El escándalo producido por la insólita decisión de una mayoría abrumadora de diputados de “hacer vito” el dinero de los contribuyentes entre sus funcionarios abre la ocasión para analizar cuán estructurado está este vicio en el seno de la Administración Pública en general.
El presidente Cartes, haciéndose eco de la indignación general causada por el affaire del “tercer aguinaldo” en la Cámara de Diputados, ordenó suspender todas las gratificaciones en el área del Poder Ejecutivo, “por este año”, instando a los otros dos poderes a hacer lo mismo, para que, con ese ahorro de fondos, el Gobierno pueda encarar mejor ciertas necesidades sociales, según explicó el ministro de Hacienda, Santiago Peña.
Como la medida es solamente por este año, es de esperar que los cuestionados beneficios no sean reinstalados tan pronto la gente se haya olvidado del caso y baje la guardia, como se acostumbra en nuestro país.
Hay que reconocer que se trata de una medida acertada y justa. Esto demuestra que el presidente Cartes, con un poco de determinación y coraje, puede erradicar muchos vicios más en beneficio de todos los habitantes del país, al tiempo de erradicar odiosos privilegios.
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¿A santo de qué el Estado debe gratificar extraordinariamente a ministros, viceministros, secretarios, jefes administrativos y demás funcionarios? ¿Por buen desempeño de sus funciones? Esto es obligatorio para ellos, hace parte de sus deberes y justamente para hacer bien su trabajo es que cobran sus remuneraciones. ¿Por asistir frecuentemente a la sede de sus funciones? ¿Por responsabilidad en el cargo? Otras obligaciones elementales que todo empleado o funcionario posee. ¿Por trabajar más tiempo que lo establecido? Para eso se les pagan horas extras, o viáticos, o complementos con diversos nombres, de los que, lamentablemente, la burocracia estatal ha abusado escandalosamente, ya que muchos funcionarios han cobrado 25 “horas extras” en un día estando de vacaciones, así como viáticos por actividades que nunca se realizaron.
Hablando claro, las llamadas “gratificaciones”, “bonificaciones”, “viáticos”, “gastos de representación” y toda la ingeniosa variedad de accesorios que se fueron agregando a los sueldos de los funcionarios, y que pasan a integrar el monto final de dinero que reciben a fin de mes, constituyen, lisa y llanamente, una manganeta astuta y mentirosa de la administración pública para incrementar las remuneraciones reales pero sin tocar el monto oficial de los salarios. Se han creado además diversos cargos que no condicen con las necesidades de ciertas oficinas, como los de “jefe de ascensoristas”, “jefe de mesa de entrada”, y, últimamente, numerosos funcionarios de tercer rango tienen sus “jefes de gabinete”.
Lo primero que hay que volver a recordar –porque los habitantes de este país tenemos la memoria flaca– es que el caso de múltiples aguinaldos en el ámbito de la función pública no es una idea nueva ni reciente. Que se sepa, son varios los organismos en los que este exceso se viene cometiendo desde hace tiempo. Los funcionarios del Ministerio de Hacienda, los de la Dirección General de Aduanas y varios más del ámbito del Poder Ejecutivo, reciben dos o más aguinaldos anualmente. Lo mismo ocurre con entidades autónomas como las binacionales, Petropar y otras similares. De modo que el saneamiento tiene que ser general para que no continúen existiendo bolsones de funcionarios privilegiados en comparación con otros a los que afectará la plausible medida del Gobierno.
Entre la gran variedad de modalidades y denominaciones técnicas que sigilosamente se fueron inventando para repartir prebendas, premios y obsequios especiales en el ámbito estatal, las llamadas “gratificaciones” son las más inmorales, porque, sin fundamento legal ni económico alguno, ni mucho menos evaluación de rendimiento de por medio, sirven exclusivamente para manotear los fondos públicos y con su repartija favorecer a los elegidos. Las “gratificaciones” son esas sumas bastante altas que los titulares o jefes de instituciones públicas comienzan por otorgarse también a sí mismos y, después, pasar a distribuir entre el resto del personal.
Los legisladores, por su parte, aprovechando de modo claramente abusivo la atribución que tienen para sancionar leyes, a menudo caen en la tentación deshonrosa de emplear esta facultad constitucional para favorecer a sectores que son de su interés meramente populista.
Esto es lo que está sucediendo precisamente en este momento, con el caso de los funcionarios del Congreso, que suman el triple de la cantidad que ese organismo necesita para desempeñarse adecuadamente, de lo cual cabe inferir que al menos la mitad de ellos no realiza ningún trabajo, que está sobrando allí. La indignación popular que se desató por la aprobación en la Cámara de Diputados de un tercer aguinaldo para los funcionarios de ese cuerpo legislativo fue aprovechada por el titular del Senado, Robert Acevedo, para firmar una resolución que elimina el pago de gratificaciones a los funcionarios de esa Cámara desde el 2017. Por su parte, algunos diputados se “arrepintieron” y ya adelantaron que ahora votarán en contra del proyecto de ley en caso de que sea rechazado en el Senado y vuelva a la Cámara Baja.
Nuestra administración estatal requiere urgentemente una reestructuración a fin de que la función pública sea dignificada por medio del sinceramiento, definiéndose remuneraciones con montos reales, sin mentiras, sin falseamientos, sin simulaciones para agradar a la clientela.
Vale, por de pronto, un aplauso para la decisión gubernamental adoptada sobre el aguinaldo extra. Por su parte, la ciudadanía tuvo una vez más la ocasión para darse cuenta de su inmenso poder cuando se manifiesta contra las arbitrariedades. Ojalá se mantenga alerta, porque quienes hoy sufrieron un golpe a sus privilegios, no renunciarán fácilmente y estarán acechando la ocasión para volver a la carga.