Corrieron fluidamente en el ámbito público de noticias y comentarios los rumores de que negociadores del próximo gobierno ofrecieron a Nicanor Duarte Frutos que eligiese en qué cargo público prefiere ser nombrado, a cambio de poner fin a su propósito de violar la Constitución y ocupar una banca de senador titular. El nombrado declaró que no aceptará nada a cambio de “su derecho”. El desmentido corrobora, indirectamente, que la oferta existió, o al menos el tanteo.
Este asunto plantea dos cuestiones graves. La primera, de qué forma desvergonzada se negocia con cargos públicos, sus privilegios y sus beneficios, que se cargan sobre las espaldas del erario. Si el invitado a negociar acepta, quiere decir que todos los contribuyentes tendremos que estar pagándole a Duarte Frutos el precio de que se tranquilice y deje de intentar violar la Constitución. La segunda: qué poca importancia se otorga a las disposiciones legales cuando los políticos disputan una cuestión que hace a sus intereses particulares. Que en la actual coyuntura política que se cocina en el Senado se está intentando traficar con dinero en efectivo, cargos y otras prebendas, es algo que lo reconocen –y algunos lo denunciaron– los propios legisladores.
Por si sirve un ejemplo del tráfico de cargos que se comenta, tenemos ante la vista el caso del director de la EBY, Wildo Almirón, uno de los lacayos de Horacio Cartes, que fue encargado de dar salarios a los correligionarios presidentes de seccional, intendentes, concejales departamentales y municipales, así como operadores y candidatos, a los que, desde 2014, viene repartiendo prebendas por valor de unos 20 millones de dólares. ¿Con uno de estos cargos le hubiesen contentado a Duarte Frutos?
Por otra parte, no está de más repetir una y otra vez que las exigencias que riñen con la ley no pueden ser objeto de negociación. Con lo inapropiado no se transa como si se tratase de un negocio regular, común y corriente. ¿Qué le iban a conceder a Duarte Frutos? ¿Un puesto en una de las entidades binacionales, como el de Almirón, donde se gana muy bien y son muy útiles para formar clientela partidaria, sin tener que meter la mano en el propio bolsillo? ¿Otra embajada, como la que en su momento le obsequió Cartes para que se entretenga en Buenos Aires y no incordie en Asunción?
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Al menos en teoría, los cargos públicos –con mayor razón los más elevados– tienen que estar reservados para las personas con méritos y aptitudes acordes con la función que van a cumplir, y no ser utilizados como moneda de cambio. Además, parece una torpeza la intención de comprar la voluntad del persistente Duarte Frutos con prebendas, sabiéndose que este político, de quien se dijo que, antes de incursionar en la política, con frecuencia pedía “a los muchachos” dinero para su pasaje, se hizo multimillonario desde que incursionó en los cargos públicos –primero, como ministro de Educación, y luego, como presidente de la República–, acumulando una fortuna envidiable, comenzando por su enorme y majestuosa vivienda en el Barrio Herrera de nuestra capital, pasando por varias estancias en el Chaco, y se le atribuyen además otras propiedades, una estación de servicio y hasta un avión. Lo que ambiciona ahora es figuración, no dinero, que ya tiene en abundancia, pero como se le van cerrando las puertas para su juramento, no sería raro que acepte un cargo importante para mantenerse en “training”.
Al respecto, si bien el expresidente niega que se le ofreciera un alto cargo, llama la atención que ahora acompañe al presidente electo, Mario Abdo Benítez, en su visita a Bolivia, cuando que sus partidarios le atribuyen precisamente a “Marito” un papel importante en los tejes y manejes actuales para que se frustre su acceso a la banca de senador electo.
Tras una reciente reunión conjunta de las mesas directivas de las dos Cámaras, el titular de la de Diputados, Miguel Cuevas, sostuvo lo siguiente: “Que se tranquilicen los expresidentes de la República y que cumplan lo que dice la Constitución y pacifiquen a la ciudadanía”, aunque su propuesta incluyó también, como moneda de cambio, al expresidente Fernando Lugo, sobre quien no pesa ninguna prohibición constitucional para ser legislador. Sin embargo, no está todo dicho y no se debe descartar que tanto el expresidente como su compañero de ruta en esta descarada aventura vuelvan una y otra vez a intentar salirse con la suya para violar la Constitución.
La pretensión de Cartes y la de Duarte Frutos de ignorar lo dispuesto en el art. 189 de la Constitución, alegando derechos inalienables, es moral y jurídicamente insostenible, como se ha repetido hasta el cansancio. Ambos sabían muy bien, cuando aceptaron el cargo de presidente de la República, que tal artículo existía y lo que significaba. En consecuencia, admitieron implícitamente que, al terminar su período de cinco años, deberían pasar a ser senadores vitalicios o renunciar a tal dignidad, si les pareciese mejor, pero no a cambiarse alegremente de título.
Un cargo público no se puede utilizar para compensar una pretensión ilegítima como la del actual presidente y el expresidente citados. Los ciudadanos y las ciudadanas deben oponerse tenazmente a que con su dinero se continúe cohonestando barbaridades, como podría ocurrir para mantener contento a un violador consuetudinario de la Constitución. Deben reclamar públicamente que terminen con esta política de albañal con que intentan calmar a los inescrupulosos, y comprar su aquiescencia con lo que sea.