Prosiguiendo su irresponsable política de endeudamiento, el Gobierno prepara otra emisión de bonos soberanos, esta vez por 550 millones de dólares. No está satisfecho, pues, con que la deuda pública haya pasado de 4.174,2 millones de dólares a fines de 2013 a 6.294,3 millones al concluir el año pasado, suma que equivale al 23,1% del producto interno bruto (PIB). Para peor, la nueva colocación es para cancelar deudas anteriores, algo que en el lenguaje coloquial se designa como “bicicleteo”.
Este desesperado recurso, al que suelen apelar las personas y las empresas insolventes, conduce, tarde o temprano, al “default”, que ahora menta el propio Banco Central. En efecto, el jefe de su División de Programación Macroeconómica, William Bejarano, acaba de advertir que se caería en esa gravísima situación si los poderes del Estado no coincidieran en la necesidad de contraer nuevas deudas en marzo de este año, para cancelar las obligaciones que vencerán en breve. Tanto los medios de prensa como prestigiosos economistas ya habían llamado la atención al respecto. Lo novedoso ahora es que el llamado de alerta provenga de un alto funcionario, aunque tenga la connotación de un chantaje al Congreso y, por extensión, a la opinión pública: si el país no se sigue endeudando, nadie le prestará más dinero y será demandado por sus acreedores.
Si el Paraguay ha llegado a este extremo de mendicancia es por culpa de los políticos que padecemos, ya que las deudas del país deberían pagarse con recursos genuinos, es decir, con la recaudación tributaria, los royalties y los cánones por la concesión de servicios, tal como lo sostiene el exviceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Manuel Alarcón. Empero, resulta que el 70% de los actuales ingresos tributarios es absorbido en forma de salarios y remuneraciones adicionales y no alcanza para pagar nada.
Esa tragedia nacional de no tener fondos para pagar las deudas es producto de la llamada economía informal, cuyo volumen alcanza 12.000 millones de dólares anuales, equivalentes a nada menos que el 40% del PIB, un porcentaje “inusualmente elevado”, según lo calificó un informe del Fondo Monetario Internacional de 2015. Se estima que la mitad de esa suma corresponde a las actividades ilícitas del narcotráfico y el lavado de dinero.
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Esos grandes contrabandistas y evasores que realizan operaciones multimillonarias ilícitas que están ligados al poder político privan al fisco de los ingresos que deberían emplearse para evitar este pavoroso endeudamiento en marcha y que coloca al Paraguay al borde de la cesación de pagos.
Fundado quizá en su propia experiencia, el mencionado exviceministro de Economía señala que la administración solo se ocupa de controlar a los contribuyentes de siempre, y que no se conoce ninguna estrategia para incorporar a los evasores de impuestos.
Desde luego, el exfuncionario tiene toda la razón del mundo, tanto que no ha hecho más que incurrir en una perogrullada al señalar una cuestión de pública notoriedad.
Antes que insistir en el tema, debemos preguntarnos cómo es posible que en un país relativamente pequeño, de apenas siete millones de habitantes, ni la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) ni la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) pueden combatir la vastísima economía subterránea.
La respuesta es fácil: es por culpa de los “padrinos” –diputados, senadores, autoridades del Gobierno y partidarias– que reciben maletines de los recaudadores y que por su poder político están fuera del alcance de la Justicia. Hasta ahora, por ejemplo, no se pudo aclarar de dónde y para quién venían desde el Este mil millones de guaraníes en efectivo que fueron hallados en junio de 2015 en el maletín de un funcionario aduanero que falleció en un accidente cuando se dirigía a Asunción.
Es así que a quienes manejan las riendas del poder recaudador, con el ministro Santiago Peña a la cabeza, no les interesa que el Estado aumente sus ingresos persiguiendo y encarcelando a contrabandistas y evasores de impuestos, sino a costa de los contribuyentes que ya los pagan, porque, además de la protección de políticos corruptos de que gozan los ilegales, los propios funcionarios no quieren abandonar sus lucrativas fuentes paralelas de ingresos que obtienen haciendo la vista gorda a las irregularidades.
Por eso es que al Gobierno corrupto del Paraguay no le queda otro camino que recurrir al actual “bicicleteo” para cumplir con sus compromisos con los acreedores. Endeudarse más para pagar deudas anteriores. Total, cuando llegue la avalancha de reclamos de los prestamistas por cobrar, Horacio Cartes y sus funcionarios principales que están endeudando al Paraguay hasta el cuello ya estarán en sus prósperas estancias, lujosos departamentos o paseando por el Caribe, disfrutando de lo “ahorrado” durante su paso por el poder.
No es difícil vaticinar que el “default” será la dramática culminación de una faena lisa y llanamente delictiva en la que están involucradas las autoridades.
Si la ciudadanía quiere evitar que caigan sobre sus hijos y nietos las nefastas consecuencias de este irresponsable “bicicleteo”, debe sacudirse ahora exigiendo que se ponga fin al mismo, y se envíe a la cárcel a los funcionarios públicos y sus padrinos.