En su contundente homilía del 8 de diciembre, el obispo de Caacupé, Mons. Ricardo Valenzuela, se refirió, entre otros importantes temas, a “la casi ausencia del Estado en el Alto Paraguay”, donde una gran parte de la población no tiene agua potable ni caminos transitables en todo tiempo, ni hospitales equipados ni remedios, ni instituciones educativas de calidad para la formación profesional de los jóvenes, entre otras agudas carencias que marcan su vida cotidiana.
De hecho, nuestro diario se ha venido ocupando, una y otra vez, del triste abandono en que se halla sumido ese departamento, condenado a ser el más pobre del país por culpa de la voracidad de los politicastros locales de los últimos cincuenta años, colorados en su totalidad, y de la indiferencia de las autoridades capitalinas.
Aunque los cuatro principales municipios del departamento están ubicados sobre el caudaloso río Paraguay, solo en Fuerte Olimpo y en Puerto Casado se puede beber agua sin temor a enfermarse; los habitantes de Bahía Negra y de Carmelo Peralta no tienen esa suerte. Como en esa aislada región no hay un solo metro de vía asfaltada, quienes circulan por la ruta de unos 340 kilómetros que la une con Loma Plata corren el riesgo de atascarse en caso de lluvia, como los pasajeros de un ómnibus que el año pasado tuvieron que ser recogidos por un helicóptero en un inhóspito paraje de Puerto Casado.
Parece increíble, pero aún no ha concluido la licitación pública internacional convocada en noviembre de 2016 para asfaltar 227 km de ese tramo de la “ruta transoceánica”, lo que implica que la incomunicación terrestre continuará por mucho tiempo. La aérea ha sido parcialmente superada en beneficio de Fuerte Olimpo, que ya cuenta con una pista de aterrizaje cementada. Quienes no pueden ser atendidos en el hospital regional de Bahía Negra, en cambio, deben confiar en que no llueva para poder ser llevados a Asunción por el Servicio Aéreo de Búsqueda y Rescate o por algún otro avión militar, como el que hace unos meses transportó a una niña fracturada para ser atendida en el Hospital Central del IPS, pues en todo el departamento no hay un solo traumatólogo. La otra opción es viajar hasta Puerto Murtiño (Brasil) en bote o acaso en la “lancha para servicios médicos”, donada hace dos años al Ministerio de Salud Pública por la Organización Panamericana de la Salud.
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A estos penosos dramas se han sumado últimamente dos o tres cortes semanales en la provisión de energía eléctrica, debidos a la obsolescencia de las líneas de transmisión instaladas en 1997 por la ANDE, que provocan pérdidas millonarias a los comerciantes, salvo a los de Bahía Negra, por la sencilla razón de que nunca han contado con dicho servicio. Esta pequeña muestra de la situación del Alto Paraguay induce a preguntarse quiénes son los responsables de que la calidad de vida de sus habitantes sea tan miserable, por decir lo menos. Se podrá culpar a los gobiernos nacionales que se sucedieron a lo largo de las décadas de no haber promovido el desarrollo local mediante la radicación de inversiones y la concreción de los servicios indispensables, para romper el sempiterno aislamiento y mejorar la prestación generalizada de servicios públicos.
Sin embargo, a esa manifiesta desidia mencionada debe sumarse, como un factor principalísimo, la espantosa corrupción de los gobernadores departamentales y de los intendentes de turno, con la complicidad de los respectivos concejales. Al respecto, cabe mencionar que desde 1993 las gobernaciones han recibido del Ministerio de Hacienda unos 400.000 millones de guaraníes, cuya aplicación en beneficio de las poblaciones no se ve en absoluto. Gran parte de esa suma terminó en los bolsillos de sus autoridades y en los de sus allegados, tanto que puede afirmarse que son, en términos relativos, los mandamases locales que más han robado en todo el país.
La avasallante corrupción que hundió en la miseria a ese departamento es estimulada por la impunidad, una realidad que puede palparse en el Alto Paraguay, pues los responsables de tantas tragadas continúan impunes, con excepción de la exconcejal y exgobernadora Rosalba de Penayo, recluida por haber incumplido la condena que en 2011 le obligó a devolver a la Gobernación 208 millones de guaraníes y a transferirle un inmueble. Según la Contraloría General de la República, Penayo no pudo justificar un gasto de 4.000 millones de guaraníes, en solo ocho meses de gestión.
Otra buena mandarina es su antecesor en la Gobernación, Erasmo Rodríguez, en cuya administración se detectó un faltante de 3.000 millones de guaraníes en un solo año, quien, condenado en 2009, sigue en libertad, pese a no haber resarcido el daño causado, y hasta pretende ser concejal departamental.
Estos funestos personajes contaban con la protección del exdiputado José Chamorro, el mismo cuestionado hombre fuerte del Alto Paraguay que hoy aspira a ser gobernador presentándose como un “mesías” que traerá la prosperidad a la región, olvidándose, desde luego, que en 2006 cobró 250 millones de guaraníes por haber “gestionado” el desembolso de royalties para la Municipalidad de Puerto Casado.
La galería de los impresentables que hicieron de gobernadores a costa del bienestar de la gente se completa con el stronista Tarcisio Sostoa, Óscar Alvarenga, Bernardino Garcete, Sergio Valinotti, Vidal Benítez, Nildo Penayo (marido de Rosalba) y Justo Fernández. Se preguntará el lector cómo pueden ser tantos si el periodo gubernativo es de cinco años, y la respuesta es que las crisis fueron frecuentes porque las ganas de robar eran incontenibles y no había tiempo que perder, por lo que se fueron produciendo los cambios y sustituciones dentro del mismo periodo constitucional.
Ya habrá ocasión de evaluar el desempeño de la actual gobernadora, Marlene Ocampos, quien desde hace unos meses se dedica de lleno a la campaña electoral interna de la ANR, pues pretende ser diputada. La misma, por lo visto, sigue el camino conocido: accede a un cargo público, donde por arte de magia se hace de suficientes recursos para aspirar a un cargo electivo a nivel nacional, de la mano de algún padrino poderoso. Ocampos viene buscando votos en compañía del diputado José Domingo Adorno, el precandidato a gobernador que en octubre último logró la remoción del jefe policial de seguridad departamental por haberse negado a liberar un cargamento de vacunos interceptado porque el transportista no tenía ni cédula de identidad ni guía de traslado.
De lo antedicho se infiere que, en las presentes elecciones, los ciudadanos del Alto Paraguay corren el riesgo de hasta seguir eligiendo a sus verdugos, a quienes son responsables de sus desgracias. Si así lo hacen es porque están sumidos en la pobreza y en la ignorancia, que unos malandrines agavillados pretenden perpetuar mediante el aislamiento, para poder seguir enriqueciéndose ilícitamente. La marginación del departamento les viene de perillas para saquearlo a diestra y siniestra.
Llegó el momento de que los habitantes de este lejano departamento se sacudan y se propongan liberarse del calvario. Para el efecto, deben alzar la voz, como lo hicieron hace un par de años los valientes pobladores de la comunidad de Toro Pampa, reclamando el arreglo de los caminos, y como acaban de hacerlo los damnificados por el pésimo servicio de la ANDE.
Es hora de que las víctimas del olvido y del latrocinio alcancen su propia redención, pues nada pueden esperar de los buitres políticos que ya les robaron las esperanzas y solo están esperando una nueva ocasión para volver a meterles sus garras en los bolsillos.