El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizará hoy una audiencia pública sobre el borrador del pliego de bases y condiciones de una licitación para ampliar, profundizar y optimizar los canales de captación y conducción de aguas del río Pilcomayo. Como siempre, el proceso se ha iniciado con sumo retraso, de modo que probablemente se repetirá la tragedia del año pasado, cuando la laguna Agropil, situada en el noroeste del departamento de Boquerón, se convirtió en un cementerio de animales muertos de sed, por no haberse iniciado a tiempo la limpieza del canal de desvío. Aquella vez, el proceso licitatorio empezó en julio y el contrato se firmó en octubre, es decir, cuando los trabajos ya debían haber concluido.
Si la tradicional negligencia vuelve a causar tan severos perjuicios al ambiente y a los bolsillos de los ganaderos, la responsabilidad será compartida por el ministro Ramón Jiménez Gaona y por el inoperante titular de la Comisión Nacional del Pilcomayo, Óscar Salazar Yaryes. Pero más allá del sempiterno problema de la desidia, se plantea la cuestión de que los pliegos de bases y condiciones son maliciosamente elaborados, de forma que se excluya la libre competencia entre los oferentes. Tampoco es algo nuevo, entonces, que solo una empresa respondería a las exigencias previstas este año, según el productor chaqueño Zenón Morínigo. Cuando se le manifestó esta inquietud, el ministro respondió de lo más campante que la única eventual oferente podría luego subcontratar a otras empresas, justamente la forma de incrementar indebidamente los costos de la operación. No es raro que los empresarios vialeros asuncenos trafiquen con las contrataciones públicas en connivencia con la administración central respectiva, dejando que los trabajos en el Chaco corran a cargo de los chaqueños, para quedarse en Asunción con la mayor tajada, haciendo poco o nada. Desde hace décadas ellos tienen los contactos adecuados, que hasta ahora es lo que importa en estos casos.
Ni al MOPC ni a la Comisión les importa mucho lo que ocurre allá lejos, en una región inhóspita: están muy bien instalados en sus oficinas capitalinas y no habrán de sufrir las consecuencias de unas labores realizadas torpe o tardíamente. Quienes sí tienen el mayor interés en ellas son los lugareños y, en particular, los ganaderos que contribuyeron con su dinero al fondo de la inútil Comisión. En verdad, es indignante que cada año se reiteren la imprevisión y el favoritismo para enfrentar el fenómeno natural absolutamente previsible de la colmatación de los canales a causa de los sedimentos arrastrados por el río. La razón de fondo de que el problema sea hasta ahora insoluble es que del mismo se encargan, por así decirlo, unos funcionarios del todo ajenos a la necesidad de precautelar el ambiente y los bienes de los pobladores afectados.
Por eso, desde hace tiempo nuestro diario viene insistiendo en que sea el Gobierno departamental de Boquerón el organismo responsable de administrar todo lo referente a la limpieza del canal paraguayo del río Pilcomayo. Está sobre el terreno y expuesto al control de los productores de la zona, menonitas o no, mucho más eficaz, por cierto, que el que puedan realizar unos empleados y fiscalizadores de obras enviados desde Asunción y que solo desean volver cuanto antes a sus casas. Si así fuera, la Gobernación podría iniciar oportunamente el proceso licitatorio, elaborando un pliego de bases y condiciones que no excluya deliberadamente –como ahora– a los oferentes de la zona ni apunte a favorecer a uno solo. Por otro lado, podrá hacer un seguimiento más detenido y continuo que el que puedan efectuar los funcionarios comisionados desde Asunción. Es así porque los propios lugareños tendrán los ojos y oídos puestos en lo que los responsables de su Gobierno departamental hagan o dejen de hacer en esta materia que les concierne de un modo inmediato
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En el Chaco hay gente capaz de enfrentar el desafío con la seriedad que les falta a quienes cada año, desde el MOPC y desde la Comisión, ponen en zozobra a la población, debido a su notoria indolencia y a sus estrechos lazos con exponentes de la “patria contratista”.
Es hora de poner fin a tanta desvergüenza y de que la Asociación Rural del Paraguay y las entidades ambientalistas e indigenistas, así como la ciudadanía en general, exijan que el tema que nos ocupa quede en manos de los interesados directos, la Gobernación de Boquerón y sus habitantes. El productor Morínigo sostuvo que si ingresó agua en el río Pilcomayo, fue solo gracias a un trabajo anexo del Gobierno departamental, y agregó que “cada vez estamos peor por culpa de esta gente que es negligente al máximo”.
Por cuanto antecede, el debate en la audiencia pública de hoy no debería girar solo en torno al pliego de bases y condiciones –que más bien se parece a una cortina de humo para algo–, sino sobre todo en la urgencia de que los irresponsables dejen de seguir causando el daño que están haciendo. Para ello, lo más conveniente es que de la tarea de hacer correr el agua del río se ocupen quienes tienen los mejores motivos para anhelar que los trabajos sean bien hechos y sin demoras, es decir, aquellos que hasta ahora han sido sus principales víctimas.