No puede menos que calificarse de sensata la propuesta formulada en los últimos días por el presidente de la Cámara de Diputados y titular de la ANR, Pedro Alliana, de que las dieciocho bancas que corresponden a nuestro país en el superfluo Parlamento del Mercosur (Parlasur) sean ocupadas desde 2023 por quienes fueron elegidos como senadores o diputados, designados por sus respectivas Cámaras a tal efecto. Para aprobar dicha iniciativa bastaría eliminar la referencia a los inútiles “parlasurianos” en los arts. 106, 246, 247, 248 y 258 del Código Electoral, es decir, no sería necesario modificar la Constitución, que nada dice de ellos, ni denunciar el Protocolo Constitutivo del Parlasur, suscrito en Montevideo el 9 de diciembre de 2005 y aprobado por nuestra Ley N° 2925/06. En efecto, el citado Protocolo no dispone en ninguno de sus 24 artículos que los “parlasurianos” sean elegidos específicamente para fungir de tales, sino que se limita a declarar que “El Parlamento estará integrado por representantes electos por sufragio universal, directo y secreto, de acuerdo con la legislación interna de cada Estado Parte y las disposiciones del presente Protocolo”.
De hecho, los representantes del Brasil, Uruguay y Venezuela son senadores o diputados de sus respectivos países, que solo cobran un viático para sus viajes. Si bien los “parlasurianos” argentinos son elegidos como tales, solo cobran por cada día de asistencia a las espaciadas sesiones del Parlasur. Únicamente el Paraguay se pega el lujo de elegir por separado a unos planilleros internacionales, que este año le costarán más de siete mil millones de guaraníes en concepto de sueldos, pasajes, combustibles y viáticos, suma que llega a unos 24.555 millones si se agregan los gastos causados por los cincuenta funcionarios que “trabajan” a su servicio. El contribuyente se preguntará, con razón, qué hacen durante todo el día estos parásitos del presupuesto que le cuestan tan caro, si ni siquiera sus jefes tienen algo que hacer, y la respuesta solo puede ser que absolutamente nada.
El diputado Alliana señaló la obviedad de que el abundante dinero público que consumen los “parlasurianos” podría ser destinado a “sectores sensibles” y agregó que deberían brindar al menos un informe de su gestión, lo que plantea la cuestión de a quiénes se dirigirían: ¿al pueblo paraguayo, que en su inmensa mayoría no tiene la menor idea de quiénes son estos zánganos electos en una sola circunscripción nacional y que se dan la gran vida a costa de él? Hay que admitir que, aunque quisieran esforzarse por cumplir con su cometido y transparentar su gestión, no es mucho lo que podrían hacer, por la simple razón de que el Parlasur no es, en realidad, un Parlamento, sino un foro que, en lo esencial, solo emite “declaraciones, recomendaciones e informes sobre cuestiones vinculadas al proceso de integración”, que no obligan a los Estados que integran el Mercosur. No puede sancionar leyes, pedir informes a un Gobierno, interpelar a un alto funcionario o destituir a un presidente mediante un juicio político. Dado que sus miembros no tienen mucho que hacer, si algunos de nuestros senadores y diputados asumieran las insignificantes tareas del Parlasur, percibiendo solo un viático adicional, no tendrían ningún recargo de trabajo y el país ahorraría considerables fondos públicos, incluidos los que se destinan a la impresión de boletines de voto especiales para la elección de los “parlasurianos”.
Como también estos cobran la misma dieta que un senador o que un diputado, que hoy llega a 32.774.840 guaraníes mensuales, la oferta resulta muy atractiva. Pero gozan además de fueros, lo que vuelve aun más apetecible la idea de refugiarse en el organismo regional, para eludir la acción de la Justicia. Por eso les viene bien también a los capitostes de los partidos para ubicar allí a sus correligionarios averiados, como el senador liberal Enzo Cardozo, que hoy aspira a la apetecible canonjía.
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Es una pena que el Tribunal Superior de Justicia Electoral ya haya convocado a las elecciones generales del próximo año, de modo que sería imposible alterar ahora las reglas del juego, según el criterio sustentado por el diputado Alliana. O sea que Juan Pueblo seguirá soportando durante al menos cinco años más que se le prive de recursos para alimentar a una parte de la casta política que no le presta ningún servicio. No obstante, aunque se sigan eligiendo “parlasurianos”, nada impide que se excluyan del Presupuesto nacional venidero las partidas para el pago de sus dietas y de los salarios de sus funcionarios, cuyos cargos deberían ser suprimidos. Que se imite el sensato modelo empleado en los demás países miembros del bloque y que, en consecuencia, quienes sean electos en 2018 solo perciban lo que corresponda por cada sesión a la que concurren.
Considerando las necesidades que sufren amplios sectores de la población, es una burla cruel obligarnos a elegir y pagar a unos aprovechados que no retribuyen en modo alguno el dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes. Este insulto a la razón, a la honestidad y a la gente carenciada, que ya lleva diez años, debe terminar por el bien del país. Por tanto, debe aplaudirse la propuesta del diputado Alliana, y es de esperar que el próximo presidente de la República comience su mandato impulsando tan encomiable iniciativa.