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La sanción de la ley que dispone que todas las acciones de las sociedades anónimas sean nominativas, de acuerdo a las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Central del Paraguay (BCP) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), coloca al Paraguay en la extensa lista de países que ya han tomado dicha decisión, que apunta a transparentar el sistema financiero y facilitar la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo internacional. Se trata de una mala noticia para aquellos que, como los narcotraficantes, tienen su dinero sucio oculto en acciones al portador.
El blanqueo de capitales –desconocido cuando a inicios del siglo XVII surgieron las primeras sociedades anónimas– tiene en la época contemporánea una trascendencia tal que, ya en 1989, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) creó el GAFI, una organización intergubernamental integrada hoy por 34 países.
El Paraguay no podía ignorar su reiterada recomendación de que las acciones lleven nombre y apellido para impedir el lavado de dinero. De lo contrario, sería incluido en la misma lista negra en la que llegó a estar Uruguay hasta hace seis años, cuando resolvió modificar el régimen de las sociedades anónimas. Desde entonces, según informó en Asunción Álvaro Romano, alto funcionario del Ministerio de Hacienda y Finanzas uruguayo, ese país reordenó 140.000 sociedades anónimas y redujo la evasión impositiva del 40 al 13%, algo que se debe tener en cuenta al juzgar la conveniencia de la ley aprobada tras largas dilaciones, atribuibles a mafiosos con influencia que tienen mucho que esconder. Según el citado visitante, “si Uruguay no hubiera hecho los cambios y hubiera permanecido en la lista negra, hoy no solo no tendríamos inversión extranjera, sino que aquellas inversiones realizadas con antelación se estarían yendo”.
Nuestro país también necesita tales inversiones, pero eso no significa que puedan ser de cualquier origen. Para recibir capitales limpios, debe ofrecer a los inversionistas una imagen más atractiva que la transmitida por el informe de marzo de este año del Departamento de Estado norteamericano, según el cual el Paraguay sigue siendo un centro de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y del contrabando de cigarrillos, entre otras cosas. Es oportuno, pues, que ahora se vaya a cerrar una de las ventanas que permiten infectar el mercado legal y contribuir a nuestra pésima fama.
Por lo demás, en el Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (Gafisud), aprobado por la Ley N° 4100/10, se lee que los Estados signatarios acordaron “reconocer y aplicar las cuarenta recomendaciones del GAFI contra el blanqueo de capitales”, de modo que el Paraguay estaba en realidad obligado a sancionar la ley en cuestión.
Cabe recordar también que, con anterioridad, la Ley N° 2535/04 había aprobado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que les dedica un largo artículo a las medidas para prevenir el blanqueo de dinero, entre las que figura la de hacer hincapié en los requisitos relativos a la “identificación del cliente” en las transferencias de dinero o valores, y la de detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de títulos negociables. Del convenio se desprende que la identificación de las personas y el rastreo de los títulos son indispensables para prevenir esa actividad delictiva, algo que precisamente impide el anonimato de las acciones.
Con independencia de los compromisos internacionales y de que en un mundo globalizado no debe haber ningún paraíso para el lavado de dinero, es claro que también está en el interés de nuestro propio país frustrar el ocultamiento de las ganancias que genera el delito en su propio suelo. Aquí no hay “derecho a la intimidad” que valga: si los funcionarios deben presentar una declaración jurada de bienes y rentas, ¿por qué los titulares de acciones no deberían ser obligados a dar la cara? Seguramente que a la Subsecretaría de Estado de Tributación le gustaría mucho conocerlos. El anonimato sirve para mantener a oscuras los ingresos generados al margen de la ley, bajo la apariencia de una actividad lícita. Como una persona honesta nada tiene que temer, no tiene por qué camuflar sus ingresos. Y que no se diga que la transparencia pondría en riesgo su seguridad, absurdo argumento invocado por los sindicalistas de las entidades binacionales que deseaban ocultar el monto de sus siderales remuneraciones, por ejemplo.
Como señaló el presidente del BCP, Carlos Fernández Valdovinos, el Paraguay es uno de los pocos países que tienen acciones innominadas, “lo que se presta para evasiones de impuesto y lavado de dinero”. Nuestro país no debe ser el “amparo y reparo” de delincuentes, que montan empresas ficticias para burlar la persecución penal, sino contribuir a la lucha internacional contra el crimen.
Es plausible, entonces, que finalmente el Congreso haya tomado la sensata decisión de cerrar uno de los principales canales del lavado de activos. Es de esperar, ahora, la pronta promulgación de la ley por el Presidente de la República, para que con este valioso instrumento en las manos nuestras autoridades tengan el coraje de combatir con firmeza a los peces gordos paraguayos y extranjeros del narcotráfico, la evasión y el contrabando, y que no ocurra lo de siempre: que se persiga solo a los “pichirulos”.