En 1964 las fuerzas armadas brasileñas, aliadas con los tecnócratas del país, tomaron el poder mediante un incruento golpe de Estado, implantando una dictadura que duró hasta marzo de 1985. Forjaron una alianza con los intereses industriales y financieros centrados en la Federación de Industrias do Estado de São Paulo (FIESP). Esta coalición revitalizó la alicaída economía brasileña y promovió significativos cambios políticos que culminaron con el que fue conocido como el “falso milagro económico brasileño”, que al término de la dictadura dejó al país más empobrecido y endeudado que antes.
Sobre ese telón de fondo de su reciente historia política es que el pasado 1 de enero el pueblo brasileño, en mayoría, celebró con júbilo la ascensión al poder del excapitán del ejército brasileño y exdiputado federal Jair Bolsonaro. Entre otros conceptos, en su discurso inaugural, el flamante Primer Mandatario marcó como eje de su política de Gobierno la lucha contra la corrupción, la criminalidad, la irresponsabilidad económica y las “amarras ideológicas”. En la ocasión, anunció también que visitará Paraguay en la primera gira internacional que se propone realizar, quizá ya en el presente mes, lo cual no deja de ser auspicioso para nuestro Gobierno, que debe aprovechar la oportunidad para formular los reclamos legítimos que corresponden en relación al emprendimiento comercial estratégico que Brasil tiene con nuestro país: la usina hidroeléctrica de Itaipú.
Como nostálgico confeso del régimen dictatorial de su país, el encumbramiento del exmilitar a la presidencia de la República Federativa del Brasil es visto por muchos de sus conciudadanos como un retorno del pasado político de la mano de quien funge como un heraldo del futuro del país-continente. En tal sentido, todo parece indicar que la memoria colectiva del pueblo brasileño no siente aprensión por el vuelco político que representa el Gobierno nacionalista –y en cierta forma autoritario– que promete conducir el nuevo presidente.
En efecto, la elección del presidente Bolsonaro es el más reciente síntoma del olvido de la política brasileña; olvido causado más bien por las preocupaciones del presente. De hecho, Bolsonaro asume el Gobierno de su país en medio de una guerra desatada por el narcotráfico, con un saldo de 63.880 asesinatos en el año 2017. Ante este crucial escenario de inseguridad ciudadana, el flamante presidente apoya la derogación de la ley que prohíbe la tenencia de armas por parte de los ciudadanos, ley que actualmente rige para todos, con excepción de la policía, jueces y fiscales.
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En un astuto accionar político, el presidente Bolsonaro ha escogido al famoso ex juez federal Sergio Moro para dirigir un expandido y más poderoso Ministerio de Justicia. Moro fue pieza clave, altamente popular y respetado como cabeza judicial en la investigación del escándalo del “Lava Jato”, de corrupción y lavado de dinero que resultó en el encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y otros prominentes políticos y hombres de negocios, además del dictamiento de numerosas órdenes de prisión que incluyen al “amigo del alma” del expresidente paraguayo Horacio Cartes, el “doleiro” Darío Messer, actualmente prófugo de la Justicia de ese país y presumiblemente escondido en el nuestro.
La investigación de la corrupción en Brasil probó que es posible poner presión real sobre la tradición de impunidad para los políticos, ricos y poderosos.
Pero dejando a los brasileños ocuparse de lo que puede depararles el ciudadano que han elegido como presidente de la República, vayamos a lo que a nosotros como país nos interesa en la relación bilateral con el Brasil, nuestro más importante socio comercial, con el que, además, compartimos una “joint venture” de connotación estratégica con estatus de “socio indispensable”, en el que debemos insistir en lograr la equidad consagrada en el Tratado en cuanto a los beneficios allí devengados.
Igualmente importante para nuestro país es la cooperación que podamos obtener del presidente Bolsonaro en materia de seguridad fronteriza, tanto en el combate al crimen organizado que se ha hecho de santuarios en la frontera común, y últimamente hasta en nuestra Capital y otras ciudades, como también en la represión del contrabando de cigarrillos, drogas y armas desde nuestro país, y del lavado de dinero centrado en la Triple Frontera. Pero, por encima de todo, es de esperar que este inicio aparentemente auspicioso del relacionamiento entre los dos nuevos Gobiernos termine por fin con esa sensación de amo y lacayo que ha presidido los asuntos bilaterales durante tanto tiempo, especialmente en lo relacionado a la explotación de la represa hidroeléctrica de Itaipú, donde el Brasil se ha venido quedando con la parte del león, tirando las migajas al Paraguay. Aunque debe reconocerse que, para el efecto, ha contado con la complicidad de autoridades y negociadores paraguayos que han sucumbido a las imposiciones de nuestro vecino, puede pensarse, por sucios intereses crematísticos.
El Gobierno de Mario Abdo Benítez debe terminar con la actitud mendicante de sus predecesores y hacer valer los derechos legítimos del Paraguay, más aún de cara a las cruciales negociaciones de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, para que nuestro país no sea escamoteado una vez más por nuestro vecino y reciba lo que legítimamente le corresponde en ese emprendimiento binacional.