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El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Cnel. (R) Hugo Vera, dio a entender claramente que no confía en la Policía Nacional, cuando fue consultado si la institución que preside intervenía en las medidas tomadas para impedir que el poderoso narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão se fugue de la Agrupación Especializada, a cargo de la institución policial. “Si estaba en la Senad, iba a ser otra cosa; ese es el tema”, señaló en la residencia presidencial Mburuvicha Róga. El narcotraficante sería extraditado a fines de enero próximo para purgar en su país más de diecisiete años de prisión, pero no se descarta alguna acción violenta para liberarlo de la prisión.
Estas gravísimas declaraciones evidencian que la podredumbre generada por el narcotráfico ha llegado al extremo de que el jefe del organismo encargado de combatirlo cree que la institución que debe preservar el orden público, así como los derechos y la seguridad de las personas y de sus bienes, de prevenir los delitos y de ejecutar los mandatos de la autoridad competente, puede facilitar la evasión de un gran bandido por estar, obviamente, penetrada por el crimen organizado.
Es presumible que el titular de la Senad esté muy bien informado de las acciones u omisiones de la Policía Nacional, que afectan el desempeño del organismo que él dirige. Se sabe, entre otras cosas, que hay agentes de policía que están a sueldo de narcotraficantes –como lo denunció recientemente un suboficial del mismo cuerpo de las zonas de cultivo de marihuana–, que las designaciones para ocupar ciertas comisarías en esos lugares están en venta, o que el criminal argentino Ibar Pérez Corradi, líder de una red que traficaba efedrina, compró de los uniformados su libertad, así como una cédula de identidad y un pasaporte falsificados, aparte de sobornarlos periódicamente.
Si la ciudadanía ya tiene motivos suficientes para alarmarse ante la punta del iceberg que sale a la luz, los dichos del jefe de la Senad resultan espeluznantes, considerando que estará mucho más al tanto de las complicidades entre la Policía Nacional y el crimen organizado. Si él no confía en las fuerzas policiales, tampoco la ciudadanía debe esperar que ellas cumplan con su deber cotidiano. Es inadmisible que las personas decentes estén a cargo de una institución que está al servicio de la mafia.
El Cnel. Vera apuntó que Chimenes Pavão está bajo la responsabilidad de la Policía Nacional y del Ministerio de Justicia, del que depende la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde ese gran delincuente estuvo recluido durante años a todo lujo. Esos organismos deberían atender, por ejemplo, “el nexo de sus comunicaciones carcelarias”, según el jefe de la Senad. Por cierto, ellas serían bastante fluidas, no solo entre el recluso y su abogada Laura Casuso, sino también entre esta y agentes estatales. “Tengo un montón de informantes en todas las áreas”, se ufanó la letrada, que el 27 de setiembre último informó a su defendido desde el Chaco que su celda sería allanada el día siguiente, como de hecho ocurrió, sin ningún resultado para el fiscal Hugo Volpe y un gran contingente policial. No cabe duda de que los informantes del crimen organizado son numerosos ni de que están en todas partes, no solo en la propia Policía Nacional, así como tampoco de que nadie habrá de investigar quiénes fueron los autores de la filtración que frustró el operativo “sorpresa”.
Los narcotraficantes pueden burlarse del Estado porque están instalados en los tres Poderes, como bien se supo por boca del legislador Hugo Velázquez, cuando presidía la Cámara de Diputados.
Desde luego, esa penetración impide que haya una labor coordinada entre los diversos organismos. ¿Cómo podría haberla entre la Policía Nacional y la Senad, si el titular de esta recela de la fuerza pública encabezada por el comisario general Luis Carlos Rojas?
Tras esta conclusión, es inadmisible que ambos continúen en sus cargos al mismo tiempo. Si la desconfianza del Cnel. Vera está bien fundada, el comandante de la Policía Nacional está de más, porque no quiere o no puede romper los lazos de su institución con el narcotráfico. Si su alarmante insinuación no tiene base, pasa a ser un mentiroso. El Presidente de la República tiene que destituir a uno de ellos.
Por cierto, los agentes de la Senad y de la Policía Nacional integran –con los militares– la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). ¿Cabe esperar, entonces, que ella logre buenos resultados si el jefe de unos cuestiona, no ya la eficiencia, sino la honestidad de otros? Si a ello se suma que son de pública notoriedad los conflictos entre los oficiales militares y policiales, resulta que la FTC no es más que una bolsa de gatos que le está costando un buen dinero a los contribuyentes.
Claro que tampoco se puede confiar mucho en la Senad si es cierto que el 70% de sus efectivos está sumido en la corrupción, según reconoció el año antepasado su anterior jefe, Luis Rojas. Es decir, salvo que se haya realizado una depuración minuciosa de sus cuadros, ese organismo tampoco tiene autoridad suficiente para impugnar a otro similar.
Así las cosas, solo cabe constatar, una vez más, que el Estado ha sido corrompido de arriba abajo por el narcotráfico, empezando por las dos instituciones que deberían combatirlo. Hay que felicitar, no obstante, al jefe de la Senad por haber expuesto sin tapujos una prevención que no resulta en absoluto insensata, considerando los antecedentes.
Para luchar con éxito contra el crimen organizado y contra el EPP, es indispensable que los delincuentes con uniforme vayan a la cárcel.