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Mientras los privilegiados funcionarios de la ANDE solo pagan la mitad de la tarifa eléctrica, decenas de miles de usuarios son defraudados por esa empresa estatal mediante sobrefacturaciones escandalosas. El presidente del Consejo de Administración, Pedro Ferreira, tuvo a bien reconocer el robo, aunque minimizó su magnitud al apuntar que se cobra en exceso en solo unos 300 de cada 6.000 casos reclamados. El porcentaje del 5% parece bajo, pero si se considera que la empresa estatal tenía 1.577.655 “clientes activos” en diciembre de 2017, resulta que unos 80.000 de ellos estarían pagando de más por un pésimo servicio. Una verdadera vergüenza.
El lector se preguntará cómo ocurre semejante aberración en una empresa que estaría utilizando un sistema de control aceptablemente moderno. El mismo Ferreira justificó ese hecho con que en algunos meses se hacen lecturas “estimativas” de los medidores, es decir, se emiten facturas a ojo de buen cubero. La ANDE debería investigar los parámetros que utilizan sus controladores, pues en los últimos tiempos se ha publicado que a modestas viviendas llegaron facturas por cifras millonarias. En otros casos, los usuarios se tuvieron que “tragar” la bronca, porque no podían demostrar que era imposible que hubieran utilizado tal cantidad de electricidad, habiendo estado vacía la vivienda por algún tiempo, por ejemplo, como también hubo quejas.
Si tal es la arbitrariedad con que actúan los funcionarios de la ANDE, de nada sirve que ella ajuste el funcionamiento de los medidores para que no admita un error mayor del 5%, en más o en menos, ni que los usuarios pidan la “verificación de acuerdo con las normas reglamentarias”, al decir del art. 108 de la Carta Orgánica de la empresa pública. Como los clientes no pueden confiar en el “lector” de los medidores, la ANDE pretende que ahora se tomen la molestia de acompañarlo, para lo cual les informará el día en que el funcionario visitará la vivienda, a más de obtener una clave para seguir su caso por sistema informático.
La admisión de que hay sobrefacturaciones plantea la cuestión de si los funcionarios culpables fueron destituidos. El Ing. Ferreira nada dijo al respecto, pero es de suponer que no ocurrió ni va a ocurrir tal cosa, porque los sindicalistas que debe soportar son bastante influyentes, como la experiencia enseña. Los usuarios, en cambio, no están organizados, sin que puedan esperar que el defensor del Pueblo o los legisladores los defiendan ante el despojo al que se ven expuestos cada mes.
Para peor, dado que la ANDE es un monopolio inconstitucional, la población ni siquiera tiene la opción de recurrir a otras empresas proveedoras de energía eléctrica. No hay noticias de sobrefacturaciones perpetradas en Villarrica por la privada Compañía de Luz y Fuerza SA (Clyfsa), razón de más para liberar a la libre concurrencia el mercado del servicio eléctrico, previa creación de un ente regulador, como de hecho se pretendió hace algunos años con un proyecto de ley, abortado debido a la presión de sindicalistas y políticos.
Con la ANDE, el usuario está expuesto no solo a quedar habitualmente a oscuras, sino también a que se le meta aún más la mano en el bolsillo gracias a la lectura “estimativa” de un sinvergüenza. Al igual que la administración tributaria, ella no devuelve el dinero pagado en demasía, sino que lo acredita a futuras cuentas. El defraudado tampoco tiene derecho a recuperarlo con intereses, para disponer de él como quiera, sino solo a esperar un descuento venidero. Ni las autoridades ni los funcionarios de la empresa que se quedó con lo ajeno corren el menor riesgo y pueden seguir haciendo lo mismo porque, duele confesarlo, los clientes son demasiado tolerantes.
Es probable que el número real de los damnificados por los cobros en exceso sea muy superior al que se desprende del porcentaje indicado por el presidente de la ANDE, pues muchas son las víctimas que se callan por ignorancia o por creer que no vale la pena protestar contra una poderosa empresa pública.
Por lo demás, si el usuario no paga dentro de los quince días siguientes a la fecha de emisión de la factura, la ANDE puede suspender el servicio, “sin perjuicio de ejercer las acciones legales procedentes y de hacer efectivo el depósito de garantía, en su caso”, tal como se lee en el art. 110 de su Carta Orgánica. Ni pensar en que el cliente pueda recurrir también a la Justicia, considerando el alto costo que ello le irrogará en dinero y en tiempo.
En la práctica, el usuario está indefenso ante los desmanes que se cometen en una empresa que, por ser pública, sería de todos los paraguayos, como suelen decir quienes se oponen a la libre competencia. En realidad, pertenece a sus directivos y funcionarios, que se ocupan de sus intereses bastardos y desprecian olímpicamente a los usuarios cautivos. Ahora “será de la gente”, según anunció el Ing. Ferreira, admitiendo implícitamente que nunca lo fue.
A fuer de optimistas, puede considerarse un buen primer paso que el titular de la ANDE reconozca que se estaba sobrefacturando, algo impensable en anteriores administraciones. También expresó que el ente estará realmente a disposición de sus “propietarios”, “la gente”, como él dice. Como primeros pasos para el efecto, podría empezar pidiendo sumario administrativo a los “lectores” que generaron facturas excesivas, reduciendo el plantel de parásitos que tiene a su cargo, y despojando al ejército de funcionarios del indebido privilegio de pagar menos por la energía eléctrica que consumen. Así, sus palabras serán más creíbles.