En un reciente taller de información y capacitación en temas electorales realizado por una entidad denominada Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), y propiciado por otras organizaciones no gubernamentales como la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco, Tierraviva, Unión Europea y Diakonía, se debatió con un grupo de indígenas paraguayos el tema de la representación política dentro del régimen democrático, tal como está regulado en nuestro país.
Los indígenas presentes en la jornada manifestaron su propósito de obtener un número fijo de asientos en el Congreso, bancada cuyos componentes no provendrían del voto universal sino restringida a su sector social. Dicen que así tendrían una representación exclusiva, directa, sin intermediaciones. En las condiciones legales actuales, esto sería inconstitucional; pero supongamos que fuese factible.
Comiéncese por reconocer que la marginalidad social y política de nuestros pueblos indígenas es un hecho incontrovertible; pero es un hecho histórico, es el resultado de cómo se fueron desarrollando nuestras sociedades en América a lo largo de los últimos siglos; la discriminación es efecto de muchas y complejas causas acumuladas y no de la mala actitud de mayorías crueles o racistas, como algunos plantean en forma harto simplista.
La incorporación real y efectiva del nativo a la sociedad nacional ciertamente no se logrará por la vía de cupos de participación política exclusivos para ellos sino por su integración en las organizaciones sociales y políticas. Una bancada obligatoria indígena en el Congreso no sería sino una nueva forma de separación, un estilo de “apartheid”.
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Existen otros argumentos decisivos para que esta solución no sea recomendable. Los pueblos indígenas del Paraguay son 17, según se cuentan actualmente. Entre ellos no existe más vinculación que la que les proveen los encuentros ocasionales de sus dirigentes en jornadas, congresos y reuniones que se hacen en Asunción y alrededores. La mayoría de ellos hablan lenguas distintas, habitan separados, no comparten una larga lista de hábitos y costumbres ni coinciden en el modo de ver e interpretar la existencia en su conjunto; estas diferencias los llevan a conformar, no un bloque compacto sino un mosaico variado.
En Bolivia, los indígenas aymaras –que conforman una sola cultura y por tanto tienen una identidad común definida– optaron por participar de la política activa y tratar de mantener su presencia en los altos organismos de decisión gubernamentales, yendo por la vía más razonable: conformando un partido (Movimiento Indígena Pachakuti - MIP). Esta es una opción práctica porque se ajusta al sistema pluralista y de partidos que caracteriza a nuestros regímenes democráticos. Pero lo más importante es que para los aymaras bolivianos esta solución es posible y eficaz porque ellos conforman una unidad racial y cultural.
En el Paraguay, ¿cómo se formaría un “partido indígena” con 17 etnias, muchos de cuyos integrantes ni siquiera se entienden entre sí porque carecen de una lengua común y deben valerse de “lenguaraces” o intérpretes? Por lo demás, electos algunos de ellos, ¿qué garantía tendrán aquellos pueblos que no consiguieron un representante propio de que los elegidos sabrán comprender sus problemas particulares, representándolos lealmente?
La identidad racial y cultural de cada pueblo indígena es una cuestión fundamental para garantizar la homogeneidad de una asociación que pueda conformarse en su seno. En ausencia de esta identidad, lo que se puede vaticinar es confrontación y más desintegración. Un solo partido indígena, si se constituyera bajo las condiciones vigentes, estaría, posiblemente, más fragmentado que los partidos que conocemos. En definitiva, una bancada exclusivamente indígena en el Congreso no representaría realmente a los pueblos nativos en su conjunto, sino que acabaría convirtiéndose, otra vez, en un aparato bajo el dominio de una élite excluyente de dirigentes selectos.
Pero hay más argumentos en contra de la idea. Si los indígenas paraguayos logran una banca exclusiva para sí en el Congreso, también tendrían derecho a reclamarlas otras minorías que, con o sin justa razón, se sientan discriminadas. Habría entonces varias bancadas, para cada color de piel, para cada discapacidad, para cada oficio, para cada tendencia sexual o religión. Nadie puede creer que un Poder del Estado pueda funcionar de esta manera.
La idea de un Congreso nacional conformado por corporaciones sociales y no por partidos políticos ya fue expuesta doctrinariamente por el fascismo y se la intentó llevar a la práctica durante el siglo pasado en algunos países de Europa, con un resultado completamente decepcionante y aleccionador. No se pudo construir una democracia real con un Poder Legislativo compuesto por empresarios, comerciantes, obreros, campesinos, intelectuales y académicos, artesanos y pescadores. Simplemente no funcionó así y no funcionará en ningún caso, salvo que sirva exclusivamente para intentar dar formalidad a una dictadura en la que todo lo decida un autócrata.
Retornando, pues, a nuestra afirmación y reconocimiento inicial: la marginalidad de nuestros pueblos indígenas es un hecho incontrovertible y debe ser combatida hasta erradicarla. En lo que concierne a lo político, en todos los países que comparten este problema la vía práctica radica en fomentar la inserción de los nativos en las organizaciones ya existentes, de forma que enriquezca el pluralismo y la multiculturalidad que se desean. Para que esta idea tenga éxito, las entidades gubernamentales y no gubernamentales que trabajan con los indígenas deben capacitarlos debidamente para que sus representantes más preparados vayan insertándose cada vez más en las entidades políticas y sociales, ganando espacios en los cargos de decisión, sin tener que imponerlos por una discutible obligación legal. Esta participación activa de los indígenas en las actividades políticas no debe confundirse con lo que hoy ocurre: el arreo como ganado durante las jornadas comiciales.
Sean bienvenidos los representantes de los pueblos indígenas del Paraguay en el Gobierno del país. Y sean también bienvenidas todas las demás minorías que aspiran a superar sus desventajas. Pero por los conductos legales y con el bagaje que se le exige a cualquier ciudadano de la República.