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El concejal municipal de Asunción Daniel Centurión (ANR) presentó recientemente un proyecto de disposición para que, desde el próximo primero de abril, quede prohibida la permanencia de “limpiavidrios” en todos los cruces semafóricos de la capital.
La iniciativa de este edil viene a contradecir otras que se insinuaron en años anteriores, como por ejemplo aquella que buscó otorgar a los “cuidacoches” cierto estatus legalizado, lo que les convertiría en una especie de funcionarios, aberración legal y de sentido común que, según los pocos que acompañaban esta idea, mejoraría la situación de esos trabajadores irregulares incorporándolos a la formalidad.
Lo que ni siquiera veían –o no les importaba– eran las amenazas que con tal transformación crearían para el resto de las personas. Por este motivo, la actual propuesta del concejal Centurión, en la parte que prohíbe dicha cuestionada actividad, es atinada. Su criterio se funda en la simple razón de que avenidas, calles y veredas son bienes del dominio público, que deben servir exclusivamente para la circulación de personas y vehículos, función que es entorpecida, cuando no puesta en riesgo, con la presencia de “cuidacoches”, “limpiavidrios”, mendigos y vendedores ambulantes.
Sin embargo, la idea establecida en el mismo proyecto de ordenanza de hallarles a estas personas desde el ámbito municipal algo que hacer en la vida, buscarles trabajo, actividades remuneradas u ocupaciones tales como estudios escolares o técnicos, como paso previo a la prohibición de sus actividades en la vía pública, es un disparate. Es una modalidad populista para disimular, para granjearse simpatías políticas o eludir responsabilidades.
Por eso no hace falta crear una “mesa interinstitucional” para desarrollar proyectos de capacitación e inserción laboral de las personas que realizan esta actividad, tal como prevé la minuta presentada, según la cual, para esa finalidad, intervendrían nada menos que cinco organismos públicos: la Intendencia y la Junta Municipal, los ministerios del Interior y del Trabajo, la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, mientras que la tarea de prepararlos laboralmente quedaría a cargo del Servicio Nacional de Promoción Profesional, debiendo concluir antes de que entre en vigor la ordenanza.
Todo eso para ocuparse en forma exclusiva y particular de 300 “limpiavidrios”, que de este modo devendrán, en cierta forma, ciudadanos privilegiados, ya que miles de otras personas que se hallan en la misma situación de necesidad, pero que no están en las calles, continuarán sin merecer atenciones de este tipo y no recibirán igual tratamiento de favor. La lección que estos últimos sacarán de todo eso será que para recibir ayuda laboral estatal hay que salir a las calles a molestar, agredir, extorsionar o mendigar. Por otro lado, ¿cómo preparar para una actividad laboral a niños desde seis años como a adultos de 60, tal como comprende la franja etaria de los “limpiavidrios”? Como se ve, la iniciativa es traída de los pelos, pues la problemática es bastante más compleja.
Por otra parte, si las cosas se hacen así como se pretende en la minuta municipal, si realmente tienen éxito y llegan a sacar a los 300 limpiavidrios, al día siguiente tendrán 600 más en su reemplazo. Para muestra de esto basta la anécdota de que los 70 vendedores ambulantes censados en la zona de obras del viaducto de Madame Lynch y Aviadores del Chaco, ante la absurda expectativa de cobrar una anunciada indemnización municipal, en pocos días sumaron 200.
El concejal proponente manifiesta estar entusiasmado porque ya habría empresas de seguridad interesadas en emplear a “50 personas de la calle, de entre 22 y 50 años; solo piden que la Junta Municipal haga la preselección”. Pero en la calle no solamente se ve a adultos jóvenes, en plena capacidad para trabajar o estudiar, sino también a madres con bebés en brazos, niños y niñas, indígenas, discapacitados y ancianos, que mendigan, venden frutas, aceites y otros productos de contrabando u ofertan camisetas de Cerro Porteño y Olimpia, que no todos podrían ser empleados en actividades económicas regulares.
Es oportuno recordarles a los concejales y a otros políticos populistas que súbitamente creen hallar soluciones mágicas para resolver en un minuto grandes problemas sociales, que la Municipalidad carece de la finalidad y la atribución de la capacitación laboral ni de la obtención de empleos. Su finalidad principal es hacer que la existencia colectiva en la ciudad sea adecuada, digna, placentera, para lo cual deben desarrollar, poner orden, limpiar, vigilar, sancionar, en fin, dictar y hacer cumplir ordenanzas que respondan a su razón de ser institucional, al cumplimiento de los deberes y atribuciones que prevén la Constitución y la ley orgánica que la regula.
En suma, los ediles harían bien en limitarse a aprobar la prohibición referida, disponiendo su inmediata entrada en vigor, sin caer en la tentación de aprovechar la oportunidad para poner en acción medidas populistas, invariablemente destinadas al fracaso y la decepción.