularidades en el proceso licitatorio, que obligaron a la intervención de la Comisión Permanente del Congreso a comienzos del 2017, solicitando a la Contraloría General de la República una auditoría para esclarecer la denuncia de otro grupo oferente. En la ocasión, el ministro se comprometió a acatar lo que dispusiera el órgano respectivo. Así, el contralor Enrique García dictaminó que el MOPC debía declarar desierta la licitación de marras, por no haberse realizado el previo proceso de precalificación de las empresas oferentes, conforme lo exige la Ley de Contrataciones Públicas para estos casos. Contrariamente a lo prometido, el ministro Jiménez Gaona rechazó el dictamen de la Contraloría. Insolentemente, solicitó al contralor que reviera su medida, habida cuenta de que supuestamente la misma se fundaba en “argumentos superficiales” y por “extralimitarse en sus funciones”. Haciendo hincapié en las irregularidades detectadas, la Contraloría se ratificó en su dictamen contra la adjudicación del contrato al consorcio liderado por Sacyr.
En una flagrante demostración de prepotencia e irrespeto a la ley, con el concurso de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), el ministro optó por el atajo de promover una acción judicial ante el Tribunal de Cuentas, en un intento por obviar la resolución de la Contraloría. Tras varios meses de indefinición, el MOPC y la Dinac presentaron ante el citado Tribunal el pedido de desistimiento de la demanda promovida contra el dictamen de la Contraloría. A continuación –como el abogado del diablo de la metáfora–, el obcecado ministro presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción de certeza constitucional (recurso legal no previsto en la Constitución), buscando desesperadamente salvar la APP para Sacyr y sus socios. Fiel a su obsecuencia al poder de turno, ni corta ni perezosa, la Corte dio trámite a la descabellada solicitud, oficiando a la Fiscalía para que se expidiera sobre el asunto. Esta requirió la intervención de la Contraloría en la causa, la que no se expidió al respecto, con lo que la cuestión quedó en el aire hasta la asunción del nuevo Gobierno.
Con la decisión del presidente Abdo Benítez de poner punto final a este bochornoso melodrama, termina la impúdica odisea para entregar por chauchas y palitos la administración de nuestra principal terminal aérea a un consorcio liderado por una empresa de pésimos antecedentes contractuales con el Estado en varios países del mundo, entre ellos, Panamá, Chile y Argentina.
A la par de su decisión de cancelar un perjudicial negocio para el Estado vía APP, el Gobierno ha anunciado que con recursos propios la Dinac va a construir una nueva terminal anexa a la actual del aeropuerto internacional, a fin de ampliar su capacidad operativa, que es de un millón de pasajeros/año, actualmente. La ampliación de referencia aumentaría esa capacidad a 1.600.000 pasajeros/año, a un costo estimado de unos US$ 40 millones.
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Este anuncio lo formuló en nombre del Gobierno el nuevo presidente de la Dinac, Édgar Alberto Melgarejo Ginard, tras reunirse con el jefe de Estado. Según el informe, la terminal proyectada tendría de 17.000 a 20.000 metros cuadrados de superficie cubierta, con sus correspondientes instalaciones auxiliares. El funcionario explicó que los trabajos se iniciarían en el primer semestre del año próximo, con un plazo de terminación previsto de tres años, con lo que la terminal entraría en operación en 2021. Al mismo tiempo, el actual edificio será refaccionado para mejorar su funcionalidad. La pista actual no sufrirá ninguna modificación, excepto lo concerniente a su mantenimiento. Con una longitud de 3.600 metros, ella tiene condiciones técnicas para recibir a las más grandes aeronaves.
Con la patriótica decisión de enderezar el infame entuerto de la fraudulenta concesión del aeropuerto Silvio Pettirossi a Sacyr y asociados –férreamente intentada por el anterior gobierno–, el jefe del Poder Ejecutivo ha dado un paso en el camino correcto. Es de desear, primero, que ejecute este nuevo proyecto con las debidas honestidad y transparencia, y, segundo, que imprima la misma actitud en las demás obras públicas en marcha y futuras, ya que la “patria constructora”, como es llamada hoy en la Argentina, es el barril sin fondo por donde se escurren sin parar los recursos del Estado.