Lo que debió constituir la simple aplicación del art. 189 de la Constitución nacional, que dispone que los expresidentes de la República SERÁN senadores vitalicios, se convirtió en un verdadero circo por culpa de dos políticos inescrupulosos empedernidos y sus respectivas comparsas, que fue cobrando aristas insospechadas por lo grotesco y absurdo hasta transformarse en el verdadero quilombo político en que está inmerso en estos días la nación.
En el día de ayer, la jueza electoral María del Carmen Novais tardó menos de cuatro horas para hacer lugar a la acción de amparo promovida por el expresidente Nicanor Duarte Frutos contra la resolución del presidente de la Cámara de Senadores, Fernando Lugo, por la cual la senadora electa Mirta Gusinky fue convocada a jurar hoy para ocupar una banca en sustitución del citado expresidente, con base en lo dispuesto en la norma constitucional citada y en el art. 10 del Reglamento Interno de dicho cuerpo legislativo. Novais dispuso, por tanto, que sea el accionante quien preste el juramento de rigor para ocupar un escaño ilegítimo, fundado, en última instancia, en unos fallos de la Justicia Electoral y de la Corte Suprema de Justicia que a todas luces implicaron el delito de prevaricato.
No sorprende, pues, que la jueza se haya sometido con tanta premura a los designios de un soberbio y contumaz enemigo de la Constitución, sin que el titular del Senado haya podido defender su resolución. Nadie ignora que la judicatura está a las órdenes del poder político, y que está dispuesta a complacerlo siempre y en todo lugar, con independencia de quienes lo ejerzan o anticipándose a los cambios de mando.
Para mayor escándalo, el exmandatario rebelado contra la Constitución Nacional insólitamente está patrocinado nada menos que por el estudio jurídico del abogado Juan Ernesto Villamayor, designado por el presidente electo, Mario Abdo Benítez, como ministro del Interior en el Gobierno que asumirá el próximo 15 de agosto. El mensaje resultó, así, bastante claro: al próximo jefe del Poder Ejecutivo le encantaría que Duarte Frutos se saliera con la suya. Ya habrán tomado nota los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y los de la máxima instancia judicial, de modo que este bochornoso asunto, provocado por una ambición desmedida, habrá de servir como señal de lo que el nuevo Gobierno espera de ellos.
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Para sus protagonistas, lo menos importante es la Ley Suprema. Tampoco la jueza la toma muy en serio, ya que en su paupérrimo auto interlocutorio se limitó a invocar los arts. 118 (“Del sufragio”) y 273 (“De la competencia de la Justicia Electoral”). El siguiente pasaje del considerando, que copiamos literalmente, sirve para apreciar tanto su dominio del español como su versación jurídica: “Por lo que, el Senador Oscar Nicanor Duarte Frutos desde el momento de la Proclamación por Resolución emanada del Tribunal Superior de Justicia Electoral se encuentra en plena vigencia de sus deberes y atribuciones como Senador Nacional”. O sea que el actual Presidente de la República, también proclamado en tal carácter por el TSJE, se halla “en plena vigencia de sus deberes y atribuciones como Senador Nacional”. Por lo visto, Horacio Cartes fue muy torpe al no promover de inmediato una acción de amparo en igual sentido, ya que, con base en esos mismos argumentos, la jueza Novais le hubiera concedido su petición de jurar, pese a ser presidente de la República.
Lo de menos es que el art. 188 de la Carta Magna diga que “En el acto de su incorporación a las Cámaras, los senadores y diputados prestarán juramento...”, y que el art. 5º del Reglamento Interno del Senado exprese que “El juramento constituye la incorporación del Senador electo a la Cámara...”. Lo que importaba era satisfacer al peticionante con poder político, más aún atendiendo sus flamantes vínculos con el “abdismo” e incluso con el “cartismo”, según surge de la denuncia presentada ante el Ministerio Público por allegados a Horacio Cartes contra Fernando Lugo, por no haber llamado a jurar como senador activo al vitalicio Duarte Frutos.
Si algo debe quedar bien claro es que los responsables de la inquietud reinante actualmente son Duarte Frutos y Horacio Cartes. Sus respectivas egolatrías están causando un tremendo daño al país, distrayéndolo de cuestiones mucho más relevantes que una insana ambición personal compartida. No están dispuestos a respetar la Constitución, pero sí a seguir enturbiando el clima social. La inseguridad resultante del quebrantamiento del orden jurídico les importa muchísimo menos que ocupar a toda costa una banca ilegítima desde donde dictar cátedra de patriotismo y de moral, es decir, de lo que carecen con toda evidencia.
En suma, están convirtiendo al Paraguay en un quilombo, con la complicidad de muchos sinvergüenzas. Se ha revelado no solo que los “abdistas” y los “cartistas” apoyan conjuntamente la pretensión espuria de Duarte Frutos, sino también que los primeros están dispuestos a aceptar que Horacio Cartes logre su infame propósito luego del 15 de agosto, siendo senador vitalicio. Es decir, los supuestos desencuentros entre ambos grupos son puro cuento.
La acción de amparo del primer suplente de la lista de senadores de la ANR, Enrique Riera, contra la resolución por la cual el titular del Senado convocó a jurar a Rodolfo Friedmann, para asumir él en su reemplazo, apunta a que el accionante, dentro del plan, “le guarde la silla” a Horacio Cartes para cuando deje la Presidencia. La jueza antes citada rechazó “por ahora” dicha presentación.
Cualquiera sea el desenlace de este escandaloso asunto, y considerando el visto bueno dado a Duarte Frutos, se impone que los ciudadanos y las ciudadanas salgan a las calles en defensa de la Constitución Nacional, y en repudio de la Justicia esclava del poder político.